La tortura en Venezuela parece no pasar por la contención de los mandos. Los casos denunciados por las víctimas evidencian que la impunidad es absoluta.El abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, señala que, en muchos casos, se comprueba la regla de impunidad a la jerarquía. Por su parte, el abogado Fernando Fernández (Monitor de Derechos Humanos), indica que con la iniciativa viene la creatividad que da pie a nuevas formas de tortura, como la tortura blanca
La tortura en Venezuela parece no pasar por la contención de los mandos. Los casos denunciados por las víctimas evidencian que la impunidad es absoluta en el caso de los mandos policiales y militares.
Sobre los cuestionamientos a la omisión de los superiores coinciden Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, y Fernando Fernández, director del Monitor de los Derechos Humanos y especialista en Derecho Penal Internacional. Ambos especialistas en derechos humanos fueron consultados tras la investigación “La república que tortura” realizada por TalCual.
“ La impunidad es prácticamente absoluta, en cuanto a los mandos subalternos. Hay unos poquitos casos que son llevados a juicio. Y en el caso de los superiores jerárquicos de esos subalternos que cometen esas atrocidades, la impunidad es absoluta. O sea, total. Ya no es que no hay una imputación o no hay una condena, es que no hay siquiera una investigación. Entonces hay zonas donde cometen mil ejecuciones extrajudiciales y parece que ningún superior se entera de eso”, expresa Ali Daniels.
El director de Acceso a la Justicia refiere que en el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se registra el caso de un muchacho que fue violado, en un centro de detención en Maracaibo (Zulia) durante las manifestaciones. Añade que en ese acto de violación estuvieron presentes varios policías y un supervisor.
“Pero, cuando se hizo la imputación, se hizo solo a los policías. Al supervisor se le sacó. No estamos hablando ni siquiera de un mando medio. Estamos hablando de un mando bajo. En este caso, la regla de impunidad a la jerarquía se constató”, indica Alí Daniels.
Añade que los funcionarios tienen responsabilidad de vigilar. Esto significa que, tras nombrar a personas para determinados cargos, estas personas están bajo la responsabilidad del superior, quien debe responder en caso de que esas personas actuaron indebidamente. “Esto debe darse, sobre todo, cuando no se trata de un acto de tortura aislado. Sino que estamos hablando de patrones de tortura”, subraya Daniels.
Destaca que, como se refiere en la investigación de TalCual, hay denuncias de torturas en las mismas instalaciones donde funcionan organismos militares o policiales. De allí que para Alí Daniels, resulta extraño que todo el mundo se enteró, por ejemplo, de la violación del joven en Maracaibo, menos el superior de los victimarios: “Estamos hablando, presumiendo, que el superior no sabe. Que sí creemos, que sí sabe”.
Daniels puntualiza que aún en el supuesto de que un superior no esté al tanto de los actos de tortura, debe velar porque no se violen los derechos humanos.
“El hecho de que estas personas, bajo el mando de estos individuos, hayan cometido esas atrocidades, no solamente no los hace responsables por negligencia. Los hace responsables por complicidad. Porque una vez hecha la denuncia, ellos tenían que haber hecho las averiguaciones internas, tenían que haber hecho procedimientos disciplinarios. Tenían que haberle pedido al Ministerio Publico que interviniera en el caso que se haya cometido delito”, subraya.
Quién manda
Las denuncias sobre casos de tortura, según Provea fueron 574 en 2019, son hechas por las víctimas, quienes ponen en evidencian a los cómplices.
“Los jefes nunca dicen a los subalternos que se les pasó la mano, que sus acciones son intolerables y hay que sancionarlos”, acota Alí Daniels. En ese sentido, señala, hay mucho de omisión, complicidad y permisividad.
Por su parte, el director de Monitor de Derechos Humanos, Fernando Fernández, afirma que ni en la legislación, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina criolla hay un planteamiento sobre el control de la organización, como lo cubre el derecho penal internacional y lo juzga la Corte Penal Internacional.
“El control de la organización tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con quien está al mando. Y si conjugo los verbos que tiene que conjugar todo jerarca militar y policial, e inclusive jerarca político, que no es policía, pero es el que manda y el que ordena hacer las cosas, tenemos los verbos educar, prevenir, reprimir y denunciar”, señala Fernando Fernández.
El abogado explica que, en el caso de educar, es importante que la gente sepa que los actos de tortura no se hacen. Acota que la revisión de los pensum de estudios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y de la Academia Militar revela que no aparece el término Protocolo de Estambul, tal como también se refiere en la investigación de TalCual.
“ Vemos una carencia enorme porque el Protocolo de Estambul es justamente ese instrumento de tipo técnico que permite ubicar cuando un caso es una tortura o cuando se trata de una posible lesión legítima. Una lesión legítima es aquella que ocurre cuando hay, por ejemplo, un intento de fuga o una violencia o un ataque de violencia de parte de una persona que se va a detener o que está detenida. Entonces para someterlo, para controlarlo hay un forcejeo. Esa es una cosa que suelen argüir como excusa los policías y algunos militares, que tuvieron que defenderse”, expresa Fernando Fernández.
El director del Monitor de los Derechos Humanos, señala que la prevención tiene relación directa con la advertencia, el recordatorio y el seguimiento. Añade que es lo que se conoce como debida diligencia y corresponden a los jefes advertir de forma permanente a los subordinados sobre la tortura.
“Por último, está la represión y la denuncia. Tienes que sancionar, castigar a esta persona porque desobedeció la orden que tú le diste de no hacer y no practicar la tortura, porque no aplicó lo que tú le enseñaste en la escuela militar y en la escuela policial y así sucesivamente”, enfatiza Fernández.
En ese sentido, expresa que, de no darse la represión, la denuncia representa la forma en que el superior jerárquico puede librarse de una responsabilidad.
Tortura con impunidad
El director de Acceso a la Justicia destaca que, en Venezuela, la impunidad es la norma. Señala que en el informe que el gobierno de Nicolás Maduro hizo en respuesta a la Misión de Determinación de Hechos, se refieren más de 3300 casos de ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
FAES. Foto: Efecto Cocuyo
“Antes de eso, el gobierno de Maduro pone los casos en los que la Fiscalía ha actuado. De esos 3300 casos, que son más, hay solo 63 condenas. Es decir, eso no llega al 1%. Hay ciento y tantas imputaciones. Las condenas dependen del Juez, pero las imputaciones dependen exclusivamente del Ministerio Público. Entonces, eso te demuestra que la impunidad por parte de las propias autoridades que están llamadas a sancionar a estas personas, es prácticamente total. Estamos hablando de que es más del 90%”, subraya Alí Daniels.
El abogado acota que en los informes oficiales nunca se incluyen números solo sobre la tortura, esto obedece a que mezclan estos casos con otros.
“No les interesa. Para el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo tan mediático, tan delicado, tan grave, la imputación no fue por tortura. Lo mataron golpeándolo, y la imputación no fue por tortura. Esto pone en evidencia que los casos que habrá de tortura serán residuales y que efectivamente no representan la realidad de lo que ocurre dentro de los calabozos”, asevera.
El director de Acceso a la Justicia enfatiza que el caso del capitán Acosta Arévalo reventó la burbuja de violencia en torno a la tortura en Venezuela. Destaca que la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU registró que hay seis sitios para la desaparición forzosa y la tortura de desaparecidos.
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“Uno de estos sitios está plenamente identificado y es en La Mariposa, donde, por cierto, el Fiscal General no ha hecho ninguna actividad. Si alguien le dice, mira ahí se tortura, lo menos que haría un funcionario medianamente decente es ir y tomar muestras a ver si hay pruebas de que ahí hubo sangre o algún tipo de residuo que pudiese probar que ahí se cometieron algún tipo de acto delictivo pero el Fiscal Tarek William Saab sobre eso no ha hecho nada”, advierte.
Detenciones arbitrarias
El gobierno de Maduro enarbola la bandera de la Ley contra la Tortura. Pero, para Fernando Fernández, esto forma parte de lo que llama el «manoseo de los derecchos humanos«. Afirma que la Constitución de 1999 es muy buena sobre la materia y Venezuela suscribió todos los tratados de derechos humanos.
«Entonces, quedan como una fachada. Es peor cuando no se firman los tratados, porque entonces no tienen nada que reclamar. No tienen un ordenamiento jurídico positivo. Pero teniéndolo lo utilizan como propaganda diciendo: ‘Nosotros somos cumplidores de tal cosa porque proclamamos tal ley. Pero tal ley no se la aplican a los que obviamente han realizado estos actos. De ahí vamos a tener un segundo problema, es que esa ley se limita a los actores directos, que son el último eslabón: El soldado raso, el policía raso, el que cumple la orden», puntualiza.
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Un aspecto importante es que las detenciones arbitrarias cada vez más frecuentes en Venezuela son un terreno fértil para los casos de tortura, tratos crueles e inhumanos que se denuncian en Venezuela.
Sobre esto, Fernando Fernández refiere que la tortura se infringe a personas que están bajo cautiverio, con el objetivo de obtener confesiones o información, confesiones mediante las cuales el torturado tendría que reconocer que él fue quien hizo aquello por lo cual lo están investigando o información para que delate a terceros.
«Las detenciones arbitrarias contra quienes se atreven a cuestionar la gestión de gobierno han pasado de ser excepcionales a ser cotidianas. Y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos no solo se han incrementado, sino aumentado en crueldad. No son hechos aislados. Corresponden a una política que ya no solo es de gobierno sino de Estado, pues cuenta con la tolerancia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Se han configurado una serie de patrones represivos que se afianzan y producen cada vez más víctimas», registra el libro «Todo enemigo se presume culpable», escrito por Fernando Fernández, en 2019, y patrocinado por Provea.
En esa investigación, se refieren los riesgos y daños físicos derivados de las detenciones arbitrarias, entre los que se encuentran la tortura y tratos crueles o degradantes, además del riesgo de sufrir agresiones mortales, violaciones, lesiones o desnutrición. En 2015, se contabilizaron 17 muertos por violencia o desnutrición.
El abogado Fernández enfatiza que la tortura es multidimensional y que, en los casos denunciados en Venezuela, también se habla de «tortura blanca», como la narrada por el joven Gabriel Vallés, quien estuvo recluido en «La Tumba» del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Plaza Venezuela.
«La obediencia ciega ocurre cuando de manera manifiesta se acata y se cumple con una orden o con un mandato, que puede ser expreso o puede ser implícito. «Es expreso cuando tienes la orden: ‘Cáele a palos’. Y es implícito cuando ese es el contexto tolerado culturalmente como un patrón, porque todo el mundo lo hace. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y la iniciativa viene entonces en la creatividad. En la creatividad de ponerse a inventar nuevas modalidades», explica Fernando Fernández.
Agrega que esa creatividad está clara en el caso de «La Tumba», donde la tortura denunciada ha sido con frío. Señala que esta modalidad de tortura no se había registrado en Venezuela y que la investigación que antecede a la de «La república que tortura» , y al trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG, la publicó José Agustín Catalá, en el libro «Los archivos del terror», tras hurgar en las fichas de la Seguridad Nacional (SN) de los tiempos del general Marcos Pérez Jiménez.
«La creatividad de aquel entonces era el famoso rin, donde colocaban de pie. Un rin de cauchos que se utilizan en los vehículos, en los carros. Ahí ponían descalza a la gente y sobre los bordes que son cortantes. Es dolorosísimo porque afecta la planta del pie«, refiere.
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