Contra las objeciones de los técnicos pero con el favor de Elías Jaua, el Chávez manirroto de 2010 aprobó una asignación de más de 18 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano para recoger los árboles derribados por un huracán en Nicaragua y convertirlos en el germinador de un emporio maderero con vocación ambientalista y comunitaria. El dinero se desembolsó pero más nada se hizo realidad. Mientras el proyecto se privatizó en el sitio con un ánimo depredador que arrasó la selva, a Venezuela no llegó ni un tablón de madera ni un dólar de retorno.
Por ISAYÉN HERRERA / OCTAVIO ENRÍQUEZ / armando.info
Casi tres años después del paso iracundo del huracán Félix por Nicaragua en 2007, que dejó más de un centenar de muertos y 130 desaparecidos, llegó una buena noticia al noroeste del país, la región más castigada por el desastre. Un proyecto altruista y de vocación ambientalista se proponía rescatar -a través del trabajo y la inversión- una de las zonas más pobres y extensas de esa nación, ya de por sí pobre, de Centroamérica.
El benefactor no era otro que el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, que en 2010 se paladeaba con los altos precios del petróleo y controlaba a la perfección los hilos políticos e institucionales de Venezuela. Era también la época en la que consolidó decenas de alianzas con otros países y gobiernos gracias a su verbo rompedor y abultada chequera.
Entonces Chávez decía que sí a todo lo que pretendiera ayudar a un “país hermano” y potencial aliado. Así que, en 2009, Elías Jaua, para el momento ministro de Agricultura y Tierras, no debió esforzarse mucho para convencer al comandante bolivariano de que aprobara el financiamiento para un proyecto que permitiría el país centroamericano aprovechar la madera caída -literalmente, la que quedó en el piso- tras el paso de aquel huracán. El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que aportaría 500.000 plantas al año para la reforestación de la zona devastada de la costa Caribe Norte de Nicaragua.
En Nicaragua, uno de los principales operadores políticos del presidente Daniel Ortega, Lumberto Campbell, no dudó en atribuirse la autoría y ejecución de la iniciativa. Campbell, quien en la actualidad ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde 2014, y la presidencia de ese mismo organismo de manera interina desde 2018, fue objeto en noviembre de 2019 de sanciones por la Oficina de Control de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”. .
El plan del que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua desplazó un proyecto similar llamado Raya Ka Raya, que 41 miembros del Consejo Regional Autónomo de la Región del Atlántico Norte aprobaron en marzo de 2008, un año antes de que Jaua planteara la idea a Chávez. El trabajo comunitario preveía una inversión inicial de 300 millones de dólares para extraer durante 30 años la madera disponible en la región y debía comenzar precisamente por el recurso forestal talado por el huracán. La compañía nicaragüense que ya estaba trabajando en el proyecto había sido financiada por el grupo de inversionistas estadounidenses Baxter & Lewis.
A la postre, el proyecto venezolano se impondría. Dinero tampoco parecía faltarle. Pero por lo demás era una oda al voluntarismo y la improvisación. Poco se pensó en el estado verdadero en el que se encontraría la madera a dos años de haber sido derribada, o en las intrincadas condiciones de acceso al vasto bosque para poder sacarla. Estos dos obstáculos fueron fundamentales para que la ayuda venezolana se convirtiera en un coto cerrado donde la triada Estado-partido-familia de Ortega generó un proceso de corrupción, tráfico de influencia y daño ambiental alrededor de la madera.
En abril de 2010 Hugo Chávez estampó su firma aprobatoria en el documento que asignaba 18,85 millones de dólares para recuperar la madera. Puso “muy urgente” en su orden ejecutiva, en la que disponía de recursos del llamado Fondo Chino. Pero todavía habrían de transcurrir dos años más antes de que se activara el proyecto.
Primero fue preciso registrar una persona jurídica, Alba Forestal, una empresa con capital mixto que se creó en 2012. Esta empresa tenía como socios a Alba Alimentos, S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua, SA. (Albanisa), ambas empresas venezolano – nicaragüenses, y también piezas del esquema creado para manejar -y al final, privatizar- la cooperación entre ambos países con financiamiento venezolano.
“Nicaragua reembolsará a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, quedando el uso de los excedentes obtenidos a disposición del Comandante Presidente para su inversión en proyectos socialistas de interés para nuestros pueblos”, prometía el anteproyecto presentado por Jaua al mandatario venezolano, según consta en documentos obtenidos por Armando.info. Pero de ese reembolso no habría jamás noticia.
Hasta su muerte en 2013, Chávez mantuvo una relación estrecha con el caudillismo de Ortega y giró, según el Banco Central de Nicaragua, más de 2.800 millones de dólares en cooperación, canalizada a través de Alba de Nicaragua, la empresa madre del resto de negocios realizados con dinero venezolano en áreas claves como energía e hidrocarburos.
Más detalles en Armando.info
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