La OIT da tres meses a Maduro para comunicar si acepta o no sus recomendaciones

La Comisión de Encuesta relativa a Venezuela pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas

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Comenzó a correr el tiempo y Nicolás Maduro aún no dice ni pío sobre el informe emitido por la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que constata la existencia en el país de prácticas que atentan contra las garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales. El gobierno dispone de un plazo de tres meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, tiene la opción de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e impugnar lo decidido por la Comisión.


La instancia del organismo especializado de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la OIT, pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro”.
Según León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), es muy probable que el caso de Venezuela se discuta en la reunión que, como es habitual, tiene el Consejo de Administración de la OIT en noviembre. “Si transcurren los tres meses y el gobierno no comunica su disposición a aceptar o no las recomendaciones, entonces los órganos de control de la OIT van a comenzar a apretar tuercas y en la conferencia del año próximo estará sentado en el banquillo de los acusados, pues eso es una violación de la Constitución de la OIT. Un país miembro no puede saltarse a la torera el cumplimiento de la regla”, afirmó. Añadió que también será importante ver cómo responderán las otras naciones miembros del organismo sobre el caso.
Si el gobierno de Maduro no adopta las recomendaciones señaladas en el informe, una de las sanciones más radicales que puede evaluar la OIT es retirar a Venezuela, de acuerdo con el Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). “Las medidas que puede tomar la OIT son diversas, dentro de ellas puede enviar el informe a la Corte Penal Internacional, puede evaluar al mismo tiempo la posibilidad de la expulsión de Venezuela de la organización. Son las sanciones más radicales que pudiera tomar”, dijo Dick Guanique, coordinador del Fadess.

Sostiene que el informe de la Comisión de Encuesta es “muy positivo” porque ratifica que en Venezuela no hay democracia, libertad sindical ni respeto a los derechos laborales. “El régimen de Nicolás Maduro viola los convenios suscritos por la República con la OIT, esa es la conclusión del informe final de la Comisión. En Venezuela se violan los convenios internacionales laborales relativos a la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos”.

El Fadess exige a Maduro cumplir con las recomendaciones hechas por la comisión, entre ellas liberar inmediatamente a los dirigentes sindicales de la estatal Ferrominera Rubén González, condenado por un tribunal militar a 5 años y 9 meses de cárcel, y Rodney Álvarez, quien tiene más de siete años detenido “con un proceso fabricado por el régimen intencionalmente lento”. “Ya basta de intimidar y amenazar a todos los trabajadores venezolanos cuando reclaman sus derechos”.
Guanique recordó que durante la visita al país de la Comisión del 8 al 12 de julio pasado, el Fadess se reunió con sus miembros, ante los cuales denunciaron que el gobierno de Maduro “ha violado los derechos de los trabajadores con prácticas antisindicales como las intervenciones de los sindicatos, la formación de sindicatos paralelos afines al gobierno, el impedimento para que los trabajadores hagan sus elecciones para renovar sus autoridades, la persecución judicial mediante la fabricación de expedientes, el despido masivo de trabajadores de entes públicos por defender el derecho a tener un salario justo y el encarcelamiento de dirigentes sindicales”.

Indicó que se puso en evidencia la situación de los trabajadores del Metro de Caracas, las amenazas contra la junta directiva del sindicato de Inparques y el despido de José Patines y Jesús Serrano, presidente y secretario de organización, respectivamente, del sindicato del ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes les abrieron un procedimiento administrativo disciplinario y se les solicitó una calificación de despido ante la Inspectoría del Trabajo a pesar de estar amparados por la inamovilidad laboral.
Wilson Gutiérrez, despedido del Metro, también exhortó al gobierno de Maduro adoptar las recomendaciones que dio la comisión de la OIT, fundamentalmente la liberación de los sindicalistas presos y el cese de las amenazas, los despidos y las persecuciones contra las organizaciones sindicales y los trabajadores que “piensan y se expresan distinto”. “Hemos sido objeto de arremetidas y de despidos masivos”, añadió.

En los 100 años que recientemente –el 11 de abril– cumplió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas se han creado 13 Comisiones de Encuesta para investigar violaciones de los convenios laborales cometidas en países. Venezuela es uno de ellos, y durante la gestión del “presidente obrero”.

En junio de 2015, Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales del país, introdujo una queja en la Conferencia anual de la OIT, en la que alegó “ataques, acoso, agresiones y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades y falta de consulta tripartita sobre temas relativos a las normas de la OIT”.
La Comisión de Encuesta fue establecida en 2018 por el Consejo de Administración de la OIT tras la queja introducida por Fedecámaras y otras organizaciones empleadoras. La conforman Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; María Emilia Casas Baamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de las universidades del País Vasco y Complutense de Madrid; y Santiago Pérez del Castillo, exministro del Trabajo en Uruguay y miembro gubernamental del Consejo de Administración de la OIT y del Comité de Libertad Sindical.
Acceso a la Justicia señala que la representación de la OIT se reunió con funcionarios del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República (PGR); entre otros, con testigos de los querellantes y representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores, pero fueron ignoradas las solicitudes hechas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
“El informe deja al descubierto que en el país no existe un diálogo social y que el régimen hostiga tanto a empleadores como a trabajadores. En medio de un contexto de impunidad, coarta la libertad sindical y también la autonomía del sector laboral. Hasta la fecha, el Ejecutivo está en mora con las normas de la OIT y, dentro de ellas, se encuentra la activación de la consulta tripartita sobre la fijación del salario mínimo. Todo esto se agrava por la inexistencia de un verdadero Estado de derecho”, añade Acceso a la Justicia.