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martes, 14 de julio de 2020

Nuevo informe Bachelet denuncia utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia y violar los DDHH


Michelle Bachelet. EFE/ Rayner Peña

 

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó hoy en su nuevo informe, la utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia y violar los DDHH.


El informe documenta múltiples violaciones causadas por la falta de independencia del TSJ, los demás tribunales y los fiscales del ministerio público con graves consecuencias para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

El ACNUDH sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema judicial en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical.

Todo ello merma la capacidad del poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos. En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la “emergencia judicial”10 y constituyó una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo, sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales.

El ACNUDH ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos. Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares.

Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales. En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces eran titulares.

Al ACNUDH le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal.

Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión, por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias. Según la información recibida por ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración judicial.

La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombramiento de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante, no obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición. Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley, y los recursos legales presentados a posterior en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos.

Trece jueces del TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible nombrar a nuevos magistrados; los cuales habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Según reportes la mayoría no cumplía con los requisitos mínimas establecidas por la Constitución para ser magistrados.

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