¿Quiénes defienden a Maduro ante las denuncias de violaciones de DDHH?

Funcionarios, diplomáticos, un ministerio y hasta varias ONG sirven a Nicolás Maduro para plantar cara ante las denuncias de violaciones de DDHH en organismos internacionales

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Desde el inicio de su administración, el régimen de Nicolás Maduro ha desmentido cualquier denuncia sobre violaciones de derechos humanos (DDHH) de la población venezolana, bajo la excusa de ser ataques al proceso socialista que comanda a través de agentes internos y externos.
Los supuestos “manejos” comunicacionales sobre la situación venezolana también han sido otro de los recursos que ha denunciado el gobernante para desestimar los continuos señalamientos sobre violaciones de DDHH y posibles crímenes de lesa humanidad, como el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional.


Para responder a todas estas denuncias, Maduro ha usado los diferentes foros de organismos relacionados con los derechos humanos para “mostrar su verdad”. En los espacios de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, hasta que sus delegados dejaron de asistir, se ven las mismas caras de la representación diplomática de Venezuela, algo no habitual en el escenario internacional.
Esta “representación” se ha movilizado más en el último año entre la sede de la ONU en Nueva York y Ginebra, luego del mandato del Consejo de Derechos Humanos a la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet, con el objetivo de que elaborase un informe sobre la situación venezolana.
La relación con la alta comisionada fue llevadera hasta el mes de junio de 2019, fecha que se concretó su visita al país para reunirse con diversos actores venezolanos, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, víctimas de violaciones de DDHH y familiares, además de representaciones políticas.

Tras la publicación de su informe en julio la actitud hacia Bachelet cambió, aunque no ha llegado a los niveles de rechazo del régimen venezolano como con su predecesor, el príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, quien emitió dos grandes informes desde 2014 denunciando las reiteradas violaciones de DDHH en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela.
Además, Venezuela también se mantiene apartada del sistema interamericano de derechos humanos, al denunciar la carta de la OEA y desconocer de forma reiterada las denuncias, resoluciones y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH.

El régimen de Maduro concretó su salida de la OEA el 27 de abril de este año, aunque el organismo acordó en una resolución mantener a Venezuela luego de una petición de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y democrático que reconocen en el país luego del 10 de enero pasado cuando se venció el período presidencial legal de Nicolás Maduro frente al Ejecutivo.
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, la representación diplomática venezolana ante estos organismos multilaterales, principalmente la ONU, se ha mantenido con muy pocas variaciones en sus filas.

Samuel Moncada

Exministro de Relaciones Exteriores, se desempeña desde 2018 como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. El historiador ha levantado polémica en cada una de sus intervenciones y se ha ocupado principalmente de denunciar ante el organismo las sanciones que ha implementado Estados Unidos contra funcionarios y el sistema financiero venezolano.
El diplomático ha dicho que tales sanciones pueden llegar a considerarse “crímenes de lesa humanidad” debido a las restricciones que imponen a empresas como Pdvsa o el Banco Central de Venezuela.

En su última intervención en el Consejo de Seguridad, acusó a los Estados Unidos de “intentar fabricar una hambruna en Venezuela, para apropiarse de nuestros recursos naturales y recolonizar nuestra nación. Esto es un crimen de lesa humanidad”.
Además, Moncada sostiene en la ONU la teoría de que Estados Unidos busca una intervención militar en el país, para lo cual está aliado con Colombia y actores políticos venezolanos de oposición.

Henry Suárez

También historiador, es el segundo al mando de Samuel Moncada y ha seguido la labor de éste de denunciar en cada foro de Naciones Unidas las sanciones contra Venezuela o las supuestas pretensiones de EEUU –sin importar el gobernante- de querer intervenir el país.
Suárez es embajador alterno de Venezuela en la ONU y está en el cargo desde 2014. Siguiendo la retórica del “socialismo del siglo XXI” ha desarrollado algunos trabajos y ponencias sobre la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, como el manifiesto que publicó en 2010 con apoyo monetario de embajadas.

El historiador también se ha dedicado a las denuncias sobre el “robo de activos” venezolanos, como denominan a la protección de algunas empresas y otros recursos que ha hecho la Asamblea Nacional.

Jorge Valero

Desde 2013 se desempeña como embajador del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde ha hecho cabildeo contra los informes y pronunciamientos de los altos comisionados sobre Venezuela. Antes fue el representante ante la ONU desde 2008 y hasta 2013 durante el mandato de Hugo Chávez, un cargo que entregó a Samuel Moncada. Su labor diplomática comenzó con Chávez cuando fue designado embajador ante Corea del Sur en 1999. Ya en 2001 y hasta 2008 hizo lo propio en la OEA.
Su relación con el anterior comisionado de derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuya gestión la calificó como un “estruendoso fracaso” no fue buena. En varias ocasiones lo acusó de preparar informes “altamente politizados” sin previo mandato del órgano de Naciones Unidas y que violaban los principios de “soberanía, integridad territorial y no injerencia” en los asuntos internos de los Estados.

Con respecto a Michelle Bachelet, su posición no ha sido diferente. Luego de la divulgación del informe de la alta comisionada el 4 de julio, publicó un escrito en el que acusa a la diplomática de falsificar la realidad del país y de repetir los “ilegales, unilaterales y arbitrarios” informes de su antecesor.

Larry Devoe

Actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, es abogado con máster en Democracia, Derechos Humanos y estado de Derecho en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Fue agente alterno y asesor de la Corte IDH en 2006.
A partir de mayo de 2014, cuando fue designado secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos por el entonces vicepresidente Jorge Arreaza, empezó a representar a Venezuela en foros internacionales de DDHH y en 2016 formó parte de la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo que la aprobación de ese instrumento fue un “reconocimiento internacional del compromiso del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos de los distintos sectores de la población”.
Devoe no limita su participación a espacios internacionales, pues desde 2017 forma parte de la Comisión de la Verdad creada por la asamblea constituyente, una instancia que “revisa” los casos de presos políticos opositores, acusados por el régimen de Maduro de haber incurrido en supuestos delitos y violaciones de DDHH.
Su actividad ha incluido representar a Venezuela incluso en casos puntuales ante el sistema interamericano de derechos humanos, como la denuncia hecha por Rocío San Miguel sobre un despido injustificado de labores de Estado por retaliación política.
En 2015 fue nombrado director encargado de la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia y desde 2005 hasta 2007 estuvo a cargo de la división de Atención al Ciudadano de Conatel.

Ministerio a su servicio

El gobernante Nicolás Maduro no solo se vale de una delegación diplomática para “mostrar su verdad” en cuanto a violaciones de DDHH. El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha funcionado como un espacio de propaganda de los avances de la “revolución” en esta materia.
El canciller Jorge Arreaza conoce los distintos espacios de debate y ha participado en varias reuniones y asambleas generales de la ONU como portavoz de Maduro, quien apenas ha asistido en dos oportunidades a estos espacios durante su mandato.

Justamente Arreaza fue el encargado de responder a la segunda actualización oral que hizo Michelle Bachelet de su informe sobre la situación de derechos humanos en el país durante el 42° periodo de sesiones del Consejo de DDHH, y donde se pronunció mayoritariamente sobre las “medidas coercitivas unilaterales” como denominan a las sanciones de Estados Unidos.