Informe de la CPI sobre Venezuela: las fuerzas de seguridad de Maduro, las principales acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad

 

El chavismo reprime a diario a la población civil que se manifiesta contra Maduro (Reuters)

La Corte Penal Internacional (CPI) informó este lunes que, tras el examen preliminar abierto en 2018 por el caso de Venezuela, hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017” la dictadura de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.

El informe del organismo internacional apunta directamente contra las fuerzas de seguridad del régimen chavista, como “presuntamente responsables por la comisión material de los presuntos crímenes”, y contra “individuos a favor del Gobierno” que participaron en la represión de opositores.

Entre las fuerzas de seguridad chavistas señaladas por la CPI se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), “y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Respecto a la persecución de opositores por parte de funcionarios chavistas, el reporte de la Corte Penal sostiene que en algunos casos éstos actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

La CPI indicó que funcionarios chavistas persiguieron a opositores con la colaboración de las fuerzas de seguridad del régimen

“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”, señala el informe.

La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre las innumerables denuncias contra la dictadura de Maduro, luego de que recibiera una remisión por parte de un grupo de países que forman parte del Estatuto, como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. “Los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.

La CPI también tuvo en cuenta diversos informes de organismos internacionales, como el recientemente elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA): “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

El nuevo reporte de la OEA sobre la crisis humanitaria en Venezuela arrojó estremecedoras cifras sobre los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Entre ellos sobresalen las más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas desde 2014, así como más de 15.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura. No obstante, aseguran que esta última cifra es probablemente mayor “ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas” de este tipo de tratos.

La fiscal Fatou Bensouda recibió al fiscal general de la dictadura venezolana, Tarek William Saab

El informe, de 153 páginas, urge a tomar acciones internacionales contra la dictadura chavista y critica lo que considera la inacción de la Corte Penal Internacional con respecto a las denuncias elevadas contra la dictadura chavista.

La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, indicó en su reporte que está en pleno contacto con las autoridades venezolanas, a quienes en varias oportunidades ha realizado preguntas sobre diferentes procesos, y ha solicitado documentación y pruebas.

En una decisión que generó polémica, el pasado 4 de noviembre de este año, la fiscal Fatou Bensouda recibió a una delegación de la dictadura compuesta por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. En la cita, la fiscal ya había informado a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

“La reunión brindó una oportunidad para intercambiar con la delegación sobre una serie de aspectos relativos al proceso de examen preliminar y procuró recabar información sobre los procedimientos nacionales relevantes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. La delegación de Venezuela aseguró tener voluntad de cooperar con el trabajo de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma”, indicó al respecto la fiscalía.

La oficina de Michelle Bachelet denunció violaciones a los derechos humanos en Venezuela en su informe de 2019 (REUTERS/Denis Balibouse)

Más denuncias contra Maduro y su régimen

El contundente informe de la CPI se suma al ya publicado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En línea con lo expresado por la CPI, la oficina de la ex presidenta de Chile también incluyó las denuncias de tortura en su reporte de mediados de 2019: “En la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

Hasta la fecha, la alta comisionado ha ido presentado actualizaciones periódicas de su informe. El pasado mes de julio Bachelet presentó un nuevo reporte sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en el que documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas de la dictadura chavista. “Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó.

La ex presidenta chilena incluso instó al régimen de Maduro a disolver las FAES, uno de los brazos armados de la dictadura. Sin embargo, el chavismo hizo caso omiso a los reclamos.

El informe de la CPI

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