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sábado, 13 de octubre de 2018

En 2017 se registraron 10.952 nuevos casos de tuberculosis






Una enfermera empuja una camilla con un paciente en un corredor del Hospital Universitario de Caracas   / AFP PHOTO / Juan BARRETO


Este jueves se hizo público el primer reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho a la Salud, elaborado por organizaciones no gubernamentales que defienden los Derechos Humanos. En el mismo hay datos reveladores, entre ellos que los casos de difteria sarampión suman 9.362 en 2018, con 230 muertes. Estas epidemias ya se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación, publica Crónica Uno.

Por Mabel Sarmiento @mabelsarmiento
Diez mil 952 nuevos casos de tuberculosis ocurrieron en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa, según la organización Una Ventana a la Libertad.


Los casos de tuberculosis aumentaron 67% entre 2011 y 2017, pasando de 6.552 a 10.952, según Organización Mundial de la Salud, OMS.
Datos fuertes que se desprenden del primer reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho a la Salud, elaborado por organizaciones no gubernamentales que defienden los Derechos Humanos, hecho público este jueves 11 de octubre, y que aquí reproducimos ante la opacidad del Estado de dar información oportuna en materia sanitaria.
Los datos publicados por el Ministerio de Salud arrastran un subregistro de la tuberculosis mayor a 100%, de acuerdo con la cita que hacen de Jorge Díaz Polanco, del Observatorio Venezolano de la Salud.


El repunte de esta enfermedad es reflejo del empeoramiento de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la población, siendo más vulnerables las personas con VIH, los reclusos y los pueblos indígenas.
De acuerdo con los mismos datos que recogen de la OMS, 60% de los casos en 2017 correspondía a personas con VIH. Sin embargo, entre 2011 y 2015, se intensificaron en la población carcelaria, aumentando 833%.
Entre 2017 y el primer semestre de 2018, Una Ventana a la Libertad registró un incremento de 18 a 54 personas reclusas fallecidas por tuberculosis, falta de atención médica y desnutrición en centros de detención preventiva bajo custodia y responsabilidad del Estado, los cuales presentan condiciones inhumanas con un hacinamiento de 300% y falta de alimentación, salud e higiene personal.


No solo tuberculosis se refleja en el reporte. Los contagios por difteria y sarampión también ocupan un sitial de honor: 9.362 registros hasta 2018, con 230 muertes.
“Estas epidemias se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación. En 2016 inició un brote de difteria en los estados Bolívar y Monagas, luego de dos décadas sin casos notificados. El personal de salud y las sociedades científicas denunciaron la reaparición de la enfermedad y 17 defunciones infantiles en abril de 2016, que desestimaron las autoridades nacionales y regionales. De septiembre de 2016 a agosto de 2018, la difteria se transformó en epidemia, subiendo de 320 a 1.217 casos confirmados, de los 1.992 sospechosos, y se extendió a 20 estados del país con 168 personas fallecidas, en su mayoría niños y niñas”, cita el informe.
El primer caso de Sarampión se confirmó en 2017. Desde ese año hasta septiembre de 2018, los casos aumentaron de 727 a 5.332 confirmados, sobre 7.370 sospechosos en total, en todos los estados del país con 64 defunciones y una mayor incidencia en los estados Delta Amacuro, Distrito Capital y Amazonas. Las bajas coberturas de vacunación son su principal causa.
En la Encovi 2017, 54% de los niños no había recibido la primera dosis contra Sarampión y a 30% le faltaba las vacunas contra la difteria.
Dicen los investigadores que ahora el riesgo de fallecer en un hospital público es bastante alto, causando extrema vulnerabilidad a las personas por la precariedad de las condiciones de atención. La mayor parte de los establecimientos de salud públicos presentan serio deterioro de sus plantas físicas, no cuentan con suficiente personal y materiales de limpieza, una adecuada disposición de residuos ni suministro regular de agua.
Estas condiciones inadecuadas de saneamiento favorecen infecciones intrahospitalarias y 50% de los hospitales con servicios complejos no cuentan con laboratorios de bacteriología.
Entre 2017 y 2018 fallecieron 12 niños y adolescentes que se dializaban en el hospital infantil J.M. de los Ríos por infección bacteriana en los tanques de agua y filtros de las unidades.
En un año se duplicó el número de muertes infantiles en este hospital, pasando de 79 a 160; las tres primeras causas fueron el shock séptico, la neumonía y la desnutrición.
Entre 2016 y 2018, también fallecieron 147 niños y niñas por bacteria serratia marcescens en el hospital pediátrico Dr. Agustín Zubillaga del estado Lara. De igual modo, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, se denunció la muerte de 112 recién nacidos en la maternidad Santa Ana de Caracas por bacteria klebsiella pneumoniae.
Organizaciones alertas
Este reporte responde a una metodología interdisciplinaria que reunió a múltiples actores informados para compartir, contrastar y fundamentar datos sobre la situación del derecho a la salud en Venezuela, haciendo hincapié en la escala, intensidad y severidad de los daños a la salud y la vida de la población, como consecuencia de los impactos de esta situación sobre las capacidades sanitarias del país. Participaron organizaciones de personas afectadas, profesionales en terrenos, investigadores y académicos, así como organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud, quienes realizaron varias sesiones de trabajo a fin de documentar los problemas y eventos más relevantes durante los últimos años, entre ellas están Codevida, Acción Solidaria, AVH-Asociación Venezolana para la Hemofilia, Convite AC, Prepara Familia, Senos Ayuda, Provea, Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Defiende Venezuela, Cepaz, Observatorio Venezolano de la Salud. Civilis Derechos Humanos brindó apoyo en la construcción y desarrollo de la metodología de los grupos de trabajo en el marco de su mandato para fortalecer a la sociedad civil en el campo de los derechos humanos.

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