Almacén de cajas Clap. Foto: AVN
El neologismo “boliburguesía” es usado
para describir a un segmento de la sociedad venezolana que prospera
económicamente bajo el auspicio de la “Revolución Bolivariana”,
dedicándose a prácticas capitalistas –lícitas e ilícitas– de las que han
sacado provecho los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los
grandes promotores del “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el
Caribe. Pero entre los beneficiarios más prominentes de esa simbiosis
no sólo hay venezolanos: el pasado 25 de julio, la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y
Álvaro Pulido por su presunta implicación en una red de corrupción para
obtener contratos del estamento chavista. La medida también fue aplicada
contra algunos de sus familiares.
Por DW.com
Según Steven Mnuchin, secretario del
Tesoro, Saab y dos de sus hijos (Isham y Shadi), Pulido y uno de los
suyos (Emmanuel), un funcionario chavista (José Vielma Mora, exministro
de Comercio Exterior y exgobernador del estado andino de Táchira), tres
hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos (Walter Gavidia Flores,
Yoswai Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y su esposa Mariana
Staudinger) fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente
mediante contratos sobrevalorados vinculados con los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social de reparto de
alimentos subvencionados iniciado en 2016. Trece empresas fueron
señaladas de contribuir a orquestar el fraude desde diferentes países.
Este martes (17.9.2019), otros parientes cercanos de Saab y Pulido
fueron blanco de sanciones similares.
Proyectos familiares
La OFAC penalizó a dos hermanos de Saab
(Amir Luis y Luis Alberto), a otro hijo de Pulido (David Enrique) y a
dieciséis compañías que han actuado directa e indirectamente en su
nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos y cualquier
transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses les ha
quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos
asegura que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en
fechorías de grandes magnitudes desde 2011, cuando debutaron como
contratistas del Ejecutivo venezolano; Chávez les encargó el
levantamiento de casas prefabricadas para la población de bajos
ingresos. Se alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015,
dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de
cambio vigente en Venezuela.
Se les acusa de haber adquirido dólares a
una tasa favorable para comprar materiales de construcción, presentado
facturas de importación falsas relacionadas con mercancía que nunca
llegó a Venezuela, sobornado a funcionarios gubernamentales para que
aprobaran los documentos en cuestión y transferido aproximadamente 350
millones de dólares desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países.
A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro favoreció a Saab y a
su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron contratos con
la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Ellos también
han sido vinculados con operaciones ilegales en el marco de la
explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. En su Colombia natal,
Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un perfil
bajo.
Bajo perfil
Sus nombres atrajeron la atención de la
prensa por primera vez en 2017, cuando ArmandoInfo –el buró de
investigación que desveló el capítulo venezolano de los “Papeles de
Panamá”– constató su involucramiento en una red de compañías fantasma
creada alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora
Fiscal General de Venezuela, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro.
ArmandoInfo también reveló que Álvaro Pulido había cambiado de identidad
–su nombre verdadero es Germán Rubio– con miras a borrar sus nexos con
el narcotráfico. “Las actividades de Saab y Pulido no han pasado
inadvertidas en Colombia; la Fiscalía General de la Nación las está
investigando porque algunas de sus operaciones se desarrollaron en
territorio colombiano”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de la
oficina de Transparencia Internacional en Bogotá.
“En Venezuela abundan los casos de
corrupción de grandes proporciones. De ellos, unos cincuenta están
siendo investigados por la Justicia de otros Estados porque su impacto
trasciende las fronteras venezolanas. De entre todos esos delitos
sobresalen los atribuidos a Saab y Pulido por el volumen de los montos
en juego –se habla de miles de millones de dólares–, por el rango de sus
presuntos cómplices, por las evidencias del perjuicio que los fraudes
mencionados le causaron a los venezolanos de a pie y por los indicios de
que una gran red internacional de empresas estuvo implicada en los
mismos”, comenta, por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva
de la dependencia de Transparencia Internacional en Caracas. A sus
ojos, la posibilidad de que personas cercanas al chavismo sean
procesadas por corrupción fuera de Venezuela inquieta a Maduro.
Anillos de poder
El sociólogo Héctor Briceño, profesor
del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas,
comparte la opinión de De Freitas sólo parcialmente. “La cúpula del
Gobierno está formada por una serie de círculos concéntricos. En torno
al núcleo de poder hay varios anillos integrados por grupos de interés.
Pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible. Cuando un
aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos internacionales
o sancionado por autoridades estadounidenses, Maduro puede remplazarlo.
Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por
ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión
militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y
grupos económicos que la habían apoyado hasta ese momento”, arguye
Briceño.
“Eso nos lleva a concluir que la presión
ejercida por Washington sobre los socios del chavismo sí surte efectos
tangibles. Pero, insisto, los testaferros son sustituibles. Algo similar
puede verse a otra escala: cuando ciertas empresas de un país se niegan
a hacer negocios con la Revolución Bolivariana, aparecen otras
dispuestas a hacerlo. Esa es la nueva realidad político-económica
internacional: hay sistemas financieros, económicos y comerciales
alternativos, no occidentales, donde el establishment chavista puede
obtener lo que necesita para subsistir”, añade el experto del CENDES,
actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les
pone el guante, Saab y Pulido pueden terminar siendo condenados a hasta
veinte años de prisión por los crímenes que se les imputa. Si ese
escenario se consuma, sus vacantes en Caracas seguramente serán ocupadas
por otros.
Popular en la comunidad
Respuestas(5)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.