El “crimen” de Pedro Jaimes fue tuitear.
En @AeroMeteo, su cuenta en la red social, publicaba sobre su afición:
el clima meteorológico y el espacio aéreo. Pero colgar la imagen con la
ruta del avión presidencial, el 3 de mayo, cuando volaba los cielos de
Aragua, lo llevó a la cárcel el 10 de ese mes, cuando funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron sin orden
judicial en Los Teques, estado Miranda.
Aunque dos días después fue
presentado a tribunales, los abogados Amado Vivas y Ricardo Rosales, de
la Asociación Civil Espacio Público, quienes tomaron el caso, no han
podido verlo ni comunicarse con él desde entonces.
Igual les ocurre a los familiares,
que tienen más de 57 días sin verlo en donde suponen que se encuentra
recluido, en la sede del Sebin en El Helicoide. El último intento de
visita fue el domingo primero de julio.
El caso de Jaimes no es el único que
involucra la violación del derecho a la libertad de expresión en las
redes sociales. Tuiteros, blogueros y usuarios de redes en general están
en la mira del gobierno.
Emblemático es el caso de la tuitera
Inés González Arraga (@InesitaTerrible) que pasó más de 400 días presa
en el Sebin, luego de haber sido detenida el 4 de octubre de 2014 en
Maracaibo e imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a
funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del
diputado Robert Serra.
¿Acusación silenciada? De
acuerdo con fuentes judiciales, sobre Jaimes recae una acusación. Pero
sus dos defensores desconocen los cargos, pues a más de un mes de la
detención, y luego de acudir en siete ocasiones al tribunal en Los
Teques, no se permite el acceso al expediente.
Presumen que pudo ser imputado por
seguridad contra el Estado, al informar la ruta del avión presidencial,
argumento no válido para sus abogados debido a que ese tipo de contenido
es de consumo público al encontrarse en la web.
Otro obstáculo es que ni Vivas ni
Rosales están juramentados como los abogados porque para eso se requiere
la presencia del detenido, y las autoridades no cumplen con el traslado
después de dos intentos, el 7 y el 13 de junio. Y aunque el 28 de junio
otra vez se procuró acordarlo, trascendió que son pocas las
posibilidades de que el Sebin cumpla, indicó Vivas.
Para Jaimes el juego luce cada vez
más trancado no solo por la poca información que posee la defensa, sino
también por las trabas de las autoridades, pues al detenido se le impuso
un abogado público aun cuando la familia mantiene contacto con los
defensores de Espacio Público.
Vivas y Rosales sostienen que con
esas acciones se viola el artículo 127 del Código Orgánico Procesal
Penal, el cual estipula que el imputado tiene derecho de ser asistido
por un defensor desde el inicio de la investigación, y este puede ser
asignado por sus familiares. De la misma forma, en el artículo 47 de la
Constitución se establece que toda persona detenida tiene
derecho de comunicarse de inmediato con sus familiares y abogados.
A instancias internacionales. Jaimes,
de 53 años de edad, aficionado a la aviación, también entra en la
definición de lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas califica de
“desapariciones forzadas”, que ocurren cuando la persona es arrestada,
detenida o secuestrada contra su voluntad o es privada de su libertad
por oficiales de diferentes niveles del gobierno o grupos organizados
que actúen en nombre de este, acto al que le sigue una negativa de
revelar el destino o paradero de la persona afectada, que, por
consiguiente, es colocada fuera de la protección de la ley.
En declaraciones a Crónica.Uno, el
coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la
ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Inti Rodríguez,
señaló que con esas acciones los organismos pretenden “anular” simbólica
y físicamente a la víctima, pues de esa manera se encuentra bajo riesgo
y vulnerabilidad, además de que la pone en estado de incertidumbre al
no informar sobre su situación. Con esto también se pueden ocultar
evidencias de torturas y golpizas.
El 28 de junio la organización
Espacio Público envió una carta a Rumely Rojas Mauro, juez suplente de
Primera Instancia en Funciones de Control Nº 3, quien lleva el caso,
para denunciar cada una de las arbitrariedades que presenta la detención
y para que se le garanticen los derechos.
Igualmente han pedido medidas
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la
Organización de Estados americanos, mientras que se ha informado de la
situación al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, al Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y a la Relatoría Especial
sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Por su parte, 24 organizaciones de
América Latina y el Caribe agrupadas en la IFEX-ALC, alianza que
promueve y defiende la libertad de expresión en la región, condenó el 21
de junio la detención arbitraria de Jaimes, ante la supuesta violación
sistemática de sus derechos al debido proceso, a la integridad personal y
a la vida privada y familiar.
Una ruleta rusa
El de Pedro Jaimes no es el primer
caso en lo que va de año de una persona que resulta detenida por hacer
una publicación a través de redes sociales o portales digitales. El 23
de mayo Douglas Tagliafico, de 25 años de edad, fue detenido por la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Maracay, por
repostear, en su cuenta de Instagram, una fotografía publicada
previamente por Crónica Policial. Actualmente se encuentra bajo régimen de presentación cada 30 días.
También está el caso de Carlos
Eduardo Marrón, propietario del portal DolarPro.com, quien fue detenido
por la DGCIM el 11 de abril. El fiscal general designado por la
constituyente, Tarek William Saab, acusó a la página de actuar contra la
ley por “promover la especulación cambiaria”. Marrón se encuentra
detenido en el Internado Judicial Rodeo III, en Guatire, estado Miranda.
Vivas, abogado de Espacio Público,
considera que las detenciones por publicar críticas contra el gobierno
son al azar: “Es una ruleta. Es una forma de decir que, si te metes con
alguien del gobierno, ellos pueden ir por ti”. Además, ante una
situación como la que afronta Venezuela, hace que las autoridades
mantengan una constante vigilancia sobre la disidencia.
Rosales explicó que actualmente hay
una hipersensibilización del Estado ante las críticas, y que este puede
dar la orden de perseguir a cualquiera. “Con esto se busca infundir
miedo y los primeros afectados son las personas desamparadas”, agregó.
Este tipo de acciones lleva a que se viole el derecho a la libertad de
expresión, reglamentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Cifras de Espacio Público indican que
entre 2014 y 2017 hubo 13 personas detenidas por emitir opiniones
críticas o difundir información incómoda para el gobierno a través de
Twitter. Las acusaciones en su mayoría son instigación pública,
incitación al odio y agavillamiento, con retardos en sus procesos
judiciales.
Hasta el momento no hay una base
legal que impida o mencione qué tipo de información que se encuentre en
Internet puede ser publicada en redes sociales u otras plataformas
digitales.
El Dato
Entre enero y abril de 2108 la
organización no gubernamental Espacio Público registró 86 casos o
situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión.
La mayor parte de ellos está relacionada con el cese de circulación de
medios impresos.
CRÓNICA.UNO
El Nacional abre sus
páginas a Crónica.Uno. El periodismo colaborativo cada vez toma más
auge y, en el caso de Venezuela, se ha convertido en una herramienta
para afrontar la censura y el cierre de medios independientes. Dentro de
ese espíritu, El Nacional y el portal digital
Crónica.Uno, un emprendimiento de Espacio Público, suscribieron una
alianza para que los lectores puedan encontrar en las páginas del diario
más historias, denuncias y proyectos que palpitan en las comunidades.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.