Un acuerdo para permitir que la agencia de alimentos de las Naciones Unidas lleve ayuda a Venezuela, hogar de una de las peores crisis de hambre del mundo, está estancado mientras Nicolás Maduro insiste en controlar la distribución, según personas familiarizadas con el asunto.
Por: Bloomberg
El acuerdo, negociado durante ocho meses, permitiría al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y a grupos de ayuda internacional llevar alimentos al país, donde una de cada tres personas estaba desnutrida incluso antes de la pandemia Covid-19 de este año, el aumento de las sanciones estadounidenses y la escasez de combustible.
Los negociadores llegaron a un acuerdo tentativo con el régimen hace unos dos meses, según tres personas con conocimiento directo de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas sobre conversaciones privadas. Pero Maduro no firmará. Lo que está en juego, dicen, es el control de la ayuda: el PMA requiere una distribución neutral y apolítica, mientras que Maduro quiere que se canalice a través de las redes que controla, incluida una para entregar cajas de alimentos a los pobres, ampliamente vista como un medio para garantizar la lealtad al chavismo.
También quiere que sus milicianos participen en la distribución, mientras que el PMA sostiene que solo pueden participar en la seguridad, no en la adquisición y entrega, según una de las personas.
Jorge Arreaza, hablando al margen de una conferencia de prensa en Caracas esta semana, dijo que las negociaciones continúan y el desacuerdo es por las condiciones del PMA que “no reconocen la soberanía de Venezuela”. Un líder político estima que Maduro puede resistir hasta que el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, asuma el cargo el próximo mes para usar el acuerdo como palanca para reducir las sanciones.“Hemos discutido con Maduro el camino a seguir para brindar asistencia a quienes padecen inseguridad alimentaria en el país”, dijo el PMA en un correo electrónico respondiendo preguntas a Bloomberg. El “proceso aún está en curso”, dijo la agencia, y agregó que está guiado por principios de “humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.
El Palacio de Miraflores no respondió a una solicitud de comentarios.
No está claro si se puede resucitar el trato. Su colapso es otro golpe al intento de la comunidad internacional de responder a la crisis humanitaria del país. El número de personas desnutridas se triplicó a 9 millones entre 2017 y 2019. En los últimos años, unos 5 millones de venezolanos han emigrado.
El declive en Venezuela no tiene precedentes. Con reservas de petróleo mayores que las de Arabia Saudita, se encontraba entre las dos docenas de países más ricos del mundo a fines de la década de 1970. La mala gestión ha provocado una catástrofe comparable a la que está ocurriendo en el Yemen devastado por la guerra.
Maduro impuso límites a las organizaciones no gubernamentales y amenazó con cerrar aquellas que reciben financiamiento del exterior, alegando que conspiran contra su régimen.
Dos grupos de ayuda que trabajan en la distribución de alimentos, Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, que brindan comida a más de 25.000 personas, han sido hostigados, sus cuentas bancarias congeladas y sus oficinas allanadas. La Asamblea Nacional impuesta por el régimen y controlada por el Partido Socialista de Maduro, está considerando una ley para limitar las actividades de aquellos que reciben fondos estadounidenses.
Las esperanzas eran altas hace un año cuando Maduro permitió que el PMA realizara una evaluación. Los investigadores se dispersaron por todo el país y produjeron un informe que encontró que más de 2 millones padecían inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones la padecían de forma moderada, casi un tercio de la población.
Hace dos meses, las dos partes llegaron a un acuerdo para la distribución a través de Colombia y planearon comenzarlo ahora, según las personas involucradas en las conversaciones.
Diego Moya-Ocampos, analista de riesgo político de IHS Markit , dijo que Maduro usa la comida como palanca de lealtad. “Es una especie de sistema de chantaje vinculado al patrocinio en los altos niveles del gobierno, que incluyen a las empresas militares y privadas de productos importadores”, dijo.
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