Hasta el 29 de agosto no se han publicado las tres modificaciones que ha sufrido el cronograma electoral con respecto a la ampliación de lapsos de inscripciones y modificaciones del Registro Electoral o las postulaciones de candidatos a las parlamentarias
El 1º de julio, las recién impuestas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaron a elecciones parlamentarias y fijaron como fecha el 6 de diciembre de 2020. Pero no solo eso, justo en la primera actividad, que es la convocatoria, se evidenciaron las violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
En su artículo 42, la Lopre establece la publicación del cronograma electoral que “contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley”. En el reglamento de esta misma ley, en el artículo 110, se señala que el mismo día de la convocatoria el CNE debe publicar dicho cronograma.
Pero en la práctica, esto no se cumplió. Fue el 11 de julio cuando el organismo publicó en su página web el cronograma. El mismo documento establecía su publicación electrónica entre el 2 y el 16 de julio, mientras que para su publicación en Gaceta Electoral este lapso se extendía hasta el 31 de julio.
Incluso algunas actividades previstas para este proceso ya habían empezado, como la constitución de grupos de electores, la consignación de recaudos, así como la subsanación y ratificación de manifestaciones de voluntad (firmas).
Convocatoria a destiempo
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) realizó una comparación entre los cronogramas de las dos últimas elecciones parlamentarias (2010-2015) con esta convocatoria, hecha con cinco meses y cuatro días de anticipación al día de votación, lo que la convierte en el proceso con más corto tiempo hecho por el CNE.
Organizaciones no gubernamentales han recalcado que, en medio de un contexto de pandemia por el coronavirus, el diseño de unas elecciones de esta envergadura es poco más que apresurado, y no permitiría la evaluación, rediseño y adecuación de procesos que puedan generar, como ha sucedido en otros países, el aumento exponencial de los casos y una amenaza para la población convocada a votar, así como para los actores involucrados.
Aunque las leyes actuales no establecen plazos específicos entre la convocatoria y la fecha de la elección, en la extinta Ley Orgánica del Sufragio se establecía que el CNE fijara la fecha de las elecciones con seis meses de anticipación, recordó el OEV en su informe.
“Se ha convertido últimamente en un patrón regular en Venezuela que las elecciones, en general, sean convocadas con premura. Esto contrasta con la realidad de otros países de la región y sus tiempos de organización de procesos electorales: Costa Rica (18 meses de antelación), El Salvador (19 meses), Colombia (12 meses, tanto para las legislativas como para las presidenciales), Paraguay (14 meses), México (15 meses), Brasil (9 meses) y Perú (11 meses)”.
El cronograma para las elecciones parlamentarias 2020 tiene 88 actividades, entre 14 y 17 menos en comparación con los anteriores procesos para escoger a los representantes de la Asamblea Nacional. Algunas de estas actividades fueron “reagrupadas o reorganizadas”, según constató el OEV.
“Un cronograma electoral para unas buenas elecciones siempre debe sopesar los tiempos técnicos y los tiempos políticos. Estos tiempos no son caprichosos. Las elecciones son procesos complejos, que requieren de capacidad técnica y de planificación. El OEV ha considerado que la cantidad de imprevistos que siempre ocurrirán en todo proceso electoral, serán manejables solo si se planifica como para no tener ningún imprevisto”, destacó el Observatorio.
Particularidades del cronograma
Para este proceso, el CNE amplió o disminuyó lapsos de varias actividades a conveniencia. El Observatorio Electoral Venezolano identificó nueve hitos en estos comicios donde se redujo el tiempo, en comparación con la elección parlamentaria de 2015.
Desde la campaña institucional de información, la generación de Registro Electoral hasta los lapsos destinados a la campaña de los candidatos a diputados, el organismo redujo un promedio de 15 días en cada actividad.
También hubo 11 actividades cuyos lapsos se ampliaron, aunque no de forma sustancial, con respecto a la elección anterior. Una de las particularidades para esta elección es que se estrenarán nuevas máquinas de votación y sistemas de identificación de los electores, por lo que las auditorías al software de esta nueva tecnología se ampliaron ocho días en comparación a 2015.
El CNE también destinó una gran cantidad de días para las postulaciones de candidatos a estas elecciones. Los rectores han extendido en dos oportunidades los lapsos a solicitud de los partidos políticos, con lo que quedó desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, “en aras de la más amplia participación y pluralidad política”, según ha dicho la presidenta del organismo, Indira Alfonzo.
Otro de los lapsos ampliados, aunque totalmente inferior a las parlamentarias de 2015, fue la jornada de actualización y Registro Electoral, que coincidió con una cuarentena radical decretada por Nicolás Maduro debido al aumento de casos de coronavirus en todo el territorio nacional.
Mientras que en 2015 fue de cinco meses (con 1.568 puntos en todo el país), para 2020 se dispusieron tan solo de 14 días -del 13 al 26 de julio-, y con 551 centros que no abarcaron la totalidad de municipios.
En un comunicado del 19 de julio, Súmate precisó que el 4,5% de los 335 municipios y el 58,1% de las 1.141 parroquias del país no contarían con ningún punto de actualización e inscripción del Registro Electoral. Por ello, distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al CNE extender el lapso de la jornada especial del registro, algo que también avaló el rector suplente Juan Carlos Delpino.
El mismo día que se tenía previsto finalizar el lapso para la actualización e inscripción de nuevos votantes, las autoridades del CNE decidieron extender este proceso por 72 horas más, que también estuvieron dentro de una semana con tres niveles de flexibilización en todo el país según el estado.
La cantidad de auditorías para estas elecciones se mantuvo, aunque algunas fueron reagrupadas o son identificadas bajo otras denominaciones con respecto a 2015. Para este proceso se mantuvo la eliminación de la tinta indeleble, que no se utiliza en este tipo de eventos desde la elección de la constituyente.
Tampoco se contará con la verificación de la producción del Sistema de Información al Elector, que es la estación dispuesta en la entrada de los centros de votación con tres o más mesas, para informarles a los electores la mesa en que les corresponde sufragar y el renglón en el cuaderno de votación donde están sus datos.
El OEV también resaltó que en el cronograma electoral para estas parlamentarias no se contemplan actividades, “por lo menos de manera explícita, referida a la observación nacional ni a la observación internacional.
En el cronograma 2015, su actividad número 83 sí estuvo referida al “Programa de acompañamiento internacional electoral”. Ese año participamos cinco organizaciones nacionales junto a por lo menos tres internacionales. Consideramos que una buena observación electoral, tanto nacional como internacional, puede contribuir sustancialmente a la necesaria generación de confianza en el proceso”.
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