En Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se han registrado más de 1.600 casos de
sarampión en 2018. En Brasil, además, ocurrieron 2.576 episodios de
malaria en 2017. Todos ellos tuvieron en común que, como se ha
establecido, habían sido importados de Venezuela o, en cuanto al
sarampión, vinculados genéticamente con el virus que circula en el
país.
La emigración venezolana ha llevado
más allá de las fronteras las consecuencias del resquebrajamiento del
sistema asistencial venezolano, al hacer evidente la actividad de
enfermedades transmisibles que se daban por controladas en la región. La
emergencia, si alguien se atiene a lo que señala un documento de la
Organización Panamericana de la Salud, discutido hace poco en el consejo
directivo de ese organismo, parece haber aparecido repentinamente: “Se
han registrado brotes de difteria, sarampión y malaria que se han
propagado con rapidez, afectando a muchos de los 23 estados del país y
el Distrito Capital al mismo tiempo”, indica el texto que describe la
crisis, bautizado con el rebuscado título de “Respuesta de la OPS para
mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los
Estados miembros vecinos”.
La médica Marianella Herrera,
presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala en cambio que
la emergencia humanitaria venezolana ha sido de instalación lenta y
progresiva, pese a que la OPS, así como otros organismos
internacionales, parecen sorprenderse ahora por la magnitud del
deterioro sanitario, que se expresa en cifras como los 1.217 casos y 168
muertes causadas por la difteria en los últimos 3 años; los 4.272
episodios de sarampión contabilizados desde 2017 o los 406.289 casos de
malaria registrados solo el año pasado.
Los datos se conocen porque los
difunde la propia OPS, pues no hay una fuente oficial venezolana que los
dé a conocer. “Tal pareciera que los silencios epidemiológicos
impuestos por las autoridades venezolanas cumplen el papel de ocultar la
información para que no se sepa la verdad que permita tomar las medidas
necesarias cuando hay un problema público de salud”, apunta Herrera.
El último boletín epidemiológico
difundido oficialmente por el Ministerio de Salud corresponde a la
semana final de 2016, y su publicación, en febrero de 2017, le costó el
cargo poco después a la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale.
El documento había visto la luz luego de más de 15 meses de silencio
sobre las epidemias del país y tenía datos que ya movían al escándalo:
la mortalidad infantil había aumentado 30% con respecto a 2015, pues
habían fallecido 11.466 niños menores de un año. Otro dato dramático en
el boletín era que la mortalidad materna se había incrementado 66%, pues
en el mismo período fallecieron 756 embarazadas. Ese fue el último
informe de su tipo del que se tiene noticia, lo cual significa que van
19 meses de silencio, en medio de la agudización de la crisis
humanitaria incubada por la escasez de alimentos y medicinas.
Amenazas reiteradas. La publicación
del boletín epidemiológico había sido una tarea cumplida fielmente por
el Ministerio de Salud desde 1938, por iniciativa del
recordado sanitarista Darío Curiel Sánchez. Fue una idea pionera,
reconocida internacionalmente, que enorgullecía a los médicos
venezolanos, pero a mediados de 2007, mientras estaba al frente del
ministerio Jesús Mantilla, comenzó a interrumpirse la difusión de ese
instrumento, recuerda José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad y
Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología
Nacional, una de las organizaciones que ha asumido la tarea de
constituir un frente paralelo para tratar de llenar el vacío de
información.
“Es una política de Estado que
corresponde a una visión autoritaria: pretenden tener el monopolio de la
información, hasta de los datos epidemiológicos, pues quien maneja la
información tiene el poder. No quieren someterse a ninguna contraloría
social ni institucional, ni quieren ser cuestionados por el manejo de
los recursos o por las fallas en los planes de prevención de
enfermedades. Quieren ocultar su fracaso detrás de la hegemonía
comunicacional”, señala Oletta.
El boletín epidemiológico, que se
daba a conocer semanalmente, contenía información acerca de 72
enfermedades de notificación obligatoria en el país. El detallado
seguimiento realizado por Oletta desde que comenzaron las interrupciones
de ese documento desde hace 11 años, permite advertir que al menos 18
eventos epidémicos fueron ocultados o se informó tardíamente de ellos
debido a la desaparición del documento. Uno de esos episodios fue la
epidemia de fiebre chikungunya en 2014. Pese a que la enfermedad se
detectó en el país en junio de ese año, pasaron 4 meses antes de que el
Ministerio de Salud diera la orden de que se notificara
obligatoriamente. Algo similar ocurrió con la difteria, enfermedad que
reapareció en el país luego de 24 años sin que se presentaran casos, en
abril de 2016, pero hubo reconocimiento oficial varios meses después,
cuando se reanudó la publicación del boletín epidemiológico, a
principios de 2017. Solo entonces la opinión pública pudo saber con
certeza que habían ocurrido 324 casos durante ese año.
Situaciones similares se han sucedido
con eventos como las epidemias de sarampión, malaria, parotiditis y
zika, entre otras. La política oficial parece resumirse en declaraciones
en 2013 de la ministra de Salud Isabel Iturria, quien cuando fue
interrogada sobre el impacto de la gripe AH1N1, manifestó: “Yo no voy a
decir los números”. O en las que expresó el ex ministro Henry Ventura en
2014, cuando advirtió que el boletín epidemiológico no iba a salir “más
nunca”.
Otra recordada frase, que resume lo
que ha sido la posición gubernamental, fue proferida por Luis Montiel,
director de Epidemiología del Ministerio de Salud, en 2008: “Si empiezan
a utilizar el boletín epidemiológico para desestabilizar, para el
golpismo o para el terrorismo, no podemos permitir que con nuestro
propio instrumento que estamos empleando para la toma de decisiones y la
mejora de la salud del pueblo, vengan los medios de comunicación a
hacer oposición y hagan terrorismo mediático, y le creen un problema de
salud mental a la población venezolana”.
La negativa oficial a difundir
información ha sido refrendada por otros poderes públicos. Basta
recordar cuando, en 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por las
ONG Espacio Público y Provea para que se divulgara la información
epidemiológica.
En el actual Ministerio de Salud la
opacidad persiste. La página web, suspendida en 2017, fue reactivada
hace poco pero no contiene información actualizada. El más reciente
anuario de mortalidad corresponde a 2014 y los últimos indicadores
epidemiológicos a 2008. Los boletines epidemiológicos, tal como se
conocían, no están disponibles. En la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica, en el piso 7 del Ministerio de Salud, explican que “hay
información que se publica y otra no; la página web del ministerio está
en reestructuración, pero hasta nuevo aviso no va a salir una
actualizada con toda la información”. Se intentó conversar con el
director de Epidemiología, José Manuel García, para que suministrara una
explicación más detallada, pero no respondió la solicitud.
Opacidad generalizada. Los boletines
epidemiológicos y los anuarios de morbilidad y mortalidad forman parte
de una larga lista de documentos oficiales llamados a dar cuenta del
estado de salud de la población, que han sido vedados a la opinión
pública. Oletta apunta que también desapareció el boletín integral de
salud ambiental, que era publicado por el Instituto de Altos Estudios de
Salud Pública Arnoldo Gabaldón, y que contenía datos sobre las endemias
rurales, entre ellas chagas, dengue, malaria y parasitosis. "Toda esa
información, de manera sistemática, fue eliminada y restringida en forma
arbitraria”, indica.
A ello se añade la ausencia de las
hojas de balance de alimentos del Instituto Nacional de Nutrición,
documento técnico que permite establecer cuál es la comida disponible en
el territorio y traducirla en la cantidad de nutrientes que significa
para la población. En la página web del INN puede advertirse que el
último documento de ese tipo que está disponible data de 2014.
La especialista en infectología Ana
Carvajal, también miembro de la red Defendamos la Epidemiología
Nacional, considera que la decisión oficial de ocultar la información
sobre epidemias y enfermedades transmisibles pretende ocultar el fracaso
de las políticas de salud en Venezuela. “Ya perdimos, por ejemplo, la
certificación de la eliminación del sarampión porque tenemos más de un
año con casos. También hay un incremento de tuberculosis y de VIH. Sobre
este último virus, sin duda se han incrementado las cifras de
mortalidad porque el año pasado prácticamente no hubo tratamiento
antirretroviral y el suministro comenzó a reactivarse hace apenas dos
meses. Personas que estaban más o menos estables tuvieron que
interrumpir la terapia, lo cual las deja a merced de infecciones
oportunistas”, dice. “El abandono del tratamiento ha sido por
desabastecimiento, que también causa ansiedad y angustia”.
Carvajal describe el Ministerio de
Salud como una verdadera “caja negra”, que maneja la información a
discreción. Sin embargo, esa cortina de hierro tiene algunas
filtraciones que son las que han permitido a los activistas y a los
expertos tener acceso a algunos de los datos que les permiten medir las
condiciones de salud de la población, muchas veces gracias a
publicaciones internacionales. Fue el caso de la difteria, pues en 2017
se conoció la enfermedad a través de los boletines epidemiológicos
publicados en Cuba, recuerda Oletta.
Los documentos de la OPS se están
convirtiendo también en otra vía para tener acceso a la información,
aunque sea tardíamente. “La paradoja es que se enteran primero en
Ginebra o en Washington de lo que está ocurriendo aquí”, se queja el ex
ministro. El texto discutido en la reunión del consejo directivo del
organismo internacional que finalizó el 27 de septiembre es un ejemplo
de ello, pues tiene los datos actualizados sobre varias de las epidemias
activas en el país y su impacto regional. También contiene una serie de
recomendaciones para el gobierno venezolano, entre ellas una que tiene
que ver con la difusión de los datos. El país debe “mejorar las
funciones esenciales de salud pública, incluida la vigilancia y la
disponibilidad de información de salud en el contexto del Reglamento
Sanitario Internacional”.
Se trata sin duda de un punto
importante para el organismo y la seguridad de la región. Una situación
irregular, que habla de hasta qué punto han fallado los canales de
comunicación de la información que el ministerio debe ofrecer a
organismos internacionales fue el caso de parálisis flácida, vinculada
con el virus de la polio, reportado por la OPS en junio de 2018. Pese a
que los análisis concluyeron luego que la alarma inicial por la posible
reaparición del virus debía ser descartada, fue significativo que el
Ministerio de Salud incumplió con los procedimientos pues no hizo la
notificación del caso a la Organización Mundial de la Salud en las 24
horas reglamentarias. “Cuando hay una situación de esa naturaleza no se
debe dejar pasar más de 48 horas, y tardaron en dar la información no
menos de 2 meses. Si los datos no hubieran llegado a los organismos
internacionales por vías extraoficiales, no hubiera pasado absolutamente
nada”, señala Oletta. El experto, sin embargo, expresa dudas acerca de
cómo se manipuló la muestra que fue enviada a los laboratorios
internacionales.
Carvajal añade que otra ausencia
importante de información tiene que ver con el funcionamiento actual del
Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, organismo encargado de
analizar las muestras biológicas que envían los centros de salud del
país, resultados necesarios para dar un diagnóstico. “Muchas veces es
información que se produce de forma extemporánea y cuesta mucho que los
médicos la obtengan”.
Oletta puntualiza en qué se traduce
la ausencia de datos: “Cuesta vida, cuesta sufrimiento. Solo con
información puedes actuar con anticipación, y no cuando ya la curva de
las epidemias ha avanzado. En nuestro caso, han pasado 2 años y seguimos
con casos de difteria, tenemos 15 meses con sarampión. Hemos exportado
casos y nos hemos convertido en un problema regional. La información es
garantía de una sociedad sana”.
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