Publicado julio 11, 2020
De forma individual o por medio de las fracciones, los diputados han denunciado la falta de transparencia en decisiones de la Asamblea Nacional que involucran al gobierno interino
La opacidad se ha hecho regla en todas las instituciones que maneja el régimen venezolano. Sin conocer presupuesto nacional, sin un boletín epidemiológico (tan importante en tiempos de covid-19) o sin conocer las cifras de densidad poblacional. Así se maneja el chavismo.
Pero la Asamblea Nacional, la que maneja Juan Guaidó, parece estar replicando estas malas prácticas. Hasta 2018 era posible obtener para los periodistas los proyectos de acuerdos a discutir, así como los borradores de leyes que se fraguaban en los espacios del Palacio Federal Legislativo. La asunción de Guaidó junto al mantra del cese de la usuparción le ha dado más importancia a las discusiones que a la transparencia e información, incluso a sus mismos legisladores.
Las denuncias de la fracción 16 de julio, de uno que otro diputado de los grandes partidos, debieron prender las alarmas a la gestión de Guaidó sobre la falta de información de sus movimientos, tanto políticos como los que involucran dinero recuperado y que pertenece al Estado venezolano.
Nombramiento de juntas directivas ad hoc sin conocer los perfiles o el proceso de escogencia de sus integrantes, de contratos y licitaciones son algunos de los reclamos de sus parlamentarios. A finales de enero de este año, Primero Justicia se opuso y salvó su voto ante una solicitud de Guaidó de aumentar el fondo para cancelar litigios en el exterior, apoyados por Acción Democrática que reclamó un debate sobre el asunto.
Recientemente, la fracción 16 de julio ha reclamado por los cambios en las juntas ad hoc de Pdvsa y Citgo, pues no han obtenido información sobre los perfiles de los candidatos que ha propuesto el interino. También solicitaron de forma pública que se informe sobre la colocación de notas de Citgo, así como el destino de donaciones que ha hecho la filial de Pdvsa en Estados Unidos.
Lo que no ha reclamado ninguna de las fracciones es la falta de información sobre un contrato de servicios financieros, aprobado por los diputados el martes 7 de julio, y que permitiría al gobierno interino suscribir un acuerdo con una empresa de capital de riesgo estadounidense para que sirva como administrador y agente de desembolso de 80 millones de dólares, con los cuales se cancelaría, entre otros proyectos, el bono «héroes de la salud» para el personal sanitario venezolano.
Tan solo el diputado Robert Alcalá (Acción Democratica-Sucre), se abstuvo de aprobar este contrato al manifestar publicamente «no tener información» sobre el asunto. Y es que todo el entramado de solicitudes para poder acceder a esos 80 millones de dólares, que se encuentran depositados en una cuenta del Banco Central de Venezuela (BCV) en Estados Unidos, ha sido opaca.
El 23 de junio pasado, la Asamblea Nacional también aprobó un «acuerdo de voluntades» entre la junta ad hoc del BCV y el gobierno interino para poder realizar un préstamo por ese monto. A pesar que se informó a los medios que dicho acuerdo sería publicado en Gaceta Legislativa, al momento de escribir estas líneas (9 de julio a las 10:17 pm) no se ha materializado.
La última Gaceta Legislativa publicada en la página de la Asamblea Nacional es de fecha 22 de abril. Captura Asamblea Nacional
Este jueves 9 de julio solo se entregó la comunicación de Juan Guaidó, en su posición de mandatario interino, donde se informa sobre el «acuerdo de voluntades» y algunos datos sobre los términos en que se estableció dicho préstamo. Volviendo a la contratación de una empresa de servicios financieros, tampoco se conoce cómo fue el proceso de escogencia pues no fue informado publicamente en las sesiones. Solo consta en una nota de prensa elaborada desde la Asamblea Nacional.
Incluso, el bono «héroes de la salud» y su costo total no han sido presentados como un proyecto a ser ejecutado dentro del «fondo especial para la liberación nacional y atención de riesgo vital» (al cual se destina el préstamo de $80 millones).
Otra deuda del Parlamento con respecto a la transparencia tiene que ver con la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas dentro de la Comisión Permanente de Contraloría en 2019. El parlamento venezolano designó en 2019 una comisión especial conformada por Edgar Zambrano, Stalin González y Marialbert Barrios que debió haber entregado un informe final antes de que finalizara el periodo legislativo anterior.
Tan solo se entregó un avance en diciembre del año pasado y se desconoce actualmente el estatus de esa investigación. El actual presidente de la Comisión de Contraloría, José Prat, indicó a los medios durante una reunión ordinaria, de fecha 26 de junio, que solicitaría ante la plenaria que dicha instancia especial entregara su informe. La solicitud se concretó en un derecho de palabra durante la sesión de la Asamblea Nacional el 30 de junio.
También hay información a destiempo. Mientras se discutía punto por punto la Ley especial de «Contrataciones Públicas asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado venezolano en el extranjero», ya el Centro de Comunicación Nacional (órgano de comunicaciones del gobierno interino) lo daba por sancionado, como dejaron constancia varios periodistas en las redes sociales.
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