La incertidumbre sobre el futuro de las
pensiones tiene contra las cuerdas a los Gobiernos en Latinoamérica por
el descontento social que generan las reformas, que son inevitables ante
la aceleración del envejecimiento y las tasas de informalidad que hacen
insostenibles los sistemas actuales.
La preocupación central en el tema de
las pensiones es que la población latinoamericana está envejeciendo a
pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como
Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que
algunas naciones europeas.
Así que, mientras ahora hay cerca de 50
millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se
calculan unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación
entre los principales gastos del sector público.
“El problema es que ningún sistema está
pensando en ese envejecimiento acelerado. Se necesitan reformas y se
están intentando ajustes, pero no se están haciendo lo suficientemente
rápido”, advierte a Efe Mariano Bosch, especialista principal de la
División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
DETONANTE DE ESTALLIDOS SOCIALES
A puertas del llamado “invierno
demográfico” y con un estancamiento económico, las manifestaciones a
favor y en contra de las reformas de los sistemas de pensiones se han
extendido por la región e incluso en Nicaragua este tema fue el
detonante de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos
desde abril de 2018.
La cuestionada reforma, que aumentó la
cuota patronal y de los empleados nicaragüenses y redujo hasta un 30 %
los montos de las nuevas pensiones, fue relanzada a comienzos de este
año pese a la crisis, lo que aumentó el rechazo de la población.
En el caso de Chile, el cambio del
sistema instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema
privatizado y basado en la capitalización individual, es uno de los
mayores reclamos en las protestas que tienen tambaleando el Gobierno de
Sebastián Piñera.
La población critica que las
administradoras de fondos de pensiones invierten en los mercados y
obtienen beneficios millonarios, pero no entregan montos dignos a los
jubilados.
La misma oposición se vivió ante el “proyecto estrella” del presidente Jair Bolsonaro para reflotar la economía de Brasil.
La iniciativa, que acaba de ser
aprobada, endureció las reglas, imponiendo una edad mínima de jubilación
(62 años para las mujeres y 65 para los hombres), con un tiempo mínimo
de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.
EL DRAMA DE LOS JUBILADOS
La situación más dramática se registra
en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con
tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo.
En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5
millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del
salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares.
En Argentina, los jubilados están entre
los más golpeados por la crisis, con una pensión mínima en octubre de
13.437 pesos argentinos (unos 218 dólares), mientras su canasta básica
se cifra en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).
A esto se añade el descenso de las tasas
de cobertura en Paraguay, pese a su importante bono demográfico, o en
México (solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe una jubilación
contributiva), hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha vinculado con la privatización de las pensiones.
Se estima, además, que 80.000 mexicanos
alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero 7 de cada 10 no
acumularán las 1.250 semanas de cotización necesarias. Una preocupación
que se comparte en República Dominicana, donde se requiere una edad
mínima de 60 años y haber cotizado prácticamente 30 años.
Bajo esas condiciones, la OIT calcula
que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no logra
recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven
forzados a permanecer en el mercado laboral.
Para Bosch, es urgente un ajuste en ese
sentido, dado que muchos trabajadores no logran cumplir el tiempo de
cotización porque se quedan desempleados en algún momento o deben
refugiarse en el trabajo informal, que realizan unos 140 millones de
personas en la región.
REFORMAS SÍ O SÍ
Gran parte de la región implementa un
sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores financian
las pensiones de los jubilados, mientras otros adoptaron un esquema de
capitalización individual administrado por el sector privado o uno
mixto.
Pero, independientemente del modelo,
todos necesitarán algún ajuste o, de lo contrario, las presiones
demográficas “harán que los sistemas sean más costosos para el Estado”,
apunta el BID.
“Acá hay un llamado a la acción. Entre más se tarden, más duros serán los ajustes”, subraya Bosch.
En el caso de El Salvador, donde se han
recrudecido los reclamos para que una entidad pública se encargue de las
pensiones, el Gobierno cayó en 2017 en impago con las administradoras
privadas y tuvo que crear un “fondo solidario” e incrementar la
cotización de los trabajadores.
También en Colombia, donde el sistema
público es parte de un modelo paralelo, se está analizando una reforma,
criticada por supuestamente plantear un aumento de la edad de jubilación
y del porcentaje de aporte de los trabajadores.
Perú, con un modelo similar al colombiano, pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.
Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector
privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo;
mientras en el público, el 60 % no recibirá pensión por no haber
acumulado 20 años de aportes.
Ecuador, que acaba de superar una grave
crisis por protestas sociales, tiene su propio dilema por el temor de
algunos sectores a que se afecte la jubilación patronal, un derecho de
los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de
contratación que precaricen el empleo.
En tanto, el miedo en Honduras es que se
ponga en riesgo lo que recibirán los trabajadores, al permitir que
parte de los aportes se utilice para financiar los servicios de salud.
Mientras en Uruguay, donde funciona un
sistema mixto (Estado y privado), el representante de Pasivos del
estatal Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, señala que es necesaria
una reforma, pero dice que aumentar la edad de jubilación no tendrá un
impacto real.
EFE
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