La principal cúpula empresarial de
Nicaragua mostró su apoyo al paro nacional contra el presidente Daniel
Ortega hoy e instó al sector privado a sumarse a la protesta
Managua.- La Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a todos los sectores
socioeconómicos de Nicaragua a que se sumen hoy al tercer paro nacional
desde junio, para presionar al presidente Daniel Ortega de liberar a los
"reos políticos", entre ellos tres miembros del movimiento que aboga
por la justicia y democracia.
"Convocamos a un paro
nacional a partir de las 00.00 horas del día viernes 7 de septiembre,
hasta las 11.59 pm del mismo día . Un paro por la liberación de los
presos políticos", indicó la Alianza, en un comunicado, destacó Efe.
Datos de organizaciones humanitarias indican que, desde el estallido social en abril, en
Nicaragua existen al menos 35 "reos políticos", cifra que elevan hasta
400 e incluso 500, cuando incluyen a las personas desaparecidas.
En
una entrevista esta semana, el presidente Daniel Ortega negó que en el
país haya presos políticos, y afirmó que los encarcelados son personas
que cometieron diversos delitos.
Entre los
"reos políticos" más conocidos están el campesino Medardo Mairena y los
estudiantes Edwin Carcache, ambos miembros de la Alianza, así como los
afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena,
la comerciante Irlanda Jerez y la estudiante Elsa Valle.
La
protesta de hoy ha sido denominada "Paro por la paz de Nicaragua",
debido a que el país "necesita una salida pacífica urgente a través del
diálogo nacional", destacó la Alianza.
"Llamamos
a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes
empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a
sumarse a este esfuerzo", agregó el movimiento.
El
llamado incluyó a "todos los ciudadanos, madres, campesinos,
estudiantes, trabajadores por cuenta propia, profesionales y obreros", e
instó "a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de
sumarse a este cese de labores".
Los
nicaragüenses realizaron el primer paro nacional el 14 de junio, para
obligar a Ortega a permitir la presencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), y el segundo el 13 de julio, para mostrar su rechazo a la celebración anual sandinista conocida como "El repliegue".
La
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300
muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas,
obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros,
violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega
negó que haya sofocado las protestas con represión, no se siente
responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y
culpó a EEUU y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos
violentos.
Las manifestaciones contra Ortega y
su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril
pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se
convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11
años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
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