El fiscal designado por la
Constituyente Tareck William Saab, ordenó al Ministerio Público la
aprehensión de funcionarios del gobierno del Táchira señalados de haber
apoyado a Juan Guaidó a salir del país el pasado 23 de febrero, y aunque
el dictamen no menciona a la gobernadora tachirense, el Consejo
Legislativo de la entidad insiste en un antejuicio de mérito en su
contra
Por Rosalinda Hernández C.
En alocución de radio y televisión el
ministro Jorge Rodriguez, reveló detalles de supuestos vínculos entre
Juan Guaidó, el grupo armado Los Rastrojos y el gobierno del presidente
colombiano Iván Duque, dentro de lo que denominó “red de mafias
políticas” en las que vinculó además, a políticos de oposición entre
ellos a la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez y a algunos funcionarios
de su gobierno.
De acuerdo a Rodríguez, la gobernadora
tachirense y dirigente de Acción Democrática, (AD) fue pieza clave para
la movilización de Juan Guaidó desde Venezuela a Colombia. A su juicio,
Laidy Gómez estableció los enlaces para concretar el paso del
presidente de la Asamblea Nacional al vecino país.
En adelante las aseveraciones sobre la
posibilidad de someter a un antejuicio de mérito a la mandataria del
Táchira, tomó fuerza en el ambiente político oficialista, y sustentados
en las acusaciones del ministro Rodríguez y del fiscal designado por la
Constituyente, la mayoría de parlamentarios del Consejo Legislativo del
Táchira (CLET), reunidos en mesa de trabajo acordaron solicitar al
Ministro Público se investigue a Laidy Gómez.
“Como ente contralor de la gestión del ejecutivo regional nos vemos en la obligación de solicitar al Ministerio Público, que investigue o se verifique si existen o no, elementos que pudieran constituirse en prueba para que se inicie el proceso de antejuicio de mérito a la gobernadora del Táchira”, declaró a TalCual el diputado al Consejo Legislativo por el partido Patria para Todos (PPT), Juan Guevara.
Desde el 24 de septiembre el CLET, se ha
declarado en sesión permanente, -dijo Guevara- y se analizan “algunos
elementos” relacionados al caso que pudieran darse a conocer en las
próximos días.
Aunque la moción aún no ha pasado a la
plenaria, según el parlamentario regional ya existe un exhorto público
que será formalizado y contaría con el consenso de los diputados,
miembros del CLET, “porque sería una irresponsabilidad política e
institucional, no solicitar el antejuicio de mérito”.
El legislador oficialista, aseguró a TalCual que
existen “elementos serios” que pueden incriminar a Laidy Gómez, y “la
gobernadora debe facilitar la investigación”. Además dijo que existe una
“vinculación pública” con los hechos donde también se señala a Juan
Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional Gaby Arellano y José
Manuel Olivares, entre otros.
“Hay vinculación directa, reuniones que han
salido a la luz pública donde está la gobernadora. Ella debe explicar
en qué condiciones estaba en esas reuniones, con personas que en estos
momentos están siendo prófugos de la justicia venezolana. Existe
información del poder popular o contraloría social, en reuniones entre
personal de confianza de la gobernación del Táchira, donde se
desarrollaron situaciones bastante delicadas”, relató el diputado.
No se trata de “un ensañamiento” en contra
de la gobernadora tachirense, y si no se demuestra la participación en
los hechos, Laydi Gómez debe ser exonerada de culpas “en los delitos que
se le acusan como “traición a la Patria, concierto para delinquir,
violación de la soberanía, entre otros”, detalló el dirigente de PPT.
Un falso positivo
En el Táchira es inédita la destitución de
un gobernante a pesar de haber existido situaciones en las que han sido
sustituidos (temporalmente), mediante recursos de nulidad ante un
presunto fraude electoral, situación que no prosperó en su momento,
puntualizó el abogado constitucionalista tachirense Luis Useche.
En relación a la posibilidad de destituir del cargo a la gobernadora del Táchira, el jurista alegó que se está frente a “un falso positivo” con el que se pretenden generar actos de violación del orden constitucional y legal.
“Estamos en presencia de una situación
aberrante y teniendo en cuenta las condiciones del Estado de derecho en
Venezuela, cualquier cosa puede ocurrir extra constitucional o al margen
del ordenamiento legal. Pero a la luz del ordenamiento legal no hay
lugar para que haya una situación de este tipo”, dijo Useche.
La Constitución para proteger el ejercicio
de determinadas funciones públicas y de las personas que ejercen
determinados cargos (presidente, ministros, diputados, gobernadores,
entre otros) establece una protección especial ante amenazas temerarias o
denuncias que afectarían no solo a la persona, también el
funcionamiento del órgano a su cargo, por lo que prevé algunos fueros
especiales, explicó el abogado.
En el caso de los gobernadores para que
sean sometidos a un juicio, primero debe haber un antejuicio de
mérito, procedimiento donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe
determinar si existen las condiciones o
supuestos que pudieran establecer la responsabilidad penal de quién ocupe la gobernación.
“Los rumores” no representan suficientes indicios o elementos que hagan presumir la existencia de algún grado de responsabilidad penal y proceder al antejuicio de mérito de un gobernador, precisó el constitucionalista.
Si existieran los elementos probatorios
para iniciar la investigación, -advirtió el abogado- la gobernadora
tampoco debe ser sustituida en el ejercicio de sus funciones porque
continúa gozando de sus derechos y en caso de ser reemplazada, deberá
hablarse de una ausencia temporal.
La ausencia temporal según el ordenamiento
legal la cumple la persona que tiene en la administración del poder
ejecutivo la posición más elevada. En los gobiernos regionales le
corresponde a quién ocupe la Secretaria General de Gobierno, cargo que
en el Táchira lo desempeña el abogado Jorge Pernía.
Cuando existe la ausencia absoluta se tiene
que determinar en qué momento del ejercicio del cargo se encuentra el
gobernador, si se da antes de la mitad del periodo constitucional, el
Secretario General de Gobierno sigue en el ejercicio de esa función
hasta que asuma a quien corresponda de acuerdo a la constitución del
estado, precisó el abogado constitucionalista.
“Cuando se produzca ausencia absoluta del
elegido o de la elegida antes de juramentarse o del Gobernador o de la
Gobernadora antes de cumplir los tres primeros años del período, debe
realizarse una nueva elección. En ambos casos se encarga de la
Gobernación el Presidente o la Presidenta del Consejo Legislativo; a
falta de éste o ésta, el Vicepresidente o la Vicepresidenta del mismo
hasta tanto se proceda, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
nueva elección y tome posesión el Gobernador electo o la Gobernadora
electa”, artículo 149, Constitución del Táchira.
Si la ausencia absoluta se produce transcurrido el primer periodo constitucional, quién asume el ejercicio del cargo culmina el periodo.
“No ha habido la presentación de elementos
convincentes que hagan presumir la responsabilidad de la gobernadora
Laidy Gómez. Ni siquiera se ven responsabilidades en las personas a
quienes se ha dictado orden de aprehensión, hasta ahora son solo
especulaciones y las declaraciones de un delincuente que dijo que fulano
lo busco para cometer un delito”, argumentó Luis Useche.
Fines oscuro
En las elecciones al Consejo Legislativo
Estadal (CLET), celebradas en el 2018, los partidos oficialistas (PSUV;
Tupamaros, PPT y el PCV), ganaron doce de los trece curules disputados.
Mientras que los partidos de oposición solo alcanzaron un puesto,
perdiendo tres de los que ya mantenían.
En entrevista de TalCual
con Miguel Reyes, coordinador regional de Acción Democrática en
Táchira, declaró que a meses de los comicios sigue vigente lo que en su
momento anunció: “Fue un error no participar en las elecciones
parlamentarias regionales, sobretodo en estados donde la oposición ganó
las gobernaciones”.
Haber dejado sin una voz de la oposición
los parlamentos regionales, para Miguel Reyes, implicó dejar “a merced
de los chavistas” los espacios para que hagan lo que les provoque y
“surjan locos” como el diputado de PPT (Juan Guevara) que solicita un
antejuicio de mérito a la gobernadora.
“Lo que han hecho en contra de la
gobernadora es una canallada y un chisme en donde le cambiaron el nombre
y apellido a las personas supuestamente involucradas. A quienes tenían
los cargos se los quitaron y a quienes no figuraban en nada dentro de la
gobernación les pusieron cargos”.
Cuando el fiscal Tarek William Saab anuncia
al país las imputaciones, en ningún momento nombró a la gobernadora
Laidy Gómez, por lo tanto no se le puede involucrar en un delito en el
que no ha sido acusada. “Si estos señores (diputados del CLET) insisten
en el antejuicio de mérito, tendrán que inventar el delito para poder
imputarla, refutó el dirigente adeco.
Por su parte, la dirigencia del Frente Amplio en Táchira, aseguró que el fiscal Saab ha emprendido una lucha contra el pueblo tachirense y detrás de los señalamientos a Laidy Gómez, se esconden fines oscuros que pretenden despojarla del poder para lograr expandir los territorios que se han cedido al hampa organizada.
“Después de haberle dado el control a
grupos en la frontera, de trochas, someter a los productores agrícolas
al pago de vacunas, pretenden ahora someter a la población y al gobierno
que se ejerce desde el estado Táchira por votación ciudadana. Buscan
ampliar la faja que ya tienen controlada los irregulares y ahora buscan
acercarse a San Cristóbal, quieren dominar todo el estado y lo
pretenden hacer con la ayuda de Tarek William Saab”, dijo Anaro García,
representante del Frente Amplio.
Reiteró el opositor que a los grupos armados que hacen vida en frontera lo único que les falta es controlar la gobernación.
Le arrebataron a la gobernación la policía
del Táchira y ahora tratan de expandir el área de influencia que tiene
controlada el hampa en municipios foráneos y en la frontera, buscan con
la acción tomar el control de la gobernación, dijo el vocero del Frente
Amplio.
“Están apurados para retirar a la
gobernadora y tener el control del gobierno regional. Quieren poner en
la gobernación a una persona que sea dócil con los grupos irregulares
que están dominando el resto del estado”, puntualizó Anaro García.
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