Nuestro absoluto rechazo por la desición del Tribunal 21º en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra los directivos de DIRECTV Venezuela, Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, en el proceso que se sigue en su contra por la presunta comisión en grado de coautoría de los delitos de estafa agravada, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir .
La empresa DIRECTV Venezuela había decidido el 19 de mayo de 2020 que cesaría sus operaciones en Venezuela fruto de las exigencias regulatorias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones .
Esta decisión se enmarca en una política emprendida por el régimen de facto de Nicolás Maduro de persecución contra la referida empresa, que inició con la orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de la usurpación de tomar por la fuerza los bienes muebles e inmuebles de la compañía y de restituir el servicio , la emisión de una orden de captura contra los gerentes de la empresa , la efectiva detención de dichos gerentes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) , y que se concreta con el seguimiento de un proceso penal en su contra.
La medida privativa de libertad dictada contra estos directivos es violatoria derechos humanos y garantías consagradas en nuestra Constitución, entre ellas, la garantía del debido proceso, en la medida en que no garantiza un juicio en libertad y utiliza un proceso penal como una medida de persecución política; y el derecho a la libertad de asociación y libertades económicas, laborales y empresariales, pues condena a los directivos de DIRECTV Venezuela a un juicio en privación de libertad por el delito asociación para delinquir únicamente por su vinculación a la empresa, además persiguiendo penalmente a estos trabajadores por una decisión empresarial que a la luz de nuestra Constitución se encuentra protegida. Este proceso, además, es absolutamente innecesario, pues perseguir penalmente a los directivos de la empresa no hará que se restituya el servicio ni que se restauren las operaciones de DIRECTV en Venezuela: queda entonces evidencia el régimen de facto que utilizan el aparataje judicial del Estado como un instrumento de represión política.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas denuncia a la comunidad internacional y opinión pública el carácter manifiestamente contrario a los Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Constitución y en pactos internacionales suscritos y ratificados por la República, que reviste esta medida de persecución política y económica emprendida por el gobierno usurpatorio en contra de la empresa DIRECTV Veneuzela y sus trabajadores. Hacemos de conocimiento de los organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a la opinión pública, la política reiterativamente violatoria de los Derechos Humanos del régimen de Nicolás Maduro Moros, a quien reiteramos su obligación de prevenir, impedir y garantizar la no repetición de prácticas iguales o similares a las ejecutadas hasta la fecha.
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