82.912 ciudadanos le dieron a Juan Requesens un curul en la Asamblea Nacional, pero la acusación del presidente Nicolás Maduro sobre su presunta participación en el atentado que le hicieron en la avenida Bolívar el 4 de agosto, lo envió a una celda en la sede del Sebin de El Helicoide, sitio de reclusión que la juez Carol Padilla, del Tribunal Especial 1º de Control con competencia en Terrorismo, decidió para él al admitir la imputación de los siete delitos que solicitó la Fiscalía.
El martes a las 10:30 pm, siete días
después de haber sido detenido por el Sebin durante un allanamiento en
la residencia de su padre en Caracas –sin ninguna orden de un fiscal–
concluyó la audiencia de presentación del diputado.
La juez, que también está a cargo del
Tribunal 20º de Control Ordinario de Caracas y el año pasado solicitó
la detención de la fiscal Luisa Ortega, acordó la privación preventiva
de libertad y la incautación de todos los bienes, muebles e inmuebles
del diputado. Además, lleva el caso de Julio Borges, quien denunció que
Padilla es la mano derecha de Diosdado Cabello.
Requesens fue acusado de ser el
presunto autor y partícipe en los delitos de instigación pública
continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en
grado de frustración en la persona del presidente de la República,
homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete
militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, terrorismo,
asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.
Joel García, abogado defensor del
diputado, aseguró que Requesens se declaró inocente y afirmó que estaba
siendo juzgado por ser político.
El abogado informó que impugnarán la
decisión ante la Corte de Apelaciones, luego de que el tribunal emita la
sentencia con todos los argumentos de acusación y calificó la audiencia
de sesgada.
Explicó que entre las razones para
apelar la decisión del tribunal está la detención arbitraria, la
violación al debido proceso, la presentación a destiempo ante los
tribunales y por que los delitos de los que lo acusan no están acorde
con la conducta que el diputado dijo que asumió.
“No hay ni una sola prueba. Lo que
hay es una condena a priori, sin juicio previo, una decisión del
presidente. El pronunciamiento de la juez fue idéntico al del fiscal, lo
cual demuestra que no hay independencia de poderes. Estamos en
presencia de una justicia alternativa, que no aparece en nuestras normas
ni en la Constitución”, expresó.
Horas antes de conocerse la decisión
de la juez, Maduro pidió al fiscal designado por la ANC, Tarek William
Saab, y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia,
realizar el juicio de forma pública y abierta. Asimismo, solicitó hacer
“de conocimiento de todos los venezolanos” todo el proceso de
investigación. “Juicio público, abierto, transparente, para crear
conciencia nacional”, dijo.
La diputada Delsa Solórzano acusó a
la juez Padilla de tener vinculaciones políticas con el gobierno.
“Tenemos información sobre sus vinculaciones políticas, lo que evidencia
que no hay independencia del Poder Judicial y en los próximos días lo
presentaremos ante el país”, expresó.
Irregularidades. García
indicó que la juez no incorporó en la investigación los videos
divulgados por el gobierno, de los cuales el diputado no recuerda haber
grabado. “Juan se enteró de los videos porque le informé. Él no sabía de
la existencia del video que difundió Jorge Rodríguez”, agregó.
Dijo que Requesens declaró que solo
recuerda el video en el que él aparece en un baño con una ropa interior
sucia que –afirmó– un funcionario lo obligó a ponérsela. “Es falso que
fue por un reconocimiento médico. Todo trata de un show mediático que el
Ejecutivo hace con los venezolanos”.
García indicó que no han tenido
comunicación privada con el diputado y que su familia tampoco ha podido
constatar su estado físico, psicológico y de salud.
Piden permitir visita de misión de investigación
La Unión Interparlamentaria solicitó
al gobierno de Nicolás Maduro que permita la visita de una misión de
investigación de su Comité de Derechos Humanos, para evaluar la
situación en que se encuentran varios diputados, entre ellos Juan
Requesens.
La petición tiene carácter de
urgencia “dada la constante represión a la que son sometidos varios
diputados por el gobierno”. De los 112 parlamentarios, 1 está preso, 4
se encuentran en el exilio y 1 está refugiado en una embajada.
Abogados repudian tratos crueles
La Federación Interamericana de
Abogados, Capítulo Venezuela, rechazó la forma “arbitraria, ilegal y
cruel” con la que fue tratado el diputado Juan Requesens, durante su
detención arbitraria. El diputado Ramón Flores, quien preside el
organismo, expresó que los hechos ocurridos con su colega violan la
Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos. Dijo que las declaraciones bajo torturas son nulas.
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