La administración de Maduro anunció la puesta en marcha de una «oferta condicionada», para todos aquellos acreedores de bonos de deuda externa soberana, Pdvsa y EDC (ahora Corpolec) y con la cual se mantiene en default desde el año 2017
Roison Figuera | Ahiana Figueroa
El régimen de Nicolás Maduro recurrió a la tesis de las supuestas agresiones del gobierno de los Estados Unidos (EEUU)l al asegurar que estas han impedido que se logren saldar las acreencias con los tenedores de títulos de deuda externa de la República, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas y es por esa razón que anunció un nuevo plan de reestructuración. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por analistas económicos, este anuncio no tendrá éxito debido a las sanciones, lo que impide a bonistas firmar acuerdos en materia de endeudamiento con esta administración.
A través de un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y actual ministra encargada de Economía y Finanzas, la administración de Maduro anunció la puesta en marcha de una «oferta condicionada», para todos aquellos acreedores de 29 bonos de deuda externa soberana, Pdvsa y EDC (ahora Corpolec) y con los cuales se mantiene en default desde el año 2017.
Recordó Rodríguez que «en noviembre del 2017 Venezuela anunció la intención de estructurar su deuda y convocó a los tenedores a un proceso de diálogo para buscar una fórmula que lo permitiera. Cabe destacar que la nueva emisión de medidas coercitivas de EEUU contra Venezuela han impedido el desarrollo para lograr este esfuerzo».
La Oficina del Tesoro de EEUU mantiene una serie de sanciones económicas contra la administración de Maduro, las cuales restringe las posibilidades de los bonistas de aceptar una plan de reestructuración. Como se recordará, en octubre de 2019 varios grupos de tenedores de bonos venezolanos no aceptaron participar en una renegociación de la deuda externa, debido a la falta de credibilidad en el plan y al no considerar al mandatario Maduro como representante legítimo de la República.
Sobre el tema, el economista Francisco Rodríguez, afirmó a través de su cuenta en Twitter que «dado que los bonos de deuda de Venezuela y Pdvsa se rigen por la ley de Nueva York, cualquier acuerdo de reestructuración de deuda firmado con el gobierno de Nicolás Maduro carece de validez legal ante cortes estadounidenses».
Esto significa que para validar modificaciones en los contratos, se requeriría una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), pero la Orden Ejecutiva de 2017 prohíbe la emisión de nueva deuda.
Francisco Rodríguez explicó luego a TalCual que la administración de Maduro lo que ofrece es extender el plazo de prescripción, que es el plazo que tienen los acreedores para demandar después del vencimiento de un bono.
«Hay una serie de bonos que después de tres años, si el acreedor no ha demandado, entonces píerde ese derecho y prescribe la causa. Están ofreciendo a los acreedores que le van a extender ese período y les van a reconocer sus derechos más allá de se límite. Probablemente, consideran que los acreedores si van a firmar ese acuerdo, porque les puede beneficiar pero también piensan que eso podría darle al gobierno cierto tipo de reconocimiento.
Recordó el economista además que las cortes en EEUU reconocen a Juan Guaidó, como presidente interino, por lo que solo reconocerán a la autoridad de Guaidó para efectos de cualquier plan de reestructuración de deuda venezolana, de cualquier decisión ligada con activos del país en el exterior y con la designación de funcionarios.
El economista Luis Oliveros coincide en que en las actuales circunstancias, Venezuela no tiene herramientas (ni plan económico) para reestructurar su deuda en divisas.
«Difícil que la OFAC deje que tenedores norteamericanos negocien. Con esta acción buscan que estos, presionen a la administración de Donald Trump».
A su juicio, el tema del endeudamiento externo y la relación con los bonistas «es complejo», ya que asegura que «funcionarios del interinato siempre han tenido un mensaje hostil contra todo aquel que tuviera algún bono de deuda de Venezuela (excepto del Pdvsa 2020). Veremos cómo responden ahora a este anuncio de Delcy Rodríguez».
Sin embargo, Oliveros reitera que reestructurar deuda externa con sanciones «es imposible».
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La funcionaria detalló que «los plazos de prescripción para la reclamación de los derechos de los tenedores inició y es por esa razón que la República, Pdvsa y la Electricidad de Caracas», puso sobre la mesa esta oferta, con el alegato de «garantizar que los inversores no resulten afectados por las acciones de EEUU».
Según la funcionaria de gobierno la oferta es «una nueva muestra de la actuación de buena fe» con el objeto de avanzar en un proceso de reestructurar la deuda para salvaguardar a los tenedores sin afectar el crecimiento del país.
En este mismo orden, precisó que habrá oportunidad de aceptar la oferta hasta el 13 de octubre y solo aplicará para ciertos tipos de bonos. y el proceso se formalizará mediante la celebración de acuerdo de interrupción o intercambio de cartas previo a la fecha de aceptación.
«El acuerdo para interrumpir el plazo de prescripción (statutes of limitation) en curso solo tendrá efecto para cierta serie de bonos si: Los tenedores de bonos que representen más del 75% del monto de capital actualmente pendiente de esa serie de bonos aceptan la oferta; y si estos tenedores de bonos celebran un acuerdo de interrupción o envían una carta de aceptación por escrito, ambos en la forma acordada».
Además, de si «estos tenedores de bonos acuerdan suspender (en el caso de que los reclamos ya se encuentren pendientes), o acuerdan no presentar o hacer valer (en todos los demás casos), todas y cada una de los reclamos y procedimientos judiciales que busquen declarar vencidos y pagaderos, o ejecutar el pago del capital, intereses o cualquier monto derivado de los bonos relevantes».
Por otra parte, el diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aseguró que además de que el régimen no cuenta con la suficiente legitimidad para tomar decisiones relacionadas al país, reiteró que nadie confía en un planteamiento relacionado a la deuda externa sin presentar un programa económico viable.
«Es absurdo que un régimen usurpador, irresponsable y corrupto plantee una reestructuración de deuda sin presentar un programa viable que permita la generación de los fondos necesarios para honrar esa deuda», explicó.
El viceministerio «antibloqueo»
Antes de dar a conocer la «oferta condicionada», la vicepresidenta y ministra (e) de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, informó que el mandatario Nicolás Maduro aprobó una «nueva estructura» dentro de la cartera de Finanzas, enfatizando la creación del viceministerio «de Políticas de Antibloqueo»; división creada para atender en exclusiva todo lo referente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Resaltó que se creó la estructura de otros dos viceministerios referentes al fortalecimiento de la economía y las fuerzas productivas del país, y el dispuesto para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones. Detalló que las estructuras correspondientes a Hacienda, el sector bancario, asegurador y mercado de valores permanece inalterado.
«El objetivo estratégico de esta nueva estructura serán las políticas para la economía productiva en aras del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo», escribió en sus redes sociales.
La administración de Nicolás Maduro con esta decisión, aumenta la burocracia en un despacho que no ha podido controlar la inflación galopante en el país.
El exministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa -a quien Delcy Rodríguez sustituyó- informó vía Twitter que fue designado por Maduro como presidente de la institución financiera pública Banco Bicentenario.
«A partir de este momento, asumo con máxima lealtad y compromiso, la misión encomendada por el presidente Nicolás Maduro de conducir el Banco Bicentenario para consolidarlo como una herramienta financiera al servicio de las comunas y la clase obrera», dijo Zerpa en un tuit que publicó la noche del miércoles 9 de septiembre.
Zerpa estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas por casi tres años, desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2020, lo que significa que ocupó el cargo desde que Venezuela entró en un severo proceso hiperinflacionario y hasta la fecha no logró sacar al país de este fenómeno económico.
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Si bien el llamado gabinete económico ha logrado desacelerar la inflación desde 2019, lo ha hecho a costa de una mayor contracción de la economía, que se ha desplomado más de 70% desde la llegada de Maduro en 2013.
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en julio finalizó en 19,6%, lo que significa que en los siete meses de 2020 la tasa acumulada de este indicador remontó 492%. De acuerdo a estos resultados oficiales, la variación lleva seis meses por debajo del 50%, sin embargo, aún la economía venezolana muestra indicios de hiperinflación al registrar una tasa anualizada (julio 2019-julio 2020) de 2.358,5%.
El diputado Alfonso Marquina reportó que los precios de bienes y servicios aumentaron en julio un promedio de 55,05%, una aceleración de 35,55 puntos respecto a junio, debido fundamentalmente a los fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos y de telecomunicaciones. Esto da una inflación acumulada desde enero hasta julio de 2020 de 843,44% y una tasa interanual de 4.099%.
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