Foto: Cortesía
EFE
El Tribunal Supremo en el exilio escribió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
para pedirle que rescinda una eventual invitación al presidente Nicolás
Maduro a su toma de posesión, porque invitarlo sería una "grave ofensa"
para el pueblo venezolano.
En
una carta a la que Efe tuvo acceso, Miguel Ángel Martín, presidente de
ese tribunal que se autocalifica como "legítimo", le adelanta a López Obrador
que le enviaron copia de la recién publicada sentencia completa del
juicio en ausencia celebrado este año contra el "señor Maduro" en Bogotá.
En
agosto pasado, Maduro fue condenado en ese juicio a más de 18 años de
cárcel por "corrupción propia y legitimación de capitales" en un caso
vinculado al escándalo de la constructora Odebrecht.
En consecuencia, dice la carta, "conforme a la Constitución
y las leyes de nuestro país, el señor Maduro Moros ha quedado
formalmente destituido de su cargo de Presidente de la República".
Sobre
las informaciones periodísticas que señalan que López Obrador ha
invitado a Maduro a su toma de posesión, que se realizará el 1 de
diciembre, Martín indica que, de ser cierta la invitación, "constituiría
una grave ofensa contra el pueblo venezolano".
También
sería "una afrenta a los países que han acusado a Nicolás Maduro ante
la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa
humanidad".
Martín agrega que es deber de estos magistrados en el exilio informar al presidente electo mexicano de que han solicitado a la Interpol
que detenga a "Nicolás Maduro Moros al ingresar a cualquiera de los 192
países donde opera esta organización, incluyendo México".
"El
daño que Maduro ha causado a Venezuela es incalculable, mientras que
los fondos sustraídos ilegalmente del erario público solo en el caso de
Odebrecht alcanzan la cantidad de 35.000 millones de dólares, como
consecuencia, nuestros compatriotas sufren hoy hambre y enfermedades,
viéndose obligados a emigrar, muchos de ellos a México", escribe Martín.
En
la carta se acusa al "señor Maduro", con base en las pruebas del
juicio, de formar parte del "crimen organizado trasnacional".
También
se señala que es "ya un hecho notorio, público y comunicacional para la
comunidad internacional que en Venezuela se vulneran constantemente los
más elementales derechos humanos".
Todo
ello, dice Martín, obliga a los "países garantes de la libertad, la
democracia y los derechos del hombre, activar todos los mecanismos
tendentes a su protección, tal como lo consagra la Convención Americana
sobre Derechos Humanos".
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