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domingo, 8 de julio de 2018

Gobierno criminaliza a usuarios de las redes para provocar autocensura


El “crimen” de Pedro Jaimes fue tuitear. En @AeroMeteo, su cuenta en la red social, publicaba sobre su afición: el clima meteorológico y el espacio aéreo. Pero colgar la imagen con la ruta del avión presidencial, el 3 de mayo, cuando volaba los cielos de Aragua, lo llevó a la cárcel el 10 de ese mes, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron sin orden judicial en Los Teques, estado Miranda.

Aunque dos días después fue presentado a tribunales, los abogados Amado Vivas y Ricardo Rosales, de la Asociación Civil Espacio Público, quienes tomaron el caso, no han podido verlo ni comunicarse con él desde entonces.
Igual les ocurre a los familiares, que tienen  más de 57 días sin verlo en donde suponen que se encuentra recluido, en la sede del Sebin en El Helicoide. El último intento de visita fue el domingo primero de julio.
El caso de Jaimes no es el único que involucra la violación del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Tuiteros, blogueros y usuarios de redes en general están en la mira del gobierno.
Emblemático es el caso de la tuitera  Inés González Arraga (@InesitaTerrible) que pasó más de 400 días presa en el Sebin, luego de haber sido detenida el 4 de octubre de 2014 en Maracaibo e imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del diputado Robert Serra.
¿Acusación silenciada? De acuerdo con fuentes judiciales, sobre Jaimes recae una acusación. Pero sus dos defensores desconocen los cargos, pues a más de un mes de la detención, y luego de acudir en siete ocasiones al tribunal en Los Teques, no se permite el acceso al expediente.
Presumen que pudo ser imputado por seguridad contra el Estado, al informar la ruta del avión presidencial, argumento no válido para sus abogados debido a que ese tipo de contenido es de consumo público al encontrarse en la web.
Otro obstáculo es que ni Vivas ni Rosales están juramentados como los abogados porque para eso se requiere la presencia del detenido, y las autoridades no cumplen con el traslado después de dos intentos, el 7 y el 13 de junio. Y aunque el 28 de junio otra vez se procuró acordarlo, trascendió que son pocas las posibilidades de que el Sebin cumpla, indicó Vivas.
Para Jaimes el juego luce cada vez más trancado no solo por la poca información que posee la defensa, sino también por las trabas de las autoridades, pues al detenido se le impuso un abogado público aun cuando la familia mantiene contacto con los defensores de Espacio Público.
Vivas y Rosales sostienen que con esas acciones se viola el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual estipula que el imputado tiene derecho de ser asistido por un defensor desde el inicio de la investigación, y este puede ser asignado por sus familiares. De la misma forma, en el artículo 47 de la Constitución se establece que toda persona detenida tiene derecho de comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados.
A instancias internacionales. Jaimes, de 53 años de edad, aficionado a la aviación, también entra en la definición de lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas califica de “desapariciones forzadas”, que ocurren cuando la persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o es privada de su libertad por oficiales de diferentes niveles del gobierno o grupos organizados que actúen en nombre de este, acto al que le sigue una negativa de revelar el destino o paradero de la persona afectada, que, por consiguiente, es colocada fuera de la protección de la ley.
En declaraciones a Crónica.Uno, el coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Inti Rodríguez, señaló que con esas acciones los organismos pretenden “anular” simbólica y físicamente a la víctima, pues de esa manera se encuentra bajo riesgo y vulnerabilidad, además de que la pone en estado de incertidumbre al no informar sobre su situación. Con esto también se pueden ocultar evidencias de torturas y golpizas.
El 28 de junio la organización Espacio Público envió una carta a Rumely Rojas Mauro, juez suplente de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 3, quien lleva el caso, para denunciar cada una de las arbitrariedades que presenta la detención y para que se le garanticen los derechos.
Igualmente han pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la Organización de Estados americanos, mientras que se ha informado de la situación al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y a la Relatoría Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por su parte, 24 organizaciones de América Latina y el Caribe agrupadas en la IFEX-ALC, alianza que promueve y defiende la libertad de expresión en la región, condenó el 21 de junio la detención arbitraria de Jaimes, ante la supuesta violación sistemática de sus derechos al debido proceso, a la integridad personal y a la vida privada y familiar.
Una ruleta rusa
El de Pedro Jaimes no es el primer caso en lo que va de año de una persona que resulta detenida por hacer una publicación a través de redes sociales o portales digitales. El 23 de mayo Douglas Tagliafico, de 25 años de edad, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Maracay, por repostear, en su cuenta de Instagram, una fotografía publicada previamente por Crónica Policial. Actualmente se encuentra bajo régimen de presentación cada 30 días.
También está el caso de Carlos Eduardo Marrón, propietario del portal DolarPro.com, quien fue detenido por la DGCIM el 11 de abril. El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, acusó a la página de actuar contra la ley por “promover la especulación cambiaria”. Marrón se encuentra detenido en el Internado Judicial Rodeo III, en Guatire, estado Miranda.
Vivas, abogado de Espacio Público, considera que las detenciones por publicar críticas contra el gobierno son al azar: “Es una ruleta. Es una forma de decir que, si te metes con alguien del gobierno, ellos pueden ir por ti”. Además, ante una situación como la que afronta Venezuela, hace que las autoridades mantengan una constante vigilancia sobre la disidencia.
Rosales explicó que actualmente hay una hipersensibilización del Estado ante las críticas, y que este puede dar la orden de perseguir a cualquiera. “Con esto se busca infundir miedo y los primeros afectados son las personas desamparadas”, agregó. Este tipo de acciones lleva a que se viole el derecho a la libertad de expresión, reglamentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cifras de Espacio Público indican que entre 2014 y 2017 hubo 13 personas detenidas por emitir opiniones críticas o difundir información incómoda para el gobierno a través de Twitter. Las acusaciones en su mayoría son instigación pública, incitación al odio y agavillamiento, con retardos en sus procesos judiciales.
Hasta el momento no hay una base legal que impida o mencione qué tipo de información que se encuentre en Internet puede ser publicada en redes sociales u otras plataformas digitales.
El Dato
Entre enero y abril de 2108 la organización no gubernamental Espacio Público registró 86 casos o situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión. La mayor parte de ellos está relacionada con el cese de circulación de medios impresos.
CRÓNICA.UNO
El Nacional abre sus páginas a Crónica.Uno. El periodismo colaborativo cada vez toma más auge y, en el caso de Venezuela, se ha convertido en una herramienta para afrontar la censura y el cierre de medios independientes. Dentro de ese espíritu, El Nacional y el portal digital Crónica.Uno, un emprendimiento de Espacio Público, suscribieron una alianza para que los lectores puedan encontrar en las páginas del diario más historias, denuncias y proyectos que palpitan en las comunidades.

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