La Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que
la Ley sobre terrorismo, aprobada recientemente por el Parlamento
de Nicaragua, pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica.
"El texto es muy vago y permite una
amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la
definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su
derecho a la protesta", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la
Oficina, Rupert Colville.
La Ley contra el Lavado de Activos,
la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de
entre 15 a 20 años de prisión por el delito de "terrorismo".
Colville puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso "casi totalmente controlado por el gobierno".
El portavoz pidió a las autoridades
que informen sobre el paradero de los defensores de los derechos humanos
Medardo Maireno y Pedro Mena, "quienes podrían ser víctimas de
desapariciones forzadas", denunció.
Ambos fueron detenidos el pasado
viernes en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no
han informado sobre su paradero a pesar de haber peticiones judiciales
expresas al respecto.
"Vemos una tendencia a criminalizar a
defensores de los Derechos Humanos o a gente simplemente por el hecho
de participar en protestas", dijo Colville.
Y explicó que la Policía ha acusado a Maireno de haber asesinado a varios oficiales y lo ha tildado de "terrorista".
El portavoz destacó que mañana se
cumplen tres meses desde que comenzaron las manifestaciones
en Nicaragua, inicialmente contra la reforma de las pensiones y
posteriormente evolucionaron hacia masivas protestas contra el gobierno
de Daniel Ortega.
La violencia ha dejado más de 350
muertos y 1.830 heridos, "y ha sido ejercida mayoritariamente por el
Estado y por elementos armados progubernamentales".
Precisamente, Colville criticó la
actuación de estas milicias progubernamentales que actúan impunemente
"con el apoyo activo o tácito" de las fuerzas de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado tiene
personal sobre el terreno que ha registrado "una amplia gama de
violaciones cometidas, lo que incluye asesinatos extrajudiciales,
tortura y detenciones arbitrarias".
"Ha habido incitación al odio y
campañas de descalificación incluyendo a defensores de los derechos
humanos. Y todo ello en un contexto en el que no se aplica el debido
proceso", subrayó.
Con respecto a los especialistas de
Derechos Humanos de la ONU sobre el terreno, Colville dijo que han
podido trabajar aunque limitados por la inseguridad y la violencia que
reina en el país.
Este grupo de expertos ha pedido en
reiteradas ocasiones al gobierno autorización para visitar las prisiones
del país, especialmente El Chipote, cosa que hasta la fecha no ha
ocurrido, aunque Colville anunció que aparentemente este martes podrán
entrar a la cárcel Modelo.
Finalmente, el portavoz alertó de que
la violencia podría recrudecerse el jueves 19, cuando se conmemora el
día en que el dictador Somoza fue depuesto en 1979 por los sandinistas.
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