El observatorio indígena Kapé Kapé denunció la impunidad que gira en torno al asesinato de dos indígenas ye’kwanas por parte de mineros ilegales pertenecientes a un grupo armado vinculado a la minería ilegal (sindicato). El suceso ocurrió en la zona minera Bullita del sector Salto La Puerta, en la boca del río Yuruaní con el río Caura del municipio Sucre en el estado Bolívar, el miércoles 6 de mayo.
Hasta ahora, el observatorio indígena confirmó 3 víctimas: Cristian Flores, Franke Sarmiento y una persona sin identificar que era trabajador informal. Kapé Kapé informó que se trató de una emboscada organizada por sindicatos mineros contra la Guardia Indígena del Caura.
El grupo de trabajo socioambiental Wataniba reportó que aún no han rescatado los cuerpos debido al control de la zona de estos grupos violentos. Fueron 13 ye’kwanas, un pemón y un sanoma los atacados, quienes lograron sobrevivir huyeron a la selva sin alimentos ni pertrechos. Además, solicitó al Estado realizar una investigación efectiva e imparcial para determinar responsabilidades en el asesinato de los ye’kwanas.
Según la información proporcionada por Wataniba, la coordinación Kuyujani Ye’kwana – Sonema de la cuenca del río Orinoco denunció ante las autoridades competentes la amenaza de entrada a la fuerza de los grupos armados días antes de lo sucedido, sin embargo, no obtuvieron respuestas.
Hay 53 comunidades que viven entre Caura y Erebato en riesgo de ser víctimas de ataques violentos como este sin que el Estado venezolano intervenga para protegerlos. Los grupos armados vinculados a la minería ilegal llevan al menos 7 años en la zona.
Sin acciones legales contundentes
Kapé Kapé denunció en un comunicado emitido el 7 de abril, que más de 20 indígenas han muerto en contextos violentos vinculados a la extracción aurífera ilegal en los últimos 2 años.
“A la luz de los hechos y las acciones cada vez más sangrientas y crueles que estos grupos ejercen en contra de los pueblos indígenas que habitan estos territorios de manera legítima, Kapé Kapé exige que esta barbarie no quede nuevamente impune”, versó el documento.
Una de las maneras de reducir la incidencia de la violencia en estos territorios es la demarcación de los mismos, el reconocimiento de los espacios que son de los indígenas como herencia ancestral. Nicolás Maduro reprobó el proceso de demarcación del territorio de estas familias indígenas en el Caura. Kuyujani había presentado el expediente en 2001 ante la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitats y Tierras Indígenas y en 2005 la comisión había aprobado el proceso.
La demarcación permite establecer protocolos de consulta previa libre e informada cuando se plantee la necesidad de llevar a cabo proyectos de interés nacional cuyas decisiones los involucre directamente, de lo contrario, sus territorios, y en consecuencia, sus vidas, continuarán sujetas a la discrecionalidad de políticas que pueden perjudicarlos, y a merced de grupos armados vinculados a la minería (sindicatos).
En este sentido, Wataniba exige al Estado retomar con urgencia el proceso de demarcación de habitats y tierras indígenas en la cuenca del río Caura, garantizar la integridad física y cultural de los pueblos Ye’kwana y Sanoma, ante la actividad minera en la zona y la presencia de grupos armados e implementar medidas efectivas para controlar la minería ilegal en la zona iniciando por el desalojo de los grupos mineros y el control de la presencia y actuación de los sindicatos mineros en territorios habitados por indígenas.
La organización denuncia un aumento de la actividad minera ilegal en su territorio en los últimos años que ha tenido un negativo impacto ambiental, sociocultural y sanitario. Además, la movilización constante de los mineros dentro de las comunidades indígenas aumenta el riesgo de contagio por la COVID-19 en esta población. Aunque no hay medidas específicas indicadas para la protección de comunidades indígenas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recomendado el aislamiento completo.
A inicios de abril, la coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) exigió ocho acciones a los países amazónicos para garantizar la protección y supervivencia de los pueblos indígenas históricamente desatendidos durante la pandemia del nuevo coronavirus. Ese mismo mes, comunidades indígenas de la Gran Sabana exigieron el refuerzo de la prevención sanitaria y ayuda alimentaria.
Wataniba exige que los territorios indígenas sean áreas libres de actividad minera ilegal, y de la presencia del sindicato minero, honrando el Plan Caura, creado en 2010 para la protección del territorio, y la creación del Parque Nacional Caura, en 2017 para proteger el territorio de forma integral.
La organización Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos también rechazó la violencia continua en las zonas mineras de Venezuela, especialmente en la Amazonía. Además subrayó que los derechos humanos van de la mano con la garantía de los derechos ambientales, por lo que debe abrirse paso a la implementación de un programa para la atención de las víctimas de la violencia y la contaminación por mercurio así como implementar estrategias para la sostenibilidad, proceso que debe nacer de la participación democrática de todos los actores involucrados.
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