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sábado, 27 de junio de 2020

Régimen desembolsó más de 50 millones de euros por la «operación Alacrán»


operación Alacrán




El informe preliminar sobre la «operación Alacrán» se presentará en los próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional

Entre 50 y 60 millones de euros es el monto estimado total que el régimen de Nicolás Maduro desembolsó por la llamada «operación Alacrán», una trama de sobornos a diputados para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y restarle votos a Juan Guaidó y evitar su reelección en enero de 2020.



Así se desprende del informe preliminar aprobado por la Comisión permanente de Contraloría este viernes 26 de junio. El diputado José Prat (La Causa R- Bolívar), presidente de esta instancia parlamentaria, destacó que se realizaron cinco sesiones para recabar testimonios de parlamentarios y dirigentes políticos «quienes aportaron información sobre qué montos se ofrecía, los términos para esto, además de amenazas y extorsiones para lograr un cambio en la correlación de las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional».
Prat recordó que la «operación Alacrán» fue una trama donde «hubo sobornos e intentos de sobornos por parte de diputados, en coninvencia con personeros del régimen». La Comisión de Contraloría logró establecer que a los parlamentarios se les ofrecieron entre $750.000 y un millón de dólares, y el costo final fue de entre 50 y 60 millones de euros.
El informe, de 80 páginas, contiene documentación fotográfica y audios que, según comentó el presidente de Contraloría, «constata también la relación de familiares de algunos diputados que efectivamente fueron sobornados en esta operación».
«Incluso se otorgaban comisiones para aquellos que consiguieran mayor cantidad de diputados», señaló Prat, al tiempo que señaló como financiadores directos de la operación a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, David de Lima y el exdiputado Francisco Torrealba.
El informe preliminar sobre la «operación Alacrán» se presentará en los próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Entre las recomendaciones figura que se establezcan las sanciones y responsabilidades penales correspondientes cuando se tengan un sistema judicial independiente.
«Hubo un grupo de diputados que se prestaron a estas maniobras, pero también hubo una gran mayoría de diputados que no se prestaron a estas práticas pese al dinero ofrecido», afirmó Prat.
Otra de las solicitudes es que la comisión especial, presidida por el diputado Edgar Zambrano, entregue el informe especial sobre la intervención y presuntas irregularidades cometidas dentro de la Comisión de Contraloría en 2019.

Propuesta contra la corrupción

Durante la sesión ordinaria de la Comisión permanente de Contraloría, la directora ejecutiva de Tranparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, tuvo un derecho de palabra solicitado por la diputada Sandra Flores e hizo una propuesta sobre la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad.
Durante su intervención, la directora de Transparencia Venezuela señaló que la corrupción en Venezuela en los últimos 17 años ha superado los niveles conocidos. «Hablamos de gran corrupción en Venezuela, basados en terminos de Naciones Unidas y sus oficinas. Pero otras organizaciones internacionales refieren que hablar de gran corrupción en Venezuela se queda corto».
De Freitas detalló que han podido identificar 69 países donde hay presencia de la corrupción venezolana, además de 78 casos en 20 países «que están investigando, procesando y judicializando casos relacionados con corrupción venezolana».
En estos 78 casos hay casi 30 mil millones de dólares que están involucrados, monto que puede aumentar debido a que hay varios países que no han informado el monto del capital involucrado, resaltó la directora de Transparencia Venezuela.
La organización también ha podido identificar 7.500 venezolanos que han sido nombrados o involucrados en casos de corrupción en diferentes países.
Por ello la directora de Transparencia Venezuela resaltó que, debido al quiebre de la insitucionalidad y los óganos encargados de investigar estos delitos, es necesario que en el país se implemente mecanismos híbridos de justicia «para sancionar y evitar la impunidad».
De Freitas indicó que, a diferencia de Guatemala y Honduras donde hay apoyo de la institucionalidad de esos países para sancionar la corrupción, en Venezuela se propone que una Comisión Internacional contra la corrupción e Impunidad tenga una duración de al menos 15 años y «donde haya un equipo de tres personas internacionales que dirijan esta institución, con apoyo de organismos internacionales, y con un equipo multidisciplinario para generar la confianza que el país necesita para acabar con la corrupción y la impunidad».
Además plantean una Unidad de Recuperación de Activos y la creación de una Unidad de Coordinación con la Cancillería, pues esa instancia sería importante para proteger bienes de la República en muchos países que están judicializando casos de corrupción donde hay dinero venezolano involucrado.
De Freitas resaltó que estas son propuestas que pueden institucionalizarse una vez se de un cambio político, pero que son necesarias construirlar e involucrar a la población «en la construcción de exigencias».

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