Joel García, uno de los defensores de Roland Carreño, señaló que le fueron imputados los cargos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo
A las 12:55 de la mañana del 29 de octubre, el abogado Joel García informó que había culminado la audiencia de presentación del periodista y dirigente de Voluntad Popular, Ronald Carreño, y que el tribunal decidió privarlo de libertad, aceptando los cargos presentados por la Fiscalía que lo acusó de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo.
Horas antes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), había informado que Carreño será presentado en el tribunal 4to de Terrorismo, después de que el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, lo señalara de ser promotor de «acciones violentas» en el país. Su defensa será asumida por los abogados Ana Acosta y Joel García.
Según una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la investigación contra Roland Carreño inició cuando fue detenido el lunes 26 de octubre «en flagrancia» por funcionarios policiales, quienes supuestamente incautaron un fusil desarmado modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones.
Además, lo acusa de ser un «operador financiero» con el fin de ejecutar en el país «planes conspirativos y terroristas» contra la administración de Nicolás Maduro, así como también le achacan ser el encargado de logística para pagar a elementos para que se suspendan las elecciones parlamentarias.
El director y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, recalcó que la estrategia aplicada contra el periodista y militante de Voluntad Popular es un ejemplo de la llamada «puerta giratoria» y alertó que esta situación no terminará hasta tanto todas las facciones políticas dejen ver a los presos políticos como un elemento para poder negociar.
Por su parte, el también director y presidente de la ONG, Alfredo Romero, directamente dijo que el comunicador se convirtió en un preso político
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), cree que el caso armado contra Carreño ratifica lo dicho por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que subraya que existen razones para creer que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad.
A más de 48 horas de la desaparición de Carreño, por fin se levantará ligeramente la capa de hermetismo que ha rodeado al periodista. Después de ser abordado por vehículos no identificados, sus allegados denunciaron su desaparición y la información al respecto era prácticamente nula hasta que Saab confirmó su detención por su su presunta participación en «planes conspirativos contra la paz democrática», según indicó en una publicación en su cuenta de Twitter.
A raíz de la situación, horas antes la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) exigió a la administración de Nicolás Maduro a que brinde información completa sobre el paradero de Carreño, así como también pidió que si deben ser presentado ante la Justicia, que sea ante un tribunal «competente e independiente con apego a garantías judiciales».
De igual forma, expresó su preocupación por la detención forzada y arbitraria de Carreño y de dos personas más el lunes 26 de octubre
Más temprano, el abogado Joel García, uno de los defensores del periodista e integrante de Voluntad Popular Roland Carreño, manifestó este miércoles 28 de octubre que todavía desconocen cuál es el estado de salud de su cliente, luego que fuera detenido por cuerpos de seguridad del Estado la noche del lunes 26 junto a dos personas más, quienes fueron liberadas horas después.
García, en entrevista para Onda, indicó que en horas de la noche fue que tuvieron información del paradero de Carreño, luego que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, ofrecieran detalles en sus cuentas Twitter sobre el arresto del comunicador social y las supuestas circunstancias en las que se habría gestado el operativo.
Señaló que a través de uno de los familiares de las personas detenidas junto a Roland Carreño, se conoció que estaban apresados en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, así como advirtió que a su defendido no se le ha permitido hacer una llamada a sus familiares, amigos y menos a la defensa privada que tiene.
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Además, denunció que casi a la medianoche un grupo de efectivos de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en la residencia del comunicador ubicada en Los Chaguaramos de donde dijo que salieron con documentos. «No sé qué hayan podido llevarse. Es extraño que en un caso donde se esté conspirando (…) allanen la residencia 24 horas después y comunican que lo van a hacer, eso es como para decir que encontraron pruebas», dijo y agregó que es un modus operandi que se ha hecho en otros casos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó aproximadamente que a las 10:00 pm alrededor de un contingente de 20 uniformados realizaron el allanamiento, entrando a la residencia con las llaves del detenido, y casi a las 12:00 am habría terminado el operativo con la presencia de un vecino llevado hasta allí en calidad de testigo.
Explicó que dentro del partido Voluntad Popular, Carreño hace funciones parecidas a las de un jefe de protocolo. «Es bastante difícil creer que esté entregando armas de guerra o buscando mercenarios (…) Es como decir que ‘El Coqui’ esté patrocinando un desfile de modas o dirija una revista de modas. Es algo bastante contradictorio».
Recordó que tienen la experiencia de que pueden o bien presentarlos en horas de la madrugada o su defensa privada no puede ingresar al proceso. En ese sentido, afirmó que le escribió al ministro Ñáñez que si realmente se respeta el debido proceso y se garantiza el derecho a la defensa, que le escribiera al Poder Judicial para comunicar que Roland Carreño tenía abogados privados que lo iban a defender, para que le dieran el acceso a la audiencia.
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Subrayó que estarán presentes en el Palacio de Justicia para esperar a que se materialice el traslado de su cliente «y hacer lo imposible para nombrarnos» como defensores; poder hablar con él, si fue víctima de maltratos o si le grabaron algún video, esto es porque el ministro de Comunicación dijo que había confesado.
«Ninguna confesión es válida bajo coacción y sin que esté presente un abogado (…) Ellos se atreven a decir cosas violatorias a los DDHH, no sé si por ignorancia, desconocimiento o no les importa. Lo dicen alegremente (…) Es nula de toda nulidad un interrogatorio sin estar presente sus abogados de defensa», comentó.
Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta, se sumó a las palabras ofrecidas por Joel García y denunció que lo que se pretende hacer es incriminar a Carreño, «quien es una persona reconocida, de una solvencia moral reconocida y de una calidad humana que todos reconocemos».
Familia de Roland Carreño preocupada
La noche del 26 de octubre Josefina Gutiérrez, madre de Roland Carreño, manifestó la incertidumbre que le genera el no saber sobre el estado de su hijo, por lo que le solicitó al Ejecutivo saber dónde está para decirle a la familia el paradero y por su integridad física.
Sus hijos, Franklin, Luis y Carlos Carreño, exigieron la pronta liberación de su padre y que le resguarden su integridad física.
A más de 24 horas de la desaparición del coordinador nacional del partido político Voluntad Popular, Roland Carreño, el oficialismo confirmó que se trató de una detención por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
El fiscal general impuesto por la ilegítima asamblea constituyente, Tarek William Saab, confirmó la detención de Carreño por su presunta participación en «planes conspirativos contra la paz democrática», según indicó en una publicación en su cuenta de Twitter.
La detención de Carreño ocurre luego que el 24 de octubre se conociera de la fuga del opositor Leopoldo López de la embajada de España, donde permanecía en calidad de «huésped», a la nación ibérica.
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