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jueves, 30 de julio de 2020

Cajas CLAP: un gran negocio sustentado 100% en productos importados


CLAP




Algunas estimaciones de Ciudadanía en Acción indican que en enero de 2019 el peso de las cajas CLAP era de 15,5 kilos, pero al cierre de ese año se acercaba a los 10 kilos. Además de tener menos peso, el aporte nutricional se contrajo

De acuerdo con una nota publicada por el portal web La Gran Aldea, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son armados con una gran cantidad de productos extranjeros, ante la destrucción, por parte del régimen, de la producción nacional.


Dicho programa social, lejos de ayudar a resolver la situación alimenticia que sufre el país actualmente, ha servido para potenciar el control estatal y el enriquecimiento de unos pocos con el hambre de los venezolanos, ya que nació como parte de una arremetida del chavismo para impedir nuevas derrotas electorales como la ocurrida en las parlamentarias de diciembre de 2015.

Según videos y fotos que circulan por las redes sociales, donde se expone el contenido de las cajas y bolsas que el régimen venezolano reparte a precios subsidiados: harina de maíz “Reina Arepa” de Brasil; espaguetis “Primavera” de Turquía; azúcar “Hiperclaro” de Brasil, y arroz de Guyana “Simply Rice”, despuntan entre los productos que muestran los “beneficiados” por el plan social del chavismo. No hay productos nacionales, ni siquiera de las empresas de alimentos que el Estado expropió.

*Lea también: «Compras de alimentos por terminal de cédula no acabará con propagación de la pandemia»

Aun así, e incluso en medio de la merma abismal de ingresos que experimenta la nación por la disminución de la producción y de las exportaciones petroleras, entre otras causas, las autoridades siguen privilegiando la presencia de productos “importados” en las cajas CLAP.

La investigación realizada por La Gran Aldea algunos de los productos recientemente distribuidos forman parte de la “oferta CLAP” al menos desde 2018, pero otras “marcas” son de reciente aparición. No hay claridad sobre las operaciones que se hacen actualmente para la llegada de estos productos al país, aunque ha sido larga la historia de pactos, convenios y triangulaciones acordadas por las autoridades a lo largo de estos cuatro años, junto a sus operadores estratégicos, para sostener lo que se conoce como “el negocio de los CLAP”.

Negocio, control y hambre

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han servido enriquecer a unos pocos con el hambre de los venezolanos, no para potenciar la producción nacional de alimentos; como bien lo evidencian los pocos rubros que se distribuyen y, en consecuencia, no ha ayudado a reactivar la economía ni a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Algunas estimaciones de Ciudadanía en Acción indican que en enero de 2019 el peso de las cajas CLAP era de 15,5 kilos, pero al cierre de ese año se acercaba a los 10 kilos. Además de tener menos peso, el aporte nutricional se contrajo.

De acuerdo con la ONG, las cajas CLAP aportaban 27,79% del requerimiento familiar de 2.500 kilocalorías, pero al cierre de 2019 solo proporcionaban el 10%.

Otros de sus datos señalan que la frecuencia de las entregas pasó de cada 33 a cada 48 días, y el volumen de unidades o cajas repartidas se contrajo de 6 millones a 2,5 millones mensuales.

La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) muestra que en 2018 el 88% de los hogares estaban registrados en el programa CLAP y recibieron en alguna oportunidad este beneficio, pero en 2019 la proporción de hogares subió a 92%. Esto pasaba mientras la pobreza se potenciaba en el país.

Sin embargo, también Encovi determinó que este programa, así como otras transferencias públicas, solo ha reducido en 1,5% la pobreza extrema.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Venezuela se cuenta entre los países más afectados por el aumento del hambre, un riesgo que se potencia por los efectos del coronavirus a nivel global. Ya en el primer trimestre del año, antes de la expansión del Covid-19, lanzó su informe de alerta temprana sobre seguridad alimentaria y agricultura, donde se advirtió que Venezuela debía implementar medidas para compensar el déficit de producción de alimentos.

Esas medidas no se han adoptado, al contrario. La política oficial estimula la importación, mientras acorrala y cerca la producción local. Basta recordar que 4 millones de hectáreas fueron objeto de tomas y expropiaciones entre 2004 y 2012, se aplicaron controles de todo tipo y se dejó sin protección al campo, por mencionar algunos factores que han atentado contra el sector.

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) estima que en 2020 las cosechas serán parecidas a las de inicios de los años ‘70, colocando en mínimos la producción que tan solo podrá atender cerca de 20% de las necesidades de todos los venezolanos.

El país, que desde 2015 se encuentra en situación de Emergencia Humanitaria Compleja, ha llegado al punto de que diversas organizaciones claman para que se permita el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos de la ONU no solo para atender las urgentes necesidades de la población, sino para ayudar a restablecer las capacidades productivas de la nación.

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