La Asamblea Nacional rechazó las
violaciones de los derechos humanos, y libertad de expresión de los
presos y perseguidos políticos por parte del gobierno y, de acuerdo con
los parlamentarios, se ha evidenciado un incremento de la persecución
política contra legisladores y trabajadores de medios de comunicación.
Juan Miguel Matheus, diputado y
secretario nacional de doctrina de Primero Justicia, denunció que existe
una “persecución potencial” en contra de miembros del Parlamento y
ciudadanos que se oponen al gobierno. “En Venezuela no solo hay presos
políticos, sino que Venezuela es un país preso. Es una celda que oprime a
un pueblo y el carcelero es Nicolás Maduro”, expresó.
En la sesión de la Comisión Delegada,
el parlamentario reiteró que el hostigamiento contra diputados y demás
civiles es una agresión a los derechos humanos. “Nicolás Maduro está
incurriendo en un hecho que en el Estatuto de Roma se denomina ataque
sistemático de violación de derechos humanos a amplios sectores de la
población que lo adversan. No solo políticos, pero que lo adversan”,
señaló.
Matheus exhortó al Poder Legislativo a
solidarizarse con Julio Borges, ex presidente de la AN, que se
encuentra en el exilio. “El régimen de Maduro tiene un proyecto que
significa haberlo despojado de su inmunidad parlamentaria, despojarlo
del privilegio del antejuicio de mérito, haberlo juzgado en ausencia y
sin derecho a la defensa, y sentenciarlo. Pero, además, pretende activar
los mecanismos de extradición para traerlo de regreso a Venezuela y
colocarlo también en una mazmorra. Ese es el proyecto del gobierno hoy
contra Julio Borges, y contra cualquier diputado o venezolano que luche
desde el extranjero por la causa de la libertad en Venezuela”, expresó.
No hay pruebas. La
vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano,
recordó las violaciones de los derechos humanos del diputado Juan
Requesens. “No solo se trata de que Juan Requesens tiene 29 días
secuestrado en las mazmorras del Sebin. Hemos visto detenciones
arbitrarias contra trabajadores de la prensa y quiero referirme
específicamente al caso del reportero gráfico Jesús Medina, quien fue
detenido luego de realizar unos trabajos de investigación en compañía de
algunos periodistas extranjeros”.
Solórzano desmontó los delitos que se
le imputan al reportero gráfico de Dólar Today. En cuanto a las
acusaciones por legitimación de capitales alegó que, al ser un
periodista que trabaja de manera independiente, Medina recibía su pago
en divisas. “Aquí se anuló la Ley de ilícitos cambiarios, pero
en un país sin Estado de Derecho, donde se supone que Maduro ha dicho
que esa ley no está vigente y el salario presuntamente es medio dólar,
un reportero gráfico no puede recibir pago en dólares porque dicen que
es legitimación de capitales”.
En cuanto al delito de asociación
para delinquir, explicó que el periodista realizaba un trabajo de
investigación junto con reporteros extranjeros. “Estaba asociado con
otros reporteros para tomar fotos de la realidad que vive Venezuela. Es
evidente que no hay ningún delito aquí”.
Destacó que la primera prueba
incriminatoria que se presentó en tribunales fue el teléfono celular de
Medina. “Un celular que está en manos del Sebin, cuya data aún no ha
sido vaciada en el expediente y en el que no había nada más que fotos de
lo que vive el venezolano de a pie. En consecuencia, no puede ser
prueba de nada”, aseguró.
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