Los centros de detención son las nuevas cárceles donde se cobra, tortura y mata

Los detenidos en los calabozos policiales deben cumplir las reglas autoimpuestas en cada sitio donde el hacinamiento es la regla, además de pagar para poder recibir comida, agua o cualquier otro “beneficio”
Zulvyn Díaz | Luisa Quintero

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'Carlos' fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 20 de febrero de 2019. Junto a otros dos hombres, le había robado el celular a una estudiante de bachillerato que caminaba en dirección a una estación del Metro de Caracas.
El trío fue apresado y trasladado hasta la estación policial de la parroquia de El Valle. Tres días después, fueron presentados ante el Tribunal 33 de Control del Área Metropolitana para la audiencia preliminar, y trasladados hasta la sede policial de La Yaguara, donde les indicarían el sitio de reclusión mientras esperaban su juicio.

“Tragué grueso cuando escuché al policía pronunciar mi nombre y asignarme la Zona 7, en Boleíta, como lugar de reclusión donde esperaría por mi juicio, pues sabía por los demás presos que esa prisión era la peor de Caracas”, relata 'Carlos', ahora está en libertad.

“Los vamos a trasladar para Zona 7” es una frase amenazante con la que “los funcionarios policiales controlan a los presos revoltosos en los otros centros de detención de la capital”, cuenta el expresidiario.
Pero la llamada “Zona 7” no es una cárcel. En realidad forma parte de los más de 30 centros de detención preventivos (CDP) que existen en la Gran Caracas y que corresponden a los distintos cuerpos de seguridad (Policías de Baruta, Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre; PNB; CICPC; Guardia Nacional; Sebin y Dgcim).
Un centro de detención preventiva está diseñado para resguardar temporalmente y por breves períodos a las personas detenidas por un cuerpo policial. La competencia de las policías municipales, estadales o de investigación está limitada a realizar las aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las personas que presuntamente han cometido hechos punibles
En los calabozos un detenido no debería pasar más de 48 horas, explica Carlos Nieto Palma, abogado y coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la población carcelaria en el país.
Los CDP se han convertido en cárceles permanentes desde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prohibió a través de una circular en 2011 el traslado de nuevos privados de libertad a recintos carcelarios sin su autorización, por lo que se mantienen en estos calabozos.
En el informe sobre la situación de los centros de detención preventiva durante el primer semestre de 2019, Una Ventana a la Libertad revisó 203 calabozos distribuidos en 15 estados, y con cupos para 3.734 personas. Hasta junio pasado, en estos 203 CDP se encontraban 19.028 detenidos.

Además, el Ministerio ha negado su responsabilidad en la atención de esta población tal como lo establece el artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario, al dejar como encargados de los reclusos a estos cuerpos de seguridad (bajo la dirección de la vicepresidencia, del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, alcaldías o gobernaciones).
El Ministerio de Servicios Penitenciarios también les exige kits (ropa carcelaria, colchonetas, artículos de higiene personal) a los directores de estos calabozos para el ingreso de nuevos reos, algo que no pueden pagar estos organismos, detalla Nieto Palma. "Esto ha ocasionado la proliferación de cárceles en todo el país, que antes eran calabozos o centros de detención".

Pagar para sobrevivir

El "Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta", conocido como la "Zona 7", está compuesto por 16 celdas enumeradas y dos calabozos particulares, llamados la ‘Kingkong’ y el ‘Inframundo’, cuyas características opuestas pueden llegar a ser “el cielo y el infierno de esa prisión”.
Los nuevos ingresos de la “Zona 7” van directo al calabozo tres, conocido como “celda de castigo”. El lugar es descrito como un pasillo de 3,5 metros por 1,5 de ancho donde se encontraba más de 60 personas, en su mayoría de pie, hasta febrero de este año.

“Esa celda está contaminada, mientras yo estuve murió un recluso proveniente de Charallave, que no duró ni un mes. Cuando llegó lo agarró una fiebre que lo hacía voltear los ojos y murió enseguida”, asevera 'Carlos'.

Algunos funcionarios se han aprovechado de las características infrahumanas de la “celda de castigo” y la desesperación de sus ocupantes por salir para cobrar por los traslados a un calabozo en mejores condiciones.
Quienes acceden a pagar los 10 dólares que exigen los policías que incurren en estas prácticas extorsivas son trasladados hasta la celda 11, conocida como ‘El Inframundo’, un pasillo situado entre las celdas siete y 15, casi al final del calabozo. Allí los internos se sofocan con las elevadas temperaturas. Aunque igual de precaria, les permite a los reclusos un poco más de espacio para caminar, estirarse y colgar sábanas de barrote a barrote para dormir, conocidas como “aéreas”.

En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH –que encabeza Michelle Bachelet- se detalla que “las condiciones de las detenciones de un número significativo de personas privadas de libertad no cumplen las reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de los/as reclusos/as y constituyen a menudo malos tratos”.
La "Kingkong", descrita como “la más privilegiada del recinto”, colinda con el colegio San Agustín de El Marqués. Su ubicación y su construcción hecha de barrotes, permite el paso libre de la brisa, tiene vista al patio de visitas y varios de sus ocupantes cuentan con teléfonos celulares.

“Esta celda es para los pendejos”, afirma Carlos. “Ahí llegan los que pueden pagar los 100 dólares que cuesta el traslado para ese calabozo”. Sin embargo, el pago se convierte en una “vacuna” que hay que cancelar cada dos semanas.

Algunos de los funcionarios hacen requisas, decomisan teléfonos y meten a todos los reos de vuelta al ‘Inframundo’, solo para volver a cobrar 100 dólares a los que no soporten estar en dicho lugar.

La Oficina de Bachelet también destaca que especialmente los centros de detención preventiva están a menudo superpoblados y son insalubres. “Las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación. Su acceso a la asistencia sanitaria básica es restringida e incluso denegada”, unas condiciones que fueron reconocidas por las autoridades venezolanas en mayo durante la visita de la Alta Comisionada al país.
“Nosotros superamos las Reglas Mandela. Nosotros tenemos un sistema penitenciario que supera las reglas, los acuerdos, el tratamiento para los privados de libertad”, aseveró la ministra Iris Varela en una entrevista el 2 de octubre.

Convivencia carcelaria

“Ahí adentro hay reglas que el preso debe cumplir y respetar”. No robar, no golpear y no decir malas palabras contra otro interno, son algunas de las normas de convivencias autoimpuestas por la población reclusa de Zona 7, resume 'Carlos'.
Pocas veces ocurren peleas entre los internos, sin embargo, la mayoría prefiere fabricar su propio cuchillo con restos de latas que se desprenden de la desgastada construcción.
Cuando se generan conflictos entre los reclusos, estos son solucionados a través de una práctica denominada “chillonazos”, que consiste en una lucha entre dos o más presos, quienes pelean con palos de cepillos de barrer, que al partirse con los golpes pueden ser usados como puñal y provocar heridas.

Cuando el interno comete una falta, recibe puñaladas como escarmiento. “Si la falta es grave, le pasa lo que le pasó lo que al decapitado”, comenta el expresidiario, en alusión a Erick Gastón, de 24 años de edad, quien junto a su supuesto cómplice fueron asesinados por los reclusos el pasado 3 de septiembre, luego de que presuntamente se robaran un celular. La otra víctima fue apuñalada hasta la muerte.

En lo que va de 2019, ocho presos han sido asesinados dentro de "Zona 7", otro falleció por un abceso en la garganta y otros dos fueron asesinados en un operativo de recaptura por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Los más de mil detenidos recluidos en este centro de detención preventiva quemaron colchonetas y destrozaron rejas la noche del 3 de septiembre para exigir ser trasladados inmediatamente a una cárcel, además de denunciar las condiciones de hacinamiento e insalubridad a las que están sometidos. Luego de que autorizaran los traslados a la cárcel de Yare, quedaron 873 detenidos.

Además, el interno tiene que cancelar por cada “beneficio” que obtenga en el lugar. Debe pagar para obtener el permiso de la visita conyugal,  para conseguir un lugar privado y por el uso de una colchoneta. Todo esto se consigue a través de cuatro reclusos que gozan de cierto grado de confianza con los funcionarios policiales del recinto.
La comida y el agua deben ser provistas por la familia del recluso, quienes además deben cancelar 10 mil bolívares para ver a su pariente en el patio de visitas y 20 mil por la VIP, que ofrece un poco de privacidad.
Según detalla Una Ventana a la Libertad, solamente uno de los 203 CDP monitoreados en el primer semestre del año informó que los detenidos recibían una dieta esporádicamente, es decir, que ninguno de estos sitios garantiza alimentación diaria y menos tres veces al día a los presos.

“Aunque pueden pasar hasta tres semanas sin que el camión cisterna surta el depósito de agua del lugar, cada vez que llega el agua todo se vuelve un desastre”, señala 'Carlos', pues se desesperan por agarrar agua de un chorro único que tiene cada celda.

Con relación a los reclusos enfermos o que tengan alguna herida son recluidos en la celda 16. Cabe destacar que ninguno recibe asistencia médica. Según los informes de Una Ventana a la Libertad, en Caracas solamente hay cinco centro que cuentan con transporte de emergencia equipados con instrumentos para primeros auxilios durante el traslado. En 15% de los centros de detención revisados por la ONG reportó que no tenían presupuesto para atención en salud.
“Cuando estuve ahí preso se murió uno que tenía tuberculosis. La familia se enteró tres días después, luego de que algunos internos mandaron mensajes con sus parientes a la familia del fallecido”, destaca 'Carlos'.
Pese a las irregularidades que caracterizan al sistema de justicia y penitenciario del país, 'Carlos', junto a sus compañeros asumieron los hechos y fueron sentenciados a tres años bajo régimen de presentación.

Tortura en centros de detención

Familiares de los detenidos en la sede del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Paraíso denunciaron el “maltrato” a los que son sometidos, luego de la fuga de 29 presos el pasado 11 de septiembre. “Les echan agua, no les permiten el ingreso de medicamentos sin récipe”, dijo la madre de un detenido.
Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado que los detenidos en manifestaciones antigubernamentales, por razones políticas o por delitos comunes son víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Este año el Ministerio de Interior, Justicia y Paz intervino el centro de detención preventiva del Cicpc en El Hatillo, luego de que circularan unos videos donde se observa a una presa atada de manos y pies en el patio del lugar.
El Ministerio Público también inició una investigación el 1° de octubre a tres funcionarios de la Policía de Anaco (estado Anzoátegui) tras la filtración de un vídeo donde se observa a los presos desnudos y acostados sobre un piso de cemento a pleno sol, mientras eran agredidos por los funcionarios policiales.