Ramón Aguilar rechaza la postura del fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, por negarse a realizar una "investigación seria e imparcial" del caso
El abogado Ramón Aguilar, quien lleva el caso de Fernando Albán, concejal que murió en El Helicoide bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "aparentar justicia" después de que se conociera que dos funcionarios del Sebin serán enjuiciados por un delito menor.
"Se pretende aparentar justicia, enjuiciando a dos funcionarios por un delito menor (contra la administración de justicia) y que en realidad nada tiene que ver con el asesinato del Concejal", argumentó.
Explica que el delito por el que enjuician a ambos funcionarios establece una pena de quince días a seis meses de prisión por "permitir la fuga de un detenido".
Dicha fuga nunca existió, agrega Aguilar, sino que, por el contrario, se trata de un caso con graves violaciones a los derechos humanos, que incluye tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de asesinato.
"La defensa ha conseguido evidencias de torturas y serios elementos probatorios que conllevan a concluir que se trata de tortura y asesinato", sostiene.
El abogado estableció un paralelismo entre los casos de Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien falleció con signos de tortura bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
"El procesamiento de estos funcionaros no es más que un ardid, una farsa, para aparentar justicia, mientras el gobierno ilegítimo continua violando derechos humanos, encarcelando disidentes y amparando bandas criminales", acotó.
En este sentido, rechaza la postura del fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, debido a que el y el ente que representa "se han negado reiterada y sistemáticamente a realizar una investigación seria e imparcial sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial" del concejal.
Recordó que Saab ha sido denunciado ante la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incubrir estos delitos. Situación similar ocurre con el director del Sebin, Gustavo González López, y la juez Carol Padilla, quien dictó la orden de aprehensión contra Albán.
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