En San Cristóbal, como en otras
ciudades del país, la falta de efectivo ha convertido en una transacción
común la venta del papel moneda. Los bolívares se pueden ofrecer hasta
por el doble de su valor y, en casos extremos, hay quienes pagan hasta
300% por ellos; es decir, por cada bolívar en efectivo se reciben hasta
tres bolívares por transferenciaTampoco resulta extraño que bienes y
servicios se paguen en moneda extranjera. En las adyacencias del
terminal de pasajeros de la ciudad, los revendedores ofertan, por
ejemplo, una bolsa de 900 gramos de arroz en 1.200 pesos colombianos,
que al cambio equivalen a 300.000 bolívares.
“Ofrecí pagarlos en bolívares, pero
la bachaquera quería pesos. No tengo pesos, y necesitaba el arroz”, se
quejó Nubia Pérez, que trabaja en la limpieza en un edificio
residencial.
La situación ha trazado una línea
divisoria entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no. Es común
también que las intervenciones quirúrgicas se transen en dólares y que
se modifiquen según las tasas no oficiales. Yajaira Rosas debe someterse
a una operación de la cervical que le presupuestaron en dólares y en
bolívares en una clínica de San Cristóbal. Sus opciones no son muchas:
esperar a reunir la cantidad que necesita en moneda nacional mientras la
afección avanza, una meta casi imposible, o que sus familiares que
viven fuera del país le envíen el dinero. “O no hacerme nada hasta, que
me llegue el pasaporte, y me pueda ir y me opere en otro lado”, dijo.
Situación similar experimenta
Mercedes, una médico que debe costear la operación de los ojos que
necesita su mamá para evitar la pérdida de la visión. Hace un año le
entregaron un presupuesto de 4.500 dólares, que equivalía a 35 millones
de bolívares. Como no tenía el dinero debió diferirla, y ahora la misma
intervención se elevó a más de 17 millardos de bolívares.
Transacciones clandestinas.
Para surtir el carro de combustible en Táchira es necesario hacer colas
a las puertas de las estaciones de servicio, y la espera se puede
prolongar hasta dos días. Al amparo de esas dificultades ha crecido el
“pimpineo”, o venta clandestina de combustible, situación que muchos
temen que se repita en otras ciudades del país si se impone un
racionamiento del producto.
Una pimpina de 20 litros de gasolina
vale entre 10 millones y 12 millones de bolívares, pese a que el
combustible costaría entre 20 y 120 bolívares en la estación de
servicio. Si el pago es en efectivo o por transferencia electrónica, hay
variaciones. El carburante también se transa entre 7.000 y 20.000 pesos
colombianos, según la disponibilidad de los compradores, que incluso se
ponen de acuerdo con los vendedores por redes sociales.
El mercado inmobiliario, que ha crecido a causa de la diáspora, también se cotiza en dólares y pesos, como los alquileres.
En otras partes del país ese y otros
servicios también se ofrecen en dólares. En Caracas, Elio González hace
traslados al aeropuerto de Maiquetía que cobra a cinco dólares. “Puede
parecer costoso al cambio, pero en realidad en ninguna ciudad del mundo
pagarías ese precio por un viaje de este tipo”, señala.
La economista Marisela Cuevas afirma
que muchos de los padecimientos que afrontan los venezolanos tienen que
ver con el control de cambio, “que ha sido una camisa de fuerza que
durante 15 años ha impedido que operen la oferta y la demanda del
mercado y ha causado una distorsión tan grave como la hiperinflación”.
La asamblea nacional constituyente
anunció esta semana la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios,
aunque analistas advirtieron que, además de ser una medida ilegal,
porque correspondería a la Asamblea Nacional, lo más probable es que
perpetúe el mercado paralelo.
Cuevas señala que la fijación
artificial de un precio en divisas, como ocurre con el Dicom, “es un
mecanismo totalmente ineficiente”. Los venezolanos que reciben remesas,
advierte, seguirán buscando la manera de venderlas al precio más
conveniente. “Opera un mecanismo neuroeconómico: necesitas vender al
precio más alto porque tienes que comprar cosas que cada díaestán más
caras; jamás venderás a un precio que no te permita cubrir tus
necesidades”.
El gigante dormido del descontento
La reconversión monetaria anunciada
por el gobierno, que se pondrá en marcha a partir del 20 de agosto, solo
mantendrá los problemas o los agravará, alerta el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, Ronald Balza, “si
no viene acompañada de una política fiscal que sea transparente, así
como de un presupuesto creíble”. La opinión es compartida por Oscar
Meza, del Cendas, para quien el gobierno “ha puesto en marcha un modelo
de ingeniería social, para intentar cambiar la sociedad, con los
funestos resultados económicos que se conocen”.
Marisela Cuevas, profesora de la
UCLA, considera que los anuncios sobre la flexibilización del control
cambiario, que podrían abrir una brecha de optimismo, se contradicen con
otras políticas que se vislumbran, como la del control de la gasolina.
“El gobierno dice que quiere atraer inversiones, pero en realidad el tan
cacareado estado comunal las ahuyenta”.
Tanto Meza como Cuevas advierten
sobre las condiciones para una convulsión social que ha incubado la
crisis. “La población está ensimismada en un círculo de subsistencia,
pero no se sabe cuánto va a durar esa somnolencia y puede venir un
despertar muy agresivo”.
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