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lunes, 1 de octubre de 2018

En cambote vuelven a tocar la puerta de la CPI


Foto: Archivo
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Andrés Tovar Zabaleta | atovar@bloquedearmas.com
El pasado miércoles 26 de septiembre, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Una solicitud a la que se sumaron los gobiernos de Canadá y Francia el fin de semana, respaldando los “pertinentes” esfuerzos para esclarecer los hechos que han desencadenado la crisis política en el país.



La novedad de este nuevo emplazamiento al organismo judicial internacional a investigar el caso venezolano reviste en que, por primera vez en la historia del organismo, un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la CPI, pidieran abrir un procedimiento contra otro Estado miembro. No es la primera vez que se toca la puerta de la CPI con relación a Venezuela, pero los casos anteriores obedecieron a denuncias de particulares u organizaciones de derechos humanos.
Esas previas denuncias lograron que la Fiscalía de la CPI abriera de oficio en febrero de este año una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se habían cometido crímenes que fueran de competencia de ese tribunal.
El largo camino Los primeros abonos en la búsqueda de una acción de la CPI contra representantes del Gobierno venezolano comenzaron en noviembre de 2015 cuando el político opositor Carlos Vecchio presentó denuncias de presuntos abusos ante el Tribunal de La Haya y nombró a ocho funcionarios, incluido el presidente Nicolás Maduro, en nombre de un grupo de presuntas víctimas.
Pero el impulso realmente comenzó a construirse el año pasado, cuando la OEA y la ONU produjeron informes que alegaban crímenes y falta de acción de las autoridades venezolanas en contra de sus perpetradores. La ONU citó 505 asesinatos extrajudiciales, uso de fuerza excesiva contra manifestantes y detenciones arbitrarias.
En junio de 2017, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que había pruebas que indicaban que los abusos sistemáticos contra los derechos humanos cometidos en Venezuela equivalían a “crímenes de lesa humanidad”, según lo definido por la CPI. Almagro designó un Panel de Expertos Internacionales en septiembre para analizar si los abusos cometidos por el gobierno de Maduro cumplían con el estándar de prueba requerido para informar a Venezuela ante la CPI. Dicho panel realizó varias rondas de audiencias entre septiembre y noviembre de 2017 con testimonios de políticos, militares, fiscales y jueces, médicos, padres de estudiantes y ONG, todos los cuales afirmó haber sufrido persecución o coerción a manos del gobierno.
Por su parte, también en noviembre, Human Rights Watch envió a la CPI un informe que denunció las acciones del gobierno venezolano durante las protestas opositoras en abril y julio de 2017. El documento recopiló 88 casos que involucraron al menos a 314 personas en 13 estados que fueron víctimas de presuntas violaciones graves de los derechos humanos durante la represión. En ese mismo noviembre, la exfiscal Luisa Ortega Díaz visitó La Haya para presentar documentos ante la CPI alegando la responsabilidad del estado por 8.290 muertes entre 2015 y 2017.
Pero incluso antes de que la OEA emitiera su informe, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero que estaba comenzando un “examen preliminar” de los “crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017. En esa oportunidad, Bensouda dijo que parte de su trabajo sería examinar si las autoridades venezolanas han tomado medidas para investigar los presuntos crímenes, y señaló que la Corte Penal Internacional es un tribunal “complementario” que solo puede abrir procedimientos legales en los casos en que las instituciones nacionales no actúen.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en ese momento que Bensouda parecía ser “parcial” y que las autoridades venezolanas estaban investigando activamente y procesando los presuntos crímenes, haciendo que cualquier investigación de la CPI fuera innecesaria. “Estamos dispuestos a demostrar y mostrar, siempre que se nos pida”, que el tribunal no tenía jurisdicción en el conflicto del país.
La CPI no discute sus procedimientos, por lo que no está claro qué tan cooperativos han sido los funcionarios venezolanos con el examen de Bensouda del caso.
¿Qué pasará ahora? No obstante, la metodología del proceso de la CPI para ordenar una investigación -y más aún un juicio, en caso que lo amerite- tienen pasos que pueden hacer que el proceso dure años, como ha ocurrido con un proceso sobre el conflicto interno de Colombia que se encuentra en esa etapa desde 2004. En consecuencia, las posibilidades de que algún representante del Gobierno venezolano sea juzgado o vaya a la cárcel son altamente especulativas en esta etapa del proceso.
Consultado sobre el tema en un reporte informativo del propio organismo, el portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah, precisó que el tribunal no comenta los casos mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una decisión. “Algunos casos demoran unos meses, otros tardan 10 años o más”, dijo.
No obstante, la decisión de los gobiernos de llevar a Venezuela a la corte podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el Abdallah, vocero de la CPI. Primero, un caso debe pasar por un examen por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace una recomendación a los jueces. “Si un caso es referido por un Estado miembro, el fiscal no necesita ir a los jueces”, dijo.
Cabe destacar que, a diferencia de los casos que se procesan en instancias como, por ejemplo, la CIDH, en los juicios que se procesan ante la CPI la responsabilidad no es del Estado sino individual.
En su discurso ante la ONU luego de la presentación de la denuncia, el presidente Nicolás Maduro dijo que existe una “conspiración en contra de su gobierno”.

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