Los licoreros aseguran que más de 85.000 expendios se mantienen inoperativos desde hace más de 150 cuando se decretó la cuarentena
Tras cinco meses de restricción en la venta y distribución de especies alcohólicas a raíz de la cuarentena decretada a mediados de marzo pasado, unos 150.000 empleos directos y al menos 500.000 indirectos del sector licorero secundario están en riesgo, por lo que representantes de esta área de la economía solicitan al gobierno flexibilizar la prohibición de venta a fin de permitir su supervivencia.
“Desde que llegó el covid-19 ha habido una serie de quiebras en la industria de bebidas y alimentos y esto va a seguir”, señala Johnson Delgado, presidente de la Cámara de Licoreros del Estado Táchira (Catalita), quien agrega que las licorerías, bodegones y restaurantes han llevado la peor parte por tratarse, en muchos casos, de pequeños comercios que no ha podido sobrevivir tras cinco meses sin ventas.
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Delgado, también y directivo de la Federación Venezolana de Licoreros y afines (Fevelif), recuerda que en el país existen unos 85.000 expendios de especies alcohólicas, entre los que se cuentan a la gran red de franquiciados de cervezas, negocios que se mantienen totalmente inoperativos desde hace más de 150 días cuando comenzó a regir la cuarentena.
No obstante, recuerda que algunas empresas resultan beneficiadas en detrimento de otras. Es el caso de la cadena de tiendas Traki, que no ha interrumpido la venta de especies alcohólicas como sí se ha hecho con los comercios del ramo.
Empobrecidos
“Muchos han quebrado”, reitera Delgado, quien afirma que según las cifras que manejan desde marzo pasado las ventas han caído 90%, ello frente a una reducción de 55% en los meses previos a la cuarentena producto de la difícil situación económica que atraviesa el país tras siete años de recesión, casi tres de ellos en hiperinflación.
Del total de comercios dedicados a la venta de especies alcohólicas, cerca de 65% cancela alquileres, lo que ha significado una erogación más que importante aun cuando no hayan tenido ventas, dice Delgado.
Esto sin contar que no ha habido ningún tipo de estímulo o apoyo por parte del Estado. Por el contrario, los comercios deben seguir pagando impuestos de tres tipos: nacionales (Seniat), estadales y municipales, con el agravante de que varias alcaldías han creado gravámenes especiales en medio de la pandemia.
“Somos el segundo sector económico en aportes al Fisco por impuestos. En 2018 aportamos 23% de los ingresos del Seniat”, recuerda Delgado, quien precisa que eso debe ser tomado en cuenta por las autoridades pues permitir la apertura controlada de las ventas representaría ingresos a las menguadas arcas gubernamentales.
Por otra parte, el vocero recuerda que el cierre de las ventas formales ha impulsado a los consumidores a adquirir bebidas ilegales de dudosa procedencia y fabricación que ponen en riesgo la salud y no pagan impuestos, además de incentivar la venta clandestina y el contrabando; delito que señala se ha incrementado de manera importante en los estados Táchira, Zulia, Falcón y Carabobo.
Propuesta probada
Ante la situación que los agobia, Fevelif plantea al Ejecutivo nacional la posibilidad de establecer la apertura escalonada de locales para la comercialización segura de las bebidas alcohólicas, algo que ya se ha experimentado en Táchira, Yaracuy y Carabobo con resultados favorables.
En un principio y guardando los protocolos de bioseguridad debidos, piden permitir la venta de martes a sábado en horario de 9:00 am a 4:00 pm, con evaluaciones periódicas, conforme sea el avance o mitigación de la curva de contagio de covid-19.
Más voces
A su vez, la Federación Venezolana de Licores (Fevelicor), el segundo grupo que agrupa a los licoreros nacionales, solicitó al gobierno ser incluidos en el plan de flexibilización 7×7, según el cual ciertos sectores económicos pueden abrir sus negocios una semana y cerrar a la siguiente.
“Miles de familias necesitan abrir sus negocios para poder generar ingresos y cubrir los gastos de alimentación de nuestros hijos y familias. Son más de 150 días sin trabajar, más de 50.000 familias en el país resultan afectadas para poder llevar el pan a nuestros hijos y familias”, señala la federación en un comunicado.
“Al igual que el resto de las empresas venezolanas necesitamos del apoyo de las autoridades para abrir nuestros establecimientos y así prestar el servicio a los ciudadanos. Cumpliendo con nuestros deberes de forma responsable y preventiva de las normativas de bioseguridad, seremos parte activa para combatir la pandemia sin descuidar el bienestar de nuestras familias”, concluye.
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