Los factores de oposición dentro de la llamada ‘Mesa de Diálogo Nacional’ han hecho varias propuestas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) referidas a las condiciones que deberían cumplir los próximos procesos electorales una vez se escoja un nuevo CNE
El 16 de septiembre de 2019, el país recibía la noticia de una nueva iniciativa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Con un formato parecido al que se ha utilizado en otros años, el gobernante venezolano cambió la cara de sus interlocutores, pues en lugar del llamado G4 opositor (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), se sentó con representantes de partidos minoritarios que se han sentido excluidos de las grandes decisiones políticas del país.
Con la mira en puntos álgidos como liberaciones de presos políticos, sanciones y próximos eventos electorales, la llamada “mesita” concretó varias mesas técnicas para plantear sus puntos de vista y lograr acuerdos entre todas las partes.
Cambios en el sistema electoral y mecanismos de cumplimiento de garantías son las principales exigencias desde el sector opositor para llevar a cabo nuevas elecciones en el país, pero todo pasa por la escogencia de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), un proceso que según la Constitución en su artículo 296 corresponde a la Asamblea Nacional (AN).
Luego del retorno de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al parlamento venezolano, como parte de un acuerdo de la “mesita”, desde todas las organizaciones políticas se habló de la necesidad de conformar un nuevo CNE que iniciara las reformas necesarias para dar la suficiente confianza a los venezolanos de participar nuevamente en elecciones.
Por ello el 12 de noviembre, el presidente de la AN, Juan Guaidó, propuso la conformación de la comisión preliminar de postulaciones, el primer paso para avanzar en el nombramiento de nuevos rectores del CNE.
La comisión preliminar de postulaciones electorales quedó conformada por 11 diputados: seis de la oposición, cuatro del PSUV y Franklyn Duarte, uno de los parlamentarios que se autojuramentó el 5 de enero como parte de la directiva de la AN en un proceso viciado.
Para conformar el Comité de Postulaciones hace falta la integración de 10 representantes de la sociedad civil, que serán elegidos el miércoles 26 de febrero. Desde mediados de diciembre de 2019, los parlamentarios del PSUV y la oposición no se reunían para concertar una estrategia conjunta a la hora de elegir los nuevos rectores del CNE, algo en lo que han insistido por separado.
A la confrontación y el trabajo de la “mesita” se le suma el reconocimiento de la junta directiva de Juan Guaidó o las reuniones que preside Luis Parra. Por esto, una de las soluciones que se han planteado desde la mesa técnica electoral es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre en la ecuación y resuelva el nombramiento de los rectores por la vía de la “omisión legislativa”.
“Está resuelto de pedirle al TSJ que haga uso de la omisión legislativa, en vista de que la Asamblea Nacional no podrá elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral por la división que tienen. La elección de un nuevo CNE es imprescindible si queremos hacer unas elecciones en condiciones distintas de las que se han venido haciendo y con la suficiente participación y respaldo de la ciudadanía”, asegura Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) y representante de su partido en la mesa técnica electoral.
La omisión legislativa a la que alude Meléndez ocurre cuando una autoridad se abstiene de dictar una norma o ejercer una potestad que está obligada a dictar. En el caso del poder Legislativo, la Constitución faculta al TSJ para "Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.
Es decir, el TSJ asume las funciones de la Asamblea Nacional y puede proceder a nombrar nuevos rectores para el CNE. Para que la omisión legislativa ocurra, es necesario que se haya instalado el Comité de Postulaciones Electorales y complete todos los procesos previstos en la ley, cosa que no ha ocurrido.
Pero a juicio de Segundo Meléndez la omisión legislativa “ya está configurada”, debido a que desde el año pasado se espera la conformación del Comité de Postulaciones Electorales y que ninguna “de las dos directivas que tiene la Asamblea ahorita están validadas. No se sabe cuál es la mayoría”.
Sobre este punto, el presidente del MAS recuerda que hicieron una solicitud para que se convocaran a estas dos asambleas y dirimir este punto “pero no hay voluntad para ello. En consecuencia, no podrá ser ninguno de los dos grupos que reclama la dirección de la Asamblea Nacional quienes configuren una comisión que pueda concluir en la elección de un CNE”.
El MAS y el resto de los partidos de oposición, luego de determinar quién nombrará a esos nuevos rectores, ahora procuran que el trabajo del TSJ tenga un camino allanado a la hora de nombrar esos representantes del poder Electoral.
Por ello también plantearon que el Tribunal Supremo pueda recibir una lista de candidatos “que puedan tener el mayor consenso posible”, asegura Meléndez, “sin excluir a nadie que quiera participar. Si la gente de la Asamblea quieren participar en esa selección, pues bienvenidos. Eso se resolverá en la oportunidad correspondiente”.
El dirigente del MAS también comentó que dentro de esa mesa técnica electoral han revisado los nombres de algunos de esos candidatos de amplio consenso entre oficialismo y oposición, además de grupos sociales. “Pero esos nombres se someterán a revisión de quien quiera participar. En última instancia, será el TSJ el que decidirá”.
Condiciones que importan
La posibilidad de que la oposición venezolana acuda a nuevos procesos electorales compitiendo contra el oficialismo no solo depende de un nuevo CNE. Como han dejado claro todos los sectores de la oposición, las condiciones que se logren a partir del nombramiento de nuevos rectores del poder Electoral serán importantes para validar cualquier elección.
Dentro de la “mesita” se ha planteado a Jorge Rodríguez, representante del PSUV para este tema, que debe haber cambios en el sistema electoral y garantías plenas para consolidar su participación.
Uno de los temas planteados es que se garantice la representación proporcional en el caso de ir a unas elecciones parlamentarias, que según lo previsto en la Constitución se deberían realizar este año.
"Bien el TSJ o ya el propio Consejo Nacional Electoral deben informar sobre los mecanismos que se implementarán para hacer cumplir estrictamente lo que dice la Constitución", dice Segundo Meléndez, del MAS.
Una fuente del PSUV dentro de la mesita confirmó a TalCual que están dispuestos a modificar las leyes necesarias o que sea la nueva junta directiva del CNE la que implemente esos mecanismos para la representación proporcional. El mecanismo propuesto desde ese espacio de diálogo todavía no está definido, por lo que se pasean entre el aumento de las listas o cambio de circunscripciones.
"Nosotros estamos conversando para resolver este y otros temas, pero en el plano electoral se ha avanzado. Hay acuerdos, algunos todavía no son concretos pero seguimos en el diálogo", comenta la fuente.
Además, como mecanismos de cumplimiento de garantías se propone la prohibición al Estado de intervenir en las campañas electorales con el objetivo de evitar ventajismos, eliminar los puntos de control de electores (puntos rojos), la autonomía de las mesas de votación y que se cumplan las auditorías previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Lo que ha hecho la AN
Desde la instalación de la comisión preliminar de postulaciones, los 11 parlamentarios que componen esta instancia se han reunido en nueve oportunidades, pese a que luego de la autojuramentación de Luis Parra el 5 de enero con apoyo del PSUV, las relaciones se complicaron entre Ángel Medina (representante opositor), Julio Chávez (dirigente del oficialismo) y Franklyn Duarte.
A pesar de que se convocó a las postulaciones de la sociedad civil interesada en conformar el Comité -en dos semanas se recibieron 73 currículos-, los diputados del oficialismo y Duarte no participaron en ninguna de esas reuniones. El 20 de febrero se reunieron nuevamente en el Palacio Federal Legislativo y en un corto encuentro al cual la prensa no tuvo acceso ni para hacer fotos, se decidió que el miércoles 26 se realizaría la selección de candidatos para someterlo a votación de todos los diputados.
Aquí el juego se tranca nuevamente, pues mientras Medina y otros cinco diputados solo reconocen como presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó, el resto participa en las reuniones convocadas por Luis Parra. Incluso el parlamentario Julio Chávez enfatizó que será ante el Parlamento "que sesione en el Palacio Federal Legislativo y no ante cualquier convocatoria en una plaza" donde presentarán el informe de esta comisión preliminar.
Chávez también dijo a los medios que estos nuevos avances dentro de la AN fueron informados oportunamente a la mesita de diálogo, con quiénes tienes "canales regulares" de comunicación.
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