El desalojo de Luisa Ortega Díaz del
despacho del Fiscal General de la República parecería haber sido el
final del inédito conflicto entre el Ministerio Público y el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) registrado el año pasado. Sin embargo, la
decisión de Tarek Williams Saab de reemplazar a Katherine Haringhton, la
vicefiscal que el máximo juzgado nombró en 2017, podría marcar el
reinicio de las hostilidades entre ambos organismos del sistema de
justicia.
Por Juan Francisco Alonso / Crónica Uno
La decisión de Saab figura en la
resolución número 3099 que emitió el 18 de octubre pasado y que apareció
en la Gaceta Oficial 41506. En el texto se anuncia que la nueva segunda
de a bordo de la instancia garante de la legalidad será la abogada
Beysce Pilar Loreto, hasta ahora directora de Actuación Procesal.
La resolución de Saab no sentó bien en
la Sala Constitucional. ¿La razón? Consideran que él no tiene la
potestad de realizar esa designación y recordaron el contenido de la
sentencia número 470 que dictaron el año pasado y donde abrieron la
puerta para nombrar a Haringhton.
En el dictamen se calificó de “contraria
a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público” el
nombramiento del abogado Rafael Arias González como vicefiscal que
realizó Ortega Díaz, por cuanto la ahora fiscal general en el exilio
necesitaba de la “autorización de la mayoría absoluta de los integrantes
de la Asamblea Nacional” y como ese “órgano (…) para el momento en que
se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene en una
situación fáctica consistente en el desacato (…) frente a las decisiones
de este Máximo Tribunal”, estaba imposibilitado para hacerlo; y por
ello, era “imperativo” que acudiera ante ella visto “la situación de
anormalidad institucional”, a solicitar “una interpretación conforme lo
dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio
de sus competencias dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
Lea el artículo completo en: Crónica Uno
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