.

.

Translate

domingo, 19 de enero de 2020

Nicolás Maduro busca controlar partidos de oposición para elecciones parlamentarias



Los diputados que se aliaron con el chavismo para imponer una directiva en la AN distinta a la de Juan Guaidó van tras las autoridades de los partidos de oposición. El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli sostuvo que un tribunal competente puede revisar el tema de las expulsiones de militantes pero que intervenir una directiva sería un exceso

El pasado jueves 16 de enero, un grupo de diputados que pertenecieron al partido Primero Justicia (PJ), acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar que les sean restituidas las garantías como militantes de esa organización política y además que se revise la situación de la junta directiva de la tolda aurinegra, cuyos principales dirigentes se encuentran en el exterior.


Horas antes, la directiva de PJ, por intermedio de Juan Pablo Guanipa, miembro de la Dirección Nacional del partido, había advertido que el grupo de los llamados “diputados CLAP” por las acusaciones de haber protegido a empresarios presuntamente involucrados en las irregularidades del programa alimentario del gobierno de Nicolás Maduro, iniciaría acciones hacerse con los símbolos de la organización y así poner bajo el control del Ejecutivo a esta tolda marcadamente opositora.
Previo a todo esto, en noviembre de 2019 el TSJ había devuelto de nuevo al partido Copei a la situación de intervenido con una junta ad hoc nombrada por el máximo tribunal de la República, a pesar de que meses antes esta instancia había zanjado la disputa interna que data de hace algunos años otorgándole la dirección  al sector encabezado por Mercedes Malavé y Pedro Pablo Fernández.

Irregular

La propia Malavé alertó que esto se hacía para controlar a la organización y hacerla acudir a un próximo evento electoral (posiblemente las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional) que se convocaría sin las debidas garantías y con lo que se buscaría legitimar un triunfo del chavismo en un proceso irregular.
Dado que en el conjunto de diputados CLAP hay parlamentarios que pertenecieron a partidos de oposición importantes como Voluntad Popular (Richard Arteaga, Guillermo Luces y Freddy Superlano), Un Nuevo Tiempo (William Barrientos, Héctor Vargas y Chaím Bucaram) y Acción Democrática (Negal Morales), la advertencia de Malavé cobró vigencia, ya que ninguna de estas organizaciones está dispuesta a concurrir a un evento electoral sin que se cumpla una serie de condiciones, la primera de las cuales es que la Asamblea Nacional designe un Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea confiable.
Este ha sido uno de los puntos defendidos por la oposición en las rondas de diálogo efectuados con el gobierno bajo los auspicios del gobierno de Noruega. Los sectores adversos a Nicolás Maduro lograron en 2015 la mayoría del Parlamento e incluso el número de escaños necesario (112) para realizar designaciones de rectores del máximo ente comicial, así como de magistrados al TSJ. Sin embargo, el TSJ dictaminó en enero de 2016 que se debía despojar de los efectos de la proclamación a cuatro diputados del estado Amazonas, tres de ellos de oposición, con lo que la oposición se vio imposibilitada de llevar a cabo los cambios.

Inquisición

Consultado por TalCual, luego de su comparecencia ante el TSJ, acerca de lo establecido en los estatutos de PJ en cuanto a que un militante que asume una posición distinta a la de la organización queda automáticamente autoexcluido de la tolda, el diputado ripostó que nunca se les hizo un proceso a quienes supuestamente cometieron la falta.
“¿Dónde se hizo un juicio?  ¿Dónde se conformó en la madrugada de ese primero de diciembre un tribunal disciplinario? Se conformó fue una junta de inquisición porque san Julio Borges cree que estamos en tiempos de la inquisición. Aquí en Venezuela tiene que prevalecer el debido proceso,  tiene que prevalecer el derecho a la defensa y la legítima defensa y la presunción de inocencia”, expresó Brito en esa oportunidad, en la que aseguró que cuentan con el apoyo de militantes de PJ en las diferentes regiones del país..
Añadió que se ha pretendido dañarles en lo moral. “Con eso pretendían creer que quebraban la rebelión (que habría en las regiones). Nosotros no somos chantajeables, digan lo que digan, sancionen lo que sancionen, seguimos adelante”.
Días antes, en entrevista con TalCual, el propio Luis Parra, a quien el chavismo reconoce como presidente de la AN, cuestionó en qué momento se votó para que el partido tuviera la línea de respaldar la opción de Juan Guaidó para presidir el Parlamento.
Luego de la votación para elegir la directiva, EEUU decidió dictar sanciones contra los diputados de partidos de oposición que se aliaron con el chavismo.

Competencia

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli explicó que más allá de lo adecuado o no del procedimiento para expulsar a algunos diputados de  sus respectivos partidos, lo más llamativo es que hayan acudido al TSJ, cuando debían hacerlo a un tribunal con competencia en lo electoral.
“Si la expulsión de los diputados de PJ es válida la respuesta está en los estatutos. Para hacerlo hay que aplicar el estatuto que está aprobado en el Consejo Nacional Electoral. No conozco cómo se instrumentó. Pareciera que un grupo de militantes de ese partido se pusieron en rebeldía ante las decisiones del partido. Es un problema de indisciplina en cuanto a una decisión administrativa de la AN; ahora, suponeinedo que las causales o procedimiento no fueron los adecuados, los afectados tienen derecho a acudir a los órganos competentes”, explicó Raffalli.

Expresó que no le parece que se trate de  un pleito que deba llegar en primera instancia al TSJ. “Creo que había que dirimirlo dentro del esquema natural de competencia judicial en materia electoral”, precisó.

Estructura legítima

En conversación con TalCual, Juan Pablo Guanipa, quien es el primer vicepresidente de la AN en la directiva que encabeza Juan Guaidó, aseguró que la organización cuenta con todos los avales para defenderse ante el Poder Judicial.
“Los diputados que se han ido del partido lo hicieron por una decisión de ellos, se autoexcluyeron, así lo dice claramente el artículo 11 de los estatutos del partido, por la actitud que tuvieron, la violación de valores y principios de PJ”, enfatizó el dirigente.
Insistió en que las autoridades de PJ están totalmente legitimadas, siendo su coordinador nacional Julio Borges, el coordinador adjunto Richard Mardo, y el secretario general es Tomás Guanipa.
“Lo importante es que hay una estructura totalmente legitimidad. Vamos a seguir luchando con PJ como herramienta. Podrán intentar tener las siglas de PJ pero nunca van a tener nuestra conciencia”, aseguró el parlamentario.

En términos similares se pronunció Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular. Ella coincidió en que un partido político es algo más que sedes físicas, símbolos y emblemas
“Aquí estamos todos los dirigentes y activistas de Voluntad Popular dándole nuestro respaldo a los hermanos de Primero Justicia, porque los partidos no son paredes ni sólo tarjetas; son redes humanas que hoy construyen y defienden derechos”, afirmó al acudir a la sede de PJ a manifestar su respaldo a esa organización y advertir del peligro que corren al resto de los partidos de oposición.
“Hoy más que nunca los militantes de cada partido estamos pujando la libertad de Venezuela y construyendo el país que todos queremos, apegados a nuestra Constitución y principios”, manifestó Bolívar en esa oportunidad.

Extralimitación

Para el abogado constitucionalista Juan Raffalli, la diatriba por una expulsión de militantes no debe conducir a quebrantar la directiva de una organización. “En ningún caso la impugnación de un individuo que se considere mal botado puede suplantar la directiva de toda la dirección de esa corporación o sociedad sin contar con la anuencia de los militantes, las asambleas y los órganos de decisión y participación”, detalló.
Desde su perspectiva, un tribunal no puede porque expulsaron a uno, expulsar a toda la directiva y nombrar otra. "Eso lo que implica es la intervención judicial de un partido político y es inconstitucional", detalló.
"Que vayan, impugnen y pidan medida de cautela para que se les permita seguir asistiendo a las asambleas del partido y seguir ejerciendo su derecho a postularse, pero no me pidas que el partido pierda su dirigencia natural, es un exceso que no debería estar incluido dentro de ninguna potestad de cautela del TSJ ni de ningún tribunal", agregó.

Secuestro

En medio de la polémica, el chavismo hace fiesta con las fracturas existentes en los partidos de oposición. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, deseó que pueda cambiar la directiva de PJ y el resto de los partidos, de los que dijo, los respectivos militantes están en situación de secuestro.
“Es un secuestro de 15 años que tiene Julio Borges, como el de Henry Ramos Allup en AD. Son incapaces de hacer elecciones internas. Es un problema de PJ, pero ellos son nulos en el mundo. Ellos se ven el ombligo y se creen lo mejorcito de la cuadra (pero) no le importa a nadie, a los militantes solamente. Ojalá de ahí salga una decisión para liberar del secuestro a los que están secuestrados. Desde que se robaron la plata de Pdvsa están secuestrados, la prueba es lo que se han robado de Citgo, Monómeros, se la han robado ellos, PJ, VP los adecos, Un Nuevo Tiempo”, expresó en una rueda de prensa el viernes 17 de enero.
En cuanto a los instrumentos de los respectivos partidos de oposición refirió que la situación de estos partidos es tan crítica que ya renunciaron a su tarjeta. “Ellos están postulando candidatos escondidos, lo hicieron con la tarjeta de la Unidad. Ellos sienten vergüenza por la organización política en la cual militan”, apuntó el dirigente pesuvista.

Exceso de poder

Para Juan Manuel Raffalli, si se concreta la intervención de las autoridades de PJ u otros partidos,  se estaría transgrediendo el derecho a la participación política, establecida en el artículo 62 de la Constitución, y del derecho que tienen los ciudadanos de asociarse con fines políticos, establecido en el 67.
Señaló que la disposición constitucional es que todos los ciudadanos pueden elegir mediante métodos democráticos, la organización, el funcionamiento, dirección y candidatos.
“Sería un exceso de poder cautelar que cualquier tribunal acoja semejante planteamiento”, acotó.
Hizo énfasis en que la acción contra PJ no se puede ver como un acto aislado, como pasó con Copei o con PPT. “Esto está imbricado en el ataque al Parlamento y la posibilidad de inhabilitar a una organización política para que participe en una elección parlamentaria. Por eso hablo del derecho a la participación y lo estás haciendo con uno de los partidos de oposición más vigoroso”, advirtió.
“Se trata de la manipulación de la institucionalidad y de la Constitución para tratar de vulnerar el derecho de participación y asociación política a partidos que tienen una posición opuesta al régimen. El resultado de esta viveza va a ser más pronunciamientos internacionales en contra, más sanciones para Venezuela, seguir además llevando agua al molino de que en Venezuela se ejerce el poder de manera antidemocrática e inconstitucional. No hay manera de hacer una oposición política verdadera ni de hacer elecciones libres y justas”, concluyó el constitucionalista.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.