Esta nueva restricción significa un duro golpe para la industria petrolera venezolana y para la administración de Maduro, ya que la importación de diésel y gasoil daban cierto respiro a diversas operaciones industriales, importantes para los sectores productivos del país
El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de retirar una de las exenciones en su política sancionatoria contra la industria petrolera venezolana, al prohibir el intercambio de crudo por diésel, un mecanismo que utilizaba la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para mantener a flote diversos procesos productivos del país que necesitan este insumo, según dijo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, quien anunció que se tomaría esta medida en un intento por frenar los negocios que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene a través de la exportación de petróleo.
«Estamos tratando de impedir la exportación de crudo del régimen de Maduro en Venezuela, y una de las maneras de frenarla es evitar que intercambien productos por ella. Hemos estado en contacto con aquellos involucrados en ese tipo de transacciones y descubrimos que están dispuestos a cumplir con las sanciones de Estados Unidos», declaró, según reseña S&P Global Platts.
Las declaraciones de Abrams, no obstante, no se reflejan en ninguna publicación ni documento oficial, por lo que se espera un pronunciamiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en los próximos días.
La decisión fue tomada después de que el gobierno de Estados Unidos lograse vender el contenido de cuatro petroleros que confiscó a mediados de agosto, debido a que se trataba de una operación de venta de petróleo de Irán a Venezuela, restringida por las sanciones de Washington.
«Por cada cargamento de petróleo o gasolina u otros petroquímicos que detenemos porque incumplen las sanciones, Irán pierde millones de dólares en cada uno de esos envíos», afirmó.
La prohibición era previsible, pues en los próximos días vence el plazo de las exenciones establecidas por Estados Unidos en sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y desde Washington ya evaluaban no renovarlas.
Esta nueva restricción significa un duro golpe para la industria petrolera venezolana y para la administración de Maduro, ya que la importación de diésel y gasoil daban cierto respiro a diversas operaciones industriales, importantes para los sectores productivos del país; a pesar de que la industria venezolana tiene la capacidad para asumir la producción nacional, ya que no necesita tantos aditivos como la gasolina, pero el descuido al que han sido sometidas las refinerías de Pdvsa descarta esta posibilidad.
Uno de los sectores más afectados es el del transporte, tanto de carga como de pasajeros, que depende de este tipo de combustible para operar. Sin diésel, la distribución de insumos desde puertos y aeropuertos a ciudades se haría cuesta arriba, al igual que el transporte de animales vivos hacia mataderos industriales.
De igual forma, el sistema eléctrico nacional se vería perjudicado, ya que actualmente la energía que consume el país depende de la generación hidroeléctrica y térmica. Esta última funciona a base de diésel, ya que las plantas que podían operar con fueloil dejaron de generar por descuido gubernamental.
La industria agropecuaria también sufriría las consecuencias, ya que el diésel se utiliza para la operatividad de la maquinaria, además de depender del traslado de materias primas a través de todo el país.
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La polémica prohibición del diésel
Previo a la decisión, diversos individuos y organizaciones de Venezuela, ajenos al chavismo, se manifestaron en contra de la medida y solicitaron que se mantuvieran las exenciones, ya que afectaría más a los ciudadanos que a los funcionarios del chavismo.
A mediados de septiembre, un grupo de ONG enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, para evitar que se prohibiera la importación de diésel a través de intercambio.
«Esta decisión tendría consecuencias devastadoras para la población. En Venezuela, el diésel es el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios. Cortar el acceso al diésel en el país podría empeorar las ya muy precarias condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de esta cadena de suministro», denunciaron.
La misiva fue suscrita por las organizaciones Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Laboratorio de Paz, Monitor Social A. C., Movimiento Ciudadano Dale Letra, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Reunificados ORG, Convive, Catia Posible, Revista SIC, Civilis Derechos Humanos y Centro Gumilla.
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También fue respaldada por ciudadanos individuales como el decano de estudios jurídicos de la Universidad Metropolitana, Guillermo Tell AAveledo, el sociólogo y profesor Javier Biardeau, la docente e investigadora Luisa Pernalete, el periodista y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús «Chuo» Torrealba, el sacerdote jesuita Alfredo Infante, la profesora ucevista Ketha Stephany, la presidenta de Sinergia, Deborah Van Berkel, el exrector del CNE Rafael Simón Jiménez, el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, entre otros.
La ONG Provea se sumó en otro frente a denunciar la situación, y recordó que podría representar un problema enorme para la población venezolana, ya perjudicada por la escasa producción que garantizan las instituciones del oficialismo.
«De no haber diésel podría producirse una paralización del transporte de carga afectando, el traslado de insumos indispensables para la supervivencia de millones de familias venezolanas», indicó Provea.
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