Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y el Gobierno Provisional de la República Bolivariana de Venezuela emitieron un comunicado conjunto este miércoles 2 de diciembre para estrechar aún más sus lazos y reafirmar su condena al régimen chavista de Nicolás Maduro.
A continuación, el texto íntegro:
Nosotros, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, reconocemos la degradación del estado de derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro para detener el narcotráfico y desarraigar los elementos criminales que explotan a todos esquina de Venezuela. Evaluamos que Nicolás Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes.
Con este fin, nuestros dos gobiernos siguen comprometidos con detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos.
1. Subrayando nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU , incluida la Convención de 1961, enmendada, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;El 24 de noviembre de 2020, nos reunimos con países de ideas afines para una reunión de trabajo sobre cómo abordar el crimen transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas facilitadas por la falta de estado de derecho en Venezuela. Tras esta reunión, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Provisional de la República Bolivariana de Venezuela expresaron su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
2. Mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y tendencias e investigaciones sobre lavado de dinero;
3. Proseguir la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa;
4. Continuar con las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras;
5. Suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas basadas en pruebas científicas centradas en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, incluidas las Normas internacionales sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de drogas;
6. Reafirmando las obligaciones anticorrupción asumidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
7. Promover los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados;
8. Prometiendo cooperar contra todas las formas de crimen organizado transnacional y reafirmando nuestros compromisos asumidos bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos relevantes; en particular, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y
9. Reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y tomar las acciones antes mencionadas contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.
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