Especialistas de la Unidad
Democrática del Sector Educativo junto a profesores de educación media,
diversificada y universitaria, presentaron ayer un informe ante la
Comisión Permanente de Desarrollo y la Subcomisión de Educación de la
AN, en el cual solicitaron declarar la “emergencia educativa
humanitaria” en la que ya se encuentran.Durante un foro realizado en la sede
administrativa del Parlamento, los educadores expusieron la crisis de la
enseñanza en las escuelas, el hambre que afecta tanto a alumnos como a
docentes, la diáspora y la pérdida de la pedagogía.
Ofelia Rivera, representante de
educación media y diversificada, dijo que en el país no hay estadísticas
oficiales sobre la materia educativa, y en algunos datos oficiales que
se ofrecen existen inconsistencias, como por ejemplo, en las cifras
aportadas por el gobierno en torno a la cantidad de alumnos atendidos
por el Programa de Alimentación Escolar.
Aseguró que 40% de los niños de la
educación básica se encuentra en situación de hambre. “El programa de
alimentación en las escuelas no cumple con las 2.000 calorías necesarias
en la nutrición de un alumno. El problema del hambre afecta
directamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, quienes son
los más afectados, y ese es un daño irreparable que se verá a futuro”,
indicó. Las últimas cifras ofrecidas por el gobierno en 2016 señalan que
4 millones de alumnos, de más de 7 millones en ese año, recibieron el
servicio, lo cual dejó sin cobertura a 3 millones de estudiantes. La
cantidad aumentó, según la docente.
Rivera alertó sobre el deterioro de
la seguridad social del educador y la división que está causando la
migración de los padres sin sus hijos o viceversa. Señaló que la
educación en el país va en retroceso y que se necesitarían entre 15 y 20
años al menos para recuperarse. “Las familias se están desmembrando en
Venezuela”, dijo Rivera.
Los otros problemas planteados ante
los diputados de la comisión fueron la deserción, los bajos salarios de
los docentes, las fallas en la infraestructura escolar, los servicios
sociales para los estudiantes, el diseño curricular; la falta de
seguridad social, la inseguridad y la persecución a los profesores.
Fausto Romeo, presidente de la
Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada de Caracas,
coincidió con Rivera y señaló que acudirán a las instancias
internacionales. “Es momento de que la Unesco vea la crisis educativa
que existe en Venezuela”.
Considera que el éxodo del personal
ha afectado al sector educativo privado, e indicó que los docentes que
han emigrado a otros países han logrado ingresar en sus áreas. Dijo que
Colombia ya cubrió el déficit que tenía con los que han emigrado desde
Venezuela. “Hemos logrado comunicación con el nuevo gobierno que asume
este mes de agosto, para que nos facilite toda la información y la cifra
de cuántos son los maestros que se han incorporado al sistema educativo
de ese país. Igualmente, Ecuador y Chile han cubierto el número de
educadores con los venezolanos”.
Los voceros reprocharon la entrega de
“bonos de escolarización” a través de un instrumento como el carnet de
la patria y afirmaron que la medida es discriminatoria y de proselitismo
político.
El gremio afirma que el próximo año
escolar 2018-2019 será complejo y a los estudiantes se les dificultará
ir a estudiar por los altos costos de uniformes y útiles escolares.
En el foro, Keta Stephany, secretaria
de información de la Federación de Asociaciones de Profesores de
Venezuela, manifestó que el salario de los docentes no cubre ni el
equivalente al costo de la canasta básica y en nombre de todos los
miembros de la organización que representa exige al gobierno que cumpla
sus compromisos con el sector universitario.
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