Un portavoz del Departamento de Estado,
Robert Palladino, hizo esas declaraciones durante una rueda de prensa al
ser preguntado sobre si Washington desea que el presidente electo de
Brasil, Jair Bolsonaro, tenga un papel más activo en las relaciones con
el país caribeño.
Sin mencionar al nuevo mandatario
brasileño, Palladino dijo: “Hay muchos países que son activos con
nosotros, y es una clara mayoría y siempre hay más cosas que podemos
hacer. Necesitamos aplicar una presión sostenida sobre el régimen de
Maduro”.
El portavoz explicó que esas acciones
“son necesarias para un retorno a la democracia” y aliviar el
“sufrimiento” del pueblo venezolano, que “necesita desesperadamente el
acceso a ayuda humanitaria”, una propuesta que Caracas interpreta como
un intento de agresión por parte de Washington.
Palladino reiteró su petición para que
el Gobierno de Maduro restaure la Constitución de 1999 y “respete los
derechos humanos y la autoridad” de la Asamblea Nacional (AN,
Parlamento), controlada por la oposición desde 2016 y que el chavismo ha
tratado de sustituir con la oficialista Asamblea Nacional Constituyente
(ANC).
La ANC fue creada en 2017 solo con
miembros del chavismo y su legitimidad no ha sido reconocida por EE.UU.,
la Unión Europea (UE) y una docena de países latinoamericanos.
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“Apelamos al régimen de Maduro a que
libere a todos los presos políticos y permita la entrada de asistencia
humanitaria para las necesidades urgentes del sufrido pueblo de
Venezuela”, añadió Palladino.
El Bolsonaro ha mostrado su oposición al
Ejecutivo de Venezuela y ha criticado a los exmandatarios brasileños
Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes por ser “favorables”
al Gobierno de Maduro, no tomaron ninguna medida para “cambiar el
régimen venezolano”.
El número de migrantes y refugiados
venezolanos que llega a Brasil ha pasado de 3.425 en 2015 a 75.000 en
2018, según un informe publicado en septiembre por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
Brasil juega un papel importante en el
Grupo de Lima, que agrupa a una docena de Estados latinoamericanos que
consideran rota la democracia en Venezuela y que EE.UU apoya desde
fuera.
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