Un año y casi tres semanas después de los violentos ataques contra las poblaciones indígenas del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, durante los días 22 y 23 de febrero de 2019, las organizaciones Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights presentaron el pasado jueves 12 de marzo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela por su presunta responsabilidad en los hechos.
Por Carolina Valladares / voanoticias.com
El escrito remitido a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, señala que los ataques “perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas” contra los pobladores de las localidades de Kumarakapay y Santa Elena, y que causaron la muerte a ocho personas y dejaron 56 más con heridas de bala en el marco del intento de entrada de ayuda humanitaria, constituyen una violación a los derechos humanos.
En entrevista con Venezuela 360, Angelita Baeyens, directora del programa de Incidencia y Litigio Internacional de Robert F. Kennedy Human Rights, aseguró que “son hechos muy graves. Estamos hablando de una represión violenta y letal contra una población que se estaba manifestando pacíficamente, sin armas, y que además en su mayoría son pertenecientes a la etnia Pemón, pueblos indígenas que estaban en sus territorios y que estaban manifestándose”.
Según el relato de los testigos a los que ha tenido acceso la Voz de América, en la madrugada del 22 de febrero de 2019, varios convoyes de las fuerzas armadas bolivarianas ingresaron en Kumarakapai, cerca de la frontera con Brasil, después de que los aborígenes mostraran su rechazo a los planes de Nicolás Maduro de no permitir el ingreso de ayuda humanitaria.
De acuerdo a esta versión de los hechos, los uniformados habrían empezado a disparar cuando un grupo de Pemones ocupó la vía para obstaculizar el avance de la caravana militar, llegando a retener el último de los vehículos militares. Según la denuncia interpuesta ante la CIDH, tres personas fallecieron en el ataque en Kumarakapay, y otras 13 resultaron heridas. Sin embargo, el pasado 11 de marzo, fallecía uno de los heridos, el Oemón Onésimo Fernández, por la lesión en la médula espinal que durante un año lo sumió en la paraplejia tras recibir un balazo, situando el balance en cuatro fallecidos y 12 lesionados.
En la madrugada del 23 de febrero de 2019, a pocos kilómetros de Kumarakapay, en Santa Elena de Uarién, según los mismas fuentes consultadas por la Voz de América, integrantes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas habrían disparado contra los residentes cuando protestaban por el ataque del día anterior en Kumarakapay, dejando cuatro aborígenes muertos y casi 50 heridos.
En entrevista telefónica con Venezuela 360, el abogado y coordinador del Foro Penal para los pueblos indígenas, Olnar Ortiz, quien fue testigo de los hechos violentos en Santa Elena, relató los momentos vividos el 23 de febrero.
“Las personas que nos encontrábamos en Santa Elena decidimos llegar a la línea fronteriza, al escamote, porque aquí estaba un contingente del ejército venezolano, y es cuando empieza el ataque. La primera persona que cae herida es una mujer que logra ser trasladada al hospital. Y desde allí fue una situación complicada porque empiezan los disparos, no solamente de armas cortas, sino también de armas largas, porque se escuchaban las ráfagas y todos empezamos a correr para resguardar nuestras vidas”, describió a la periodista Carolina Valladares, de la Voz de América.
Olnar Ortiz, es además uno de los beneficiados de la resolución de la CIDH adoptada el 28 de febrero de 2019 y mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de indígenas de la etnia Pemón tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según Ortiz, casi mil indígenas de 14 comunidades han sido desplazados a Brasil para escapar de una presunta persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
Video VOA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.