Los ataques y atropellos en contra de los 112 diputados electos por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015 comenzaron mucho antes de que se instalara la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016. El gobierno se propuso cobrarle a la oposición esa victoria: parlamentarios aseguran que el objetivo de la persecución es aniquilar al Poder Legislativo.
El primer golpe que recibieron los
parlamentarios fue de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia: 24 días después de haber sido electos y juramentados por el
Consejo Nacional Electoral, ordenó la desincorporación de los diputados
del estado Amazonas “por vicios en la elección”.
Desde entonces comenzaron los
constantes disparos judiciales contra el Parlamento dominado por la
mayoría cualificada de la oposición, que podría aprobar leyes orgánicas,
designar a magistrados del TSJ y a rectores del CNE, entre otros.
“Han tratado de llevar a menos a la
Asamblea y ninguna otra institución del Estado ha respondido a favor de
la casa que hace las leyes de Venezuela. Por el contrario, el secuestro
de los poderes ha quedado confirmado y evidenciado con la actitud
complaciente de todos los organismos del poder público nacional ante el
cerco delParlamento”, manifestó Adriana Pichardo, diputada de Voluntad
Popular por el estado Aragua y miembro del Parlamento del Mercosur.
Pichardo afirmó que hay 6 diputados
principales y 5 suplentes con expedientes abiertos, así como también 5
parlamentarios con pasaportes anulados, casualmente los que tienen o
tuvieron funciones legislativas internacionales, entre ellos, Luis
Florido y Dennis Fernández.
En agosto de 2017, los parlamentarios
Adriana D’Elia y Luis Lippa, dirigentes de Primero Justicia y
candidatos a las gobernaciones de Miranda y Apure, respectivamente,
fueron inhabilitados por parte de la Contraloría General de la
República.
Pero la persecución no se ha centrado
únicamente en investigaciones y restricciones para viajar al exterior.
Desde agosto del año pasado, el TSJ abrió el camino para que la asamblea
nacional constituyente levante la inmunidad parlamentaria de cuatro
diputados: tres opositores y Herman Ferrer, esposo de la fiscal Luisa
Ortega Díaz que fue electo por el PSUV y que se encuentra en el exilio
desde el año pasado..
El siguiente en la lista fue Freddy
Guevara (VP). En noviembre del año pasado, el TSJ pidió a la
constituyente quitarle la prerrogativa que le concede la Constitución
por ser diputado. Desde entonces vive en calidad de protegido en
la Embajada de Chile en Caracas.
Julio Borges
(PJ), anterior presidente de la Asamblea Nacional, y Juan Requesens (PJ)
fueron los últimos parlamentarios despojados de sus fueros, luego de
ser señalados por el presidente Nicolás Maduro de estar
vinculados con el atentado del 4 de agosto.
Borges vive en Bogotá desde hace
varios meses. Recurrió al exilio por la persecución en su contra,
que según él se debe a su trabajo político internacional y a que no
cedió a las presiones para firmar el acuerdo con el gobierno en
República Dominicana.
Requesens fue detenido el 7 de
agosto por el Sebin acusado de “delitos en flagrancia” por decisión de
la juez Carol Padilla, a cargo del Tribunal Especial 1º de Control en
competencias de Terrorismo.
Ali Daniels, director de la ONG
Acceso a la Justicia, indicó que el gobierno ha configurado un patrón
para levantarle el fuero a los diputados que consiste en acusarlos de
delitos permanentes –que no se agota en un solo acto– para detenerlos
“en flagrancia” sin ninguna orden judicial, violándoles la inmunidad
parlamentaria.
“Todo este andamiaje es para
justificar que no hace falta el antejuicio de mérito previo a la
detención (que lo debe hacer la AN) porque el delito es flagrancia y así
detenerlos sin orden judicial”, explicó.
El constitucionalista y profesor
universitario Jesús María Casal, que fue asesor jurídico de la Asamblea,
aseguró que el TSJ ha desnaturalizado el concepto de flagrancia con el
único objetivo de procesar y encarcelar a los diputados.
Gilber Caro (VP) también estuvo preso
por más de año y medio presuntamente por estar involucrado en actos de
terrorismo. La Sala Plena del TSJ ordenó que su caso fuera llevado por
la justicia militar, ignorando la inmunidad parlamentaria de la que
gozaba desde su investidura. Maduro aseguró que no gozaba de tal
prerrogativa “por ser diputado suplente”, aunque la Constitución no hace
tal distinción.
Así como él, Rosmit Mantilla, Renzo
Pietro y Gilberto Sojo fueron electos al momento de estar en la cárcel,
pero su investidura de diputados no bastó para otorgarles la libertad.
Los tres pagaron más de dos años de prisión y el primero de ellos se fue
a vivir a Francia por presiones del gobierno, luego de ser liberado en
2016.
Ese mismo destino lo han tenido que
tomar otros parlamentarios que denunciaron amenazas y acoso contra ellos
y sus familiares, como es el caso de Tomás Guanipa, Gaby Arellano y
José Manuel Olivares, quienes se fueron a Colombia luego de
investigaciones en su contra o de sus vínculos cercanos.
“El gobierno viola la voluntad de los
venezolanos al inhabilitar, perseguir, acosar a los diputados
legítimamente electos”, manifestó Negal Morales, secretario de la AN.
Indicó que pese a la persecución y
los bloqueos, la Asamblea se mantiene sesionando con 110 diputados de la
oposición y otros 3 del PSUV que se han incorporado en el último año.
EL DATO
Delsa Solórzano, presidente de la
Comisión de Política Interior de la AN, indicó que 50 diputados tienen
casos abiertos ante la Unión Interparlamentaria Mundial, por denuncias
de golpizas, amenazas y acoso. Acceso a la Justicia registró 79
sentencias del TSJ contra el Parlamento desde 2015, de las cuales 7 son
contra diputados. La ONG señala que los fallos produjeron la anulación
del Poder Legislativo y la usurpación de sus funciones por parte del
Ejecutivo, Judicial y la ANC.
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