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viernes, 7 de diciembre de 2018

Luto sin justicia: el drama de las familias de venezolanas asesinadas en otros países

Joven venezolana asesinada en México había denunciado golpiza y ataque con machete
Mireya Finol va todas las semanas a un cementerio en Maracaibo, Venezuela, donde está enterrada su hija Kenny Finol, tratando de llenar el vacío que le dejó su brutal asesinato en México. Pero esta humilde madre también espera justicia, quiere ver en la cárcel a quien le arrebató su alegría y las ganas de vivir.



Sentada en una silla de madera en su modesta casa, Mireya Finol, de 64 años, asegura que después de casi un año del asesinato las autoridades mexicanas no le han informado nada sobre la muerte de su hija menor, que estremeció a la comunidad venezolana en varias partes del mundo.
“Yo no he tenido una respuesta oficial del Estado de México. Nada. No sé nada, no me han dado respuesta”, afirmó en una entrevista con el Nuevo Herald.
El cadáver de Kenny Finol fue encontrado el 25 de febrero del 2018 en una calle del municipio Ecatepec, en el Estado de México. Una bolsa plástica le cubría la cabeza, la habían golpeado, torturado y violado. Le desfiguraron el rostro con ácido. Murió por asfixia, según las autoridades.
“Ella se fue a trabajar a México para ayudarme a mí porque yo soy una mujer enferma del corazón. Era una chica normal, estudiaba, pero por la situación que estamos viviendo [en Venezuela] se vio obligada a irse para poder ayudarme (…) Semanalmente me depositaba”, cuenta llorando.
La joven, que trabajaba como dama de compañía, es una de al menos 41 venezolanas asesinadas en Latinoamérica entre febrero del 2017 y noviembre del 2018, cuyos casos se han reportado en diversos medios de la región.

Muchos de esos asesinatos siguen impunes o los presuntos responsables aún no han sido juzgados, un serio problema para la búsqueda de justicia por parte de las familias de las víctimas. En México, el nivel de impunidad es elevado, según expertos.
“Si en Venezuela de cada 110 delitos se castigan 8, la mala noticia es que en México el nivel de impunidad es del 98 por ciento. Entonces no es muy alentador pensar que la justicia va ser más expedita”, dijo el criminólogo y abogado venezolano Fermín Mármol García desde Caracas.
La madre de Finol cuenta que ha visto reportes en medios mexicanos en los que se menciona a un hombre apodado “El Pozole” como el presunto asesino de su hija y con quien mantenía una relación amorosa violenta.
“La vivía amenazando y yo bastante audios oí de eso. Me decía ‘mami tengo mucho miedo, me va a matar’, y hasta que llegó el día y me la mató”, relató con la voz entrecortada y lágrimas en el rostro.
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Carlos Fuenmayor
La joven de ojos verdes y cabellera rubia grababa videos en los que mostraba las secuelas de las golpizas que recibía.
El hermano de Kenny, Terlis Alfonso Alvarado Finol, identificó a “El Pozole” como Bryan Mauricio González, a quien medios mexicanos identifican como un presunto integrante de una organización criminal en la Ciudad de México.
“Sobre el caso nosotros no hemos visto que las autoridades mexicanas hacen algo (…) y eso que tienen una foto de él que yo les envié donde está con mi hermana. Bryan Mauricio González es de México, y lo sabemos por la muchacha que estaba con mi hermana el día del asesinato. A ella la dejaron ir, vino a Venezuela y nos dijo que fue él con un grupo de siete hombres. Ella le vio la cara”, afirmó.

A la joven la mataron después de asistir a un concierto de música electrónica, dos días antes de la fecha en que planeaba regresar a Venezuela.
“Ya para mí la alegría se acabó y las ganas de vivir (…) Lo que quiero es justicia, que busquen al asesino (...) que la muerte de mi hija no quede impune”, dijo la madre, quien añadió que, buscando consuelo ante la ausencia de su hija, acude a la iglesia todos los días a rezar por su alma.

Algunos casos desaparecen

Un familiar de Andreína Elizabeth Escalona convive con los fantasmas que le dejó el espantoso asesinato de la joven venezolana de 27 años, quien murió acribillada en el 2017 la víspera de Navidad.
El familiar, que declinó ser identificado por temor a represalias, dijo que trata de hablar poco del caso porque no ha parado de sufrir pesadillas después del crimen.
“Este es un tema complicado para mí. La paso mal, me dan pesadillas (...) Todos estábamos muy mal. Es algo que cuesta aceptarlo por mucho que intentes hacerte la idea. Si no lo ves, si no pasa frente a ti, como que esperas que en algún momento te llame [Andreína] y te diga que es mentira”, dijo a el Nuevo Herald.
También dijo que a pesar de que un hermano de Escalona estuvo en contacto con la Procuraduría General de México y el fiscal encargado del caso, prefirió que la familia quedara al margen por considerar “peligroso” involucrarse en el caso.
Escalona recibió varios disparos en la cabeza cuando estaba en un vehículo con su novio, Rodrigo Ovidio Salas, quien sobrevivió al ataque. La joven, nacida en el estado Barinas, en el suroeste de Venezuela, era modelo y en México trabajaba como escort, al igual que Kenny Finol.
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Facebook
En medios mexicanos se informó que el ataque se originó por una presunta discusión que tuvo la pareja con otros clientes en una discoteca. Otras versiones señalan que habría sido ejecutada por órdenes de un ex novio con presuntos vínculos con el crimen organizado.
A diferencia de otras venezolanas que murieron en el extranjero, los familiares de Andreína lograron repatriar su cadáver porque el régimen de Nicolás Maduro se encargó de los trámites del complejo y costoso procedimiento. Uno de los hermanos de la joven venezolana es militar.
Sobre su asesinato hay muy poca información y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dijo a el Nuevo Herald que el caso no aparecía en los registros de ese ente judicial.
“No me aparece ni por la fecha, ni por el nombre. A veces como ingresan como NN (No nombre) no aparecen”, informó la funcionaria Claudia Padilla en una entrevista telefónica.

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Es como si el asesinato nunca hubiera ocurrido, aunque las autoridades mexicanas se quedaron con “todas las cosas de valor” de la joven, entre ellas su teléfono celular, alegando que eran “pruebas en el homicidio”, contó un familiar de la víctima.
Esta persona trató de buscar asesoría legal para que se investigara el caso en México, pero sin dinero pudo hacer muy poco.
“El abogado me dijo que si no podía inyectarle dinero a ese proceso no podría conseguir nada. Esta clase de crímenes no deberían quedar impunes. Lo peor es que a los familiares nos amedrentan, nos hacen ver que no podemos hacer nada”, añadió.

La ‘justicia divina’ será juez

Rosamar López fue asesinada el 29 de marzo de 2018 en una carretera cercana a Playa Grande, en el sector Las Uvas de Panamá, junto con su novio, Julio García. Su cadáver fue hallado afuera del carro en el que ella estaba. Ella tenía impactos de bala en la cabeza. El cuerpo del novio fue encontrado dentro del auto. Los familiares de López en Venezuela ni siquiera saben si las autoridades continuaron investigando el caso, porque dejaron de contactarlos.
Cuando ocurrió el crimen, la Fiscalía mantenía comunicación con uno de los hermanos de la joven que vive en ese país centroamericano, pero semanas después todo quedó en silencio.
“[La Fiscalía] se comunicó con nosotros al principio de lo sucedido, pero nunca más después de eso”, dijo a el Nuevo Herald un familiar de la joven, que pidió no ser identificado por temor a represalias.
López salió de San Felipe, Yaracuy, en el centro norte de Venezuela, a mediados del 2015 en compañía de una amiga. Se radicaron en Ciudad de Panamá y ahí logró conseguir trabajo en un restaurante.
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Facebook
“Se fue por la situación del país, ya estaba comenzando a ponerse todo feo aquí cuando decidió irse”, explicó el familiar.
La joven planeaba regresar a Venezuela con su novio, de origen mexicano y con nacionalidad panameña, para establecerse en Venezuela, a pesar de la aguda crisis. La pareja incluso había comprado una casa en el país petrolero. Pero la muerte se interpuso en sus planes.
El familiar contó que, según las evidencias obtenidas inicialmente por las autoridades, la pareja estaba con una persona conocida en el auto y a García le dispararon primero. Cuando López intentó escapar, la mataron.
“Lo que pienso es que podría ser algún amigo del novio, algún socio, no sé”, comentó el familiar.
A la familia nunca le informaron de algún resultado de la investigación, por lo que ahora sólo espera otro tipo de justicia. “Allí queda la justicia divina de Dios, quien será el juez en ese caso”, dijo resignado el pariente.
Una funcionaria de la Fiscalía de Panamá, sección Homicidio, dijo a este diario que no podían suministrar información argumentando que son investigaciones del Estado.
La familia de otras venezolanas asesinadas en marzo de este año en la Ciudad de México tuvo otro resultado. El presunto autor del asesinato de Graciela y Sol Cifuentes —madre e hija— está tras las rejas. De ser declarado culpable podría enfrentar una condena hasta de 120 años de cárcel.
El ex novio de Sol Cifuentes, identificado por las autoridades como “Alan N”, está acusado de apuñalar a la joven y a su mamá, Graciela Cifuentes, estrangularlas y quemarlas en la casa donde residían. El presunto motivo fue la decisión de la joven de romper con él, según las investigaciones judiciales.
Graciela Cifuentes, de Caracas, se había radicado desde hace varios años en la Ciudad de México, donde vivía con su hija de 22 años y se dedicaba a dictar clases de fotografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Fue como partirme la vida. Un acto tan cobarde, terrible y atroz. Es algo que no puedo digerir”, dijo a el Nuevo Herald Cleila Cifuentes, hermana de Graciela, quien tuvo que buscar tratamiento psicológico tras la muerte de sus familiares.

Entre el llanto y la impunidad

Muchas familias tienen que lidiar con la muerte de su ser querido en el extranjero y su clamor de justicia, que en muchos casos no se materializa.
Estar en un país diferente de donde ocurrió el crimen, la falta de dinero para contratar a un abogado, viajar y contactar telefónicamente a los fiscales o investigadores del caso son solo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan.
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Cortesía
El criminólogo Fermín Mármol García dijo que la situación es peor para las víctimas de trata de personas, pues cuando se transita por este camino los seres humanos dejan de “tener derechos” y se convierten en “una mercancía”, por lo que no hay empatía entre quienes cometen ese delito y los que son explotados.
“La mercancía cuando se daña, se desecha. Por eso es que vemos delitos realmente atroces, abominables. Para el ejecutor de esos delitos lo que está desechando es una mercancía”, explicó.
El experto también llamó la atención sobre el hecho que los delincuentes analizan exhaustivamente a las personas que van a reclutar. “Por eso vamos a ver en estas víctimas a personas cuya familia no puede pagar un boleto de avión para ir al sitio del suceso, ni a abogados para que presionen por resultados. A veces ni siquiera pueden pagar la repatriación del cadáver”, detalló.
Mármol García dijo que las autoridades diplomáticas de Venezuela deben exigir que los casos sean esclarecidos, ponerse en contacto con las familias de las víctimas y ayudar con la repatriación de los cadáveres.
El Nuevo Herald trató infructuosamente de comunicarse con las autoridades mexicanas y con diplomáticos venezolanos. Una solicitud formal a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, bajo el amparo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ese país, no obtuvo respuesta.
Se presentó un recurso de revisión y el ente judicial respondió que la información sobre los “homicidios” de Génesis Gibson y Wendy Vaneska de Lima está clasificada como “reservada” y que de publicarse “se pondría en riesgo el buen curso de una investigación que se encuentra en trámite” y afectaría “las líneas de posibles investigaciones”.
Sobre los casos de Andreína Escalona y Kenny Finol, informó que no podía pronunciarse porque ocurrieron en otras zonas de México.
La periodista Claudia Ocaranza, de México, contribuyó a este reportaje.


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