La afirmación desde la Corte Penal Internacional de La Haya, el pasado 4 de noviembre, de que hay «fundamento razonable» para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad no debería levantar definitivas expectativas sobre el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y la cúpula chavista responsable de esos crímenes.
Supone, sí, un importante reconocimiento, que no hace más que seguir pronunciamientos de mayor contundencia realizados por documentados informes de Naciones Unidas; por lo demás, la lentitud y la actitud con que está procediendo la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, sugieren que no habrá gran avance al menos hasta que deje el puesto en junio del próximo año, y eso que hasta seis países han avalado ante la Corte la denuncia contra el régimen venezolano.
Con sus palabras de «fundamento razonable», Bensouda no hacía más que adelantar lo que previsiblemente incluirá en su informe anual del próximo mes de diciembre, en el que dará por concluida solo la segunda de las cuatro fases del examen preliminar de la causa.
Lentitud del proceso«¡Dos años para dos fases de lo que es tan solo un examen preliminar!», lamenta el abogado venezolano William Cárdenas, temprano impulsor de las denuncias ante La Haya contra el chavismo, ya desde el recurso de Hugo Chávez a los colectivos armados para amedrentar a la población y luego a raíz de los cientos de muertes y torturas perpetrados bajo Maduro. En la presentación de esas denuncias han participado numerosos opositores y entidades ciudadanas, apoyadas en informes que detallan muchos de los crímenes cometidos, redactados por entidades de reconocido prestigio, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Aunque a la Corte llegaron denuncias previas, Bensouda –fiscal del tribunal desde 2012– no abrió el proceso hasta el 8 de febrero de 2018, cuando anunció el inicio del examen preliminar. La primera fase era determinar si la letal represión llevada a cabo por el régimen de Maduro en los últimos años había ocurrido en el espacio soberano de un estado signatario del Estatuto de Roma y por tanto dentro de la jurisdicción territorial de la Corte. La segunda, que ahora parece concluir, es la que confirma que los crímenes alegados son competencia de la Corte, en tanto que previstos en el Estatuto de Roma.
La tercera fase es la que Bensouda se ha dispuesto a abrir con la reunión que mantuvo el 4 de noviembre en La Haya con el fiscal general del Gobierno de Maduro, Tarek Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. En el nuevo estadio procesal que comenzaría a desarrollarse debe establecerse el principio de complementariedad: que en Venezuela no se han investigado bien los crímenes denunciados y por tanto debe hacerlo la Corte. Eso, que llevaría un cuarto momento –la admisión de la causa para su investigación– difícilmente se establecerá antes de que Bensouda deje el cargo en junio. Después un nuevo fiscal deberá encargarse del caso: no partirá de cero, pero lo normal es que tarde un tiempo en ponerse al día de todos los trámites que se llevan a cabo en el tribunal.
La foto que Bensouda se hizo la semana pasada con Saab, alguien señalado como importante responsable de los crímenes de lesa humanidad por el contundente «Informe de verificación de hechos» del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, podría indicar que la fiscal está abierta a dar credibilidad a las explicaciones que pueda darle el Gobierno de Maduro acerca de su supuesta investigación de algunos casos denunciados.
Cárdenas desconfía completamente de Bensouda. Ya el anterior fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, del que Bensouda fue número dos desde 2004 hasta que le sustituyó en 2012, hizo poco caso a informaciones que llegaban a la Corte sobre la presidencia de Hugo Chávez, según dice Cárdenas, que le atribuye una estrecha relación con el kirchnerismo.
El «lobby» de Haifa el Aissami
Mayor influencia habría tenido el lobby realizado por Haifa el Aissami, enviada por Chávez en 2010 como embajadora de Venezuela en los Países Bajos y por tanto atenta in situ todos estos años a las actividades de la Corte. Se trata de una hermana de Tarek el Aissami, uno de los máximos cargos en el Gobierno de Maduro y central en diferentes tramas criminales del chavismo.
Haifa el Aissami, que ha tenido frecuentes contactos con Bensouda, ha tramitado la denuncia que el Gobierno de Maduro presentó en la Corte contra Estados Unidos el pasado mes de febrero, por las sanciones aplicadas por la Administración Trump. Esa denuncia tendría por objetivo contrarrestar las relativas al régimen chavista.
Por su parte, el comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), presidido por Cárdenas, ha presentado denuncias ante el presidente de la Corte alegando un «retraso injustificado» del proceso y la «actitud no adecuada» de Bensouda, dado que la fiscal ya se hizo fotos ya con Saab en 2018 y además se ha reunido con representantes de Maduro y no de las víctimas, lo que «no denota una posición de imparcialidad».
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países, destacó el «nuevo paso» dado por la Corte con las últimas declaraciones de la fiscal, que constituyen una «contundente derrota» para Maduro. Guaidó emitió un comunicado en el recordó a los altos funcionarios y militares que sustentan al régimen «que los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y que, de ser cómplices por acción u omisión de los mismos, podrían terminar señalados como criminales de lesa humanidad por el resto de sus vidas».
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