El monstruo que desafían se llama impunidad. José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera intentan desde hace un año y cinco meses destrabar el proceso judicial del crimen de su hijo, Juan Pablo. De ahí que visitan tribunales, oficinas de funcionarios, hablan con abogados, denuncian en la prensa y hasta viajan al exterior, publica El País.
Por MAOLIS CASTRO
Juan Pablo tenía 20 años, era aficionado al baloncesto y estudiaba Administración en la Universidad Metropolitana de Caracas. Murió el 26 de abril de 2017. Estaba en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Altamira, este de Caracas, que días antes había consolidado su autoritarismo al apoyar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que lo facultaron para legislar, eliminaron la inmunidad de diputados y suprimieron las funciones de la opositora Asamblea Nacional. Su agonía fue grabada.
El crimen divorció al Ejecutivo de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, una antigua aliada del presidente fallecido Hugo Chávez. Ernesto Villegas, entonces ministro de Comunicación e Información, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, decían que fue asesinado con una pistola de perno cautivo. Su versión fue respaldada por el canal gubernamental Venezolana de Televisión y otros oficialistas, entre ellos Diosdado Cabello, que descartaron como culpable a los militares. El 24 de mayo, Ortega desmintió al Gobierno. Reunió a varios periodistas para mostrar un cilindro metálico –con forma de bomba lacrimógena– y decir que un objeto como ese produjo la muerte de Juan Pablo. Según las investigaciones de los fiscales, el artefacto fue disparado a poca distancia contra el pecho del joven. “Sabemos del grupo que salió este objeto. Esperamos determinar en los próximos días la persona que disparó esto”, detalló. Solo la Guardia Nacional Bolivariana reprimía las protestas con disparos de bombas lacrimógenas.
“Fue una ejecución extrajudicial, no un homicidio calificado como quieren que se piense”, sostiene Waldemar Núñez, abogado del caso. Los defensores de Juan Pablo denunciaron en tribunales venezolanos a Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el exjefe de la Guardia Nacional Antonio Benavides, entre otros funcionarios, por su muerte y también por perjuicios “morales” por divulgar información falsa sobre el delito. Pero no existen detenidos, aunque el caso es manejado por Naciones Unidas. Hace unos días enviaron otra carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos.
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Cuando Ortega salió del país, tras ser destituida y amenazada, se detuvieron las investigaciones, agregan los padres del joven muerto. “Señora Elvira y señor José Pernalete, no descansaré hasta que a Maduro, Padrino, Benavides y demás responsables del asesinato de su hijo, les caiga todo el peso de la justicia nacional e internacional. Pronto en Venezuela se acabará la impunidad y aplicaremos la ley”, escribió la fiscal destituida hace tres meses en Twitter.
El expediente del crimen reposó durante meses en un secreto cajón de la Fiscalía de Caracas. No había modo de que su abogado y sus padres pudieran hojear las actualizaciones del caso hasta hace un mes. La fiscal del caso fue ascendida a un cargo en Fiscalía, quedando una suplente encargada del proceso judicial. José Gregorio asegura que la Fiscalía ha pedido datos a la Guardia sobre el grupo que estuvo en Altamira el día que mataron a su hijo, pero el alto mando militar se niega a colaborar. “Son pocas las actuaciones del Ministerio Público”.
Él promete exige que se haga justicia en las muertes de más de un centenar de manifestantes. Los defensores de derechos sospechan que muchos fueron asesinados por policías y militares, entre ellos Fabián Urbina y Neomar Lander.
Culpas individualizadas
El asesinato de David Vallenilla, un estudiante de enfermería, fue transmitido por el canal digital VivoPlay. Le disparó un sargento de la Aviación cuando protestaba en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, al este de Caracas, en junio de 2017.
Su padre envió un mensaje a Maduro después de la muerte: “Yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás, por favor. No era malandro, era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, soy David Vallenilla, fui tu jefe”. Fue su supervisor en el Metro de Caracas y tras décadas sin verlo le rogaba justicia para su hijo.
Su petición es la misma después de un año. “La investigación comenzó a retardarse cuando cambiaron al fiscal”, explica.
Por el crimen fue detenido el sargento Arli Cleiwi Mendéz Terán. Los defensores de derechos humanos reclamaron la individualización de las responsabilidades en el asesinato. “El Gobierno tiende a individualizar el crimen de mi hijo, pero el mundo presenció que estaban dos guardias a su lado. Hubo un ataque, una emboscada a los muchachos”.
Cuatro canicas extrajeron los médicos forenses del cuerpo de Vallenilla. “Esa escopeta solo debía disparar perdigones de plástico. Hablamos de responsabilidad del Estado venezolano o de una ejecución extrajudicial”, agrega.
Solo se han hecho cinco audiencias preliminares, pero no alcanzan al juicio. “Dudo que el asesino de mi hijo esté preso, nunca lo hemos visto en tribunales”, dice David.
Desde agosto EL PAÍS solicitó información a la Fiscalía por estos casos y otros relacionados con las protestas antigubernamentales de 2017, pero todavía no obtiene respuestas.
La alta impunidad en Venezuela
Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas, dice que un 98% de las denuncias de violaciones de derechos humanos no alcanzan la etapa del juicio. “La impunidad está institucionalizada e Venezuela”, acota.
No solo se trata de las 124 muertes reconocidas por el Ministerio Público en las protestas antigubernamentales de 2017. En febrero, Luisa Ortega Díaz, exfiscal general, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro había practicado más de 8.700 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. “Yo aspiro a que la Corte (Penal Internacional) inicie la investigación (…) que incluya los hechos que estoy denunciando en mi escrito: la ejecución, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las persecuciones contra la disidencia política. La ejecución de 505 personas en el marco de la OLP (Operación de Liberación del Pueblo)”, añadió en una entrevista a Blu Radio.
Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente para Naciones Unidas, recomendó al fiscal general Tarek William Saab inculpar a todos los responsables, militares y civiles en Caracas. “La impunidad no es tolerable”, dice al ser consultado por El País sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Su reciente informe y declaraciones sobre el país sudamericano son controversiales por respaldar la tesis de la “guerra económica”. De Zayas destacó que Venezuela se somete a revisiones en distintos órganos de Naciones Unidas. “Sin embargo, en la Oficina del Alto Comisionado bajo Zeid Raad el Hussein ha ocurrido un cambio de estrategia, menospreciando el asesoramiento, la asistencia técnica a los estados y la diplomacia discreta”, agrega.
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