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jueves, 26 de noviembre de 2020

AN alista y aspira a una continuidad constitucional que no asegura sus competencias


La Asamblea Nacional aspira a una continuidad constitucional con la que se desconocerán las elecciones parlamentarias del 6-D, pero que no garantiza las competencias legislativas. Diputados aseguran que existe consenso y se discute el modo cómo puede operar la continuidad



 

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y presidida por Juan Guaidó, aspira a una continuidad constitucional con la que se desconocerán las elecciones parlamentarias del 6-D, pero  que no garantiza las competencias legislativas.

“No van a aniquilar el Parlamento, se va a mantener de pie y firme hasta haber logrado su objetivo, elecciones libres”, aseveró, el 23 de noviembre, el presidente de la AN, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.

Guaidó, que encabeza el rechazo de la oposición mayoritaria a los venideros comicios a los que califica como “fraude”, está anclado a su propuesta de la consulta popular convocada para el 12 de diciembre.

Mientras tanto, a pocos días de las parlamentarias, en las fracciones parlamentarias se deshoja la margarita sobre el álgido tema de la continuidad.

“La continuidad constitucional está por decidirse próximamente y tiene que ver con una reforma del Estatuto de la Transición Democrática. El criterio de esta continuidad está avalado por un dictamen de la Procuraduría Especial de la República, que dirige Enrique Sánchez Falcón. Después de las fraudulentas elecciones de diciembre,  se producirá un vacío de poder, una laguna constitucional que debe cubrirse”, asevera el diputado Williams Dávila (Acción Democrática).

El parlamentario asegura que existe consenso sobre la continuidad constitucional, pero se debate el modo cómo puede concretarse el mecanismo.

Dávila añade que la AN como cuerpo existe, y que uno de los mecanismos que se ha planteado es a través de la comisión delegada. Indica que el Legislativo todavía está a tiempo de votarlo, por cuanto la última sesión será el 15 de diciembre y se espera haya dos sesiones presenciales en los próximos días.

Señala que en la fracción de AD, que se reunió hace un mes, está de acuerdo con la continuidad constitucional, pero  creen que deben hacerse ajustes y garantizarse el respeto paritario de la unidad.

Continuidad sin rumbo claro

Un diputado de Primero Justicia (PJ) señala que en esta organización hay mucha sensibilidad sobre el tema de la continuidad constitucional y mientras se asume una posición oficial, prefieren ser prudentes.

«El tema aún se debate. Algunos hablan de mantener una delegada, otros de darle continuidad a la Asamblea Nacional completa. Hay sectores que avalan la continuidad constitucional y otros que no. La iniciativa de la delegada es la que más fuerza tiene, pero eso pasa por modificar el Estatuto de Transición y en eso hay un equipo trabajando», añade el parlamentario.

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Por su parte, Luis Florido (Un Nuevo Tiempo) expresa que debido a que el 6-D no está planteada ninguna elección válida ni justa, verificable y aceptada por la actual AN y la comunidad internacional, «la Asamblea Nacional continua hasta que ocurra la elección. Dejamos nuestros cargos en el momento en que asuman los nuevos diputados producto de una elección libre, legitima, legal, y constitucional«.

Florido ratifica el planteamiento de que no puede quedar un vacío en la AN.

Asimismo, la diputada Dignora Hernández (Fracción 16 de julio) señala que la continuidad constitucional no puede quedarse en una respuesta retórica. En ese sentido, subraya que sí se asume esa vía, debe quedar claro su objetivo.

«He sido de la tesis de que voy a estar al servicio de la libertad donde esta me necesite. Yo creo que enfrentar al régimen bajo cualquier modalidad es un acto de legitima defensa. No obstante, hemos tenido serias observaciones con los planes y la estrategia del gobierno interino en estos dos años, desconocemos sus planes y estrategias. Debe definirse el objetivo. Más allá de la continuidad, de la extensión y de la prórroga de la Asamblea Nacional, si esto no tiene un proyecto definido y no apunta al cese de la usurpación, yo lo pensaría», puntualiza la diputada Hernández.

Agrega que la Fracción 16 de julio ha conversado el tema de la continuidad constituicional, pero en su partido, Vente Venezuela, aún no se ha adopta una decisión.

«No tenemos información, faltan elementos de juicio para tomar una decisión. No se trata de empujar para atrás, pero sí saber para qué empujar», insiste Hernández.

AN en blanco

En septiembre de 2020, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) dijo que de concretarse las elecciones parlamentarias, sus resultados no deben ser reconocidos por tratarse de unos comicios alejados de la Constitución.

«Con base al principio de ‘continuidad constitucional’ la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 debe permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta que se realice un proceso comicial que cumpla con los extremos de la Carta Magna», enfatizó la Facultad de la UCV.

Sin embargo, constitucionalistas consultados por TalCual cuestionan la tesis de la continuidad constitucional.

«Los que han hablado de continuidad de la AN, han hablado de continuidad constitucional, no aplica la tesis de la continuidad administrativa. No obstante,  no creo ni en la continuidad administrativa ni en la constitucional, esa tesis me parece demasiado jalada por los cabellos: hace falta la declaratoria de un tribunal que diga que las elecciones del 6-D son declaradas nulas y hay que repetirlas porque hubo un fraude. Esto es así, aunque todos sabemos que las elecciones son amañadas, tanto en su convocatoria como en su ejecución, y no hay un ente electoral imparcial que garantice elecciones libres y transparentes», enfatiza el constitucionalista Juan Carlos Apitz.

En consecuencia, indica el jurista, el Parlamento quedará acéfalo y habrá una AN en blanco.

Desde el punto de vista del constitucionalista Apitz, los diputados de 2015 han debido buscar alguna ratificación, de parte de la ciudadanía,y preguntarles sí querían que se quedarán cinco años más, con lo cual habría una reconducción automática del mandato de la AN.

Consulta popular de Guaidó es simbólica pero no resuelve el conflicto venezolano

Foto Cortesía Prensa Asamblea Nacional

«El tema de la continuidad del Parlamento no fue incluida en ninguna de las preguntas de la consulta popular y esto es un error estructural», subraya.

El constitucionalista advierte que la AN de 2015, que fue amputada por el Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) e impedida para ejercer sus competencias, no tendrá mejor destino si se asume la continuidad constitucional. De esta manera, la vía corre más en el plano más simbólico que en el poder de acción real.

Por su parte, Luis Alfonso Herrera, también constitucionalista, cree que la continuidad constitucional es un mal argumento.

«En sentido estricto, lo que sucede es que se vence el período de los actuales diputados y con ello expira su representación y mandato popular. Ante eso, la vía es mantenerse en los cargos como resistencia al régimen (sólo que dudo que tengan apoyo popular) o declarar vacante el poder legislativo, ante la ausencia de elecciones justas», asegura Herrera.
Refiere que una situación tan anómala como la planteada con las AN tras las elecciones del 6-D no está contemplada en el derecho. Añade que si estando dentro del período legislativo para el que fueron electos, los diputados de la AN estuvieron contra la pared, ahora vencido el período menos podrán hacer algo. «De hecho, imagino que irán por ellos para encarcelarlos y cosas peores», indica.

AN con poco impacto

Resulta inútil todo el debate sobre la continuidad constitucional del Parlamento, acota el politólogo Ángel Álvarez.

«Están debatiendo el decorado de la torta sin tener harina ni azúcar con qué hacerla. Están simulando que saben hacen algo sin poder hacer realmente nada. Pueden darle el nombre que quieran, pero igualmente no van a ser más que un símbolo sin poder y con cada vez menos respeto y respaldo de la población», asegura.

El investigador señala que, después del cinco de enero de 2021, los países que han respaldado a Guaidó enfrentaràn un dilema: «Seguir respaldando a un gobierno simbólico que, a partir de enero ya no será solo inoperante sino carente de eso que llaman ‘legitimidad’, pero que en realidad es simplemente legalidad, o reconocer a la AN que surja de la elección. Creo probable que haya divisiones y algunos apoyarán al órgano creado de facto por la actual AN sin tener facultades legales para hacerlo y otros reconocerán lo que sirva para hallar una salida política a las tensiones con Venezuela».

Por su parte, Oscar Vallés, politólogo de la Universidad Metropolitana, expresa que el impacto de la continuidad constitucional de la AN de 2015 será nulo. Destaca que, en medio de un escenario de elecciones sin garantías, la directiva encabezada por Juan Guaidó ni siquiera tiene la oportunidad a acudir a un Poder Judicial imparcial.

«Al margen del análisis legal, la AN puede seguir en sus funciones pero quedará fuera sin impacto en la legislatura venezolana, y sin impacto en la vida nacional», subraya.

Vallés añade que, actualmente, el eje de influencia del Parlamento frente al gobierno de Nicolás Maduro es muy mínimo y no existen grandes obstáculos al ejercicio del poder.

«No hay contraloría sobre el gobierno, no hay informes importantes, la AN ha sido reducido a una irrelevancia política, cómo será de los diputados cuando termine la legislatura, quedarán al margen de la política», puntualiza.

El politólogo refiere que, en ese contexto, el gobierno interino de Guaidó carece de funciones ejecutivas en Venezuela. Indica que su accionar se circunscribe a declaraciones de prensa y a algunas empresas que se le han entregado afuera.

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