A partir del lunes 1° de febrero, la AN comenzará escoger los nombres que conformarán el Comité de Postulaciones Electorales, que tendrá la responsabilidad de designar a la nueva directiva del Poder Electoral. Del desempeño de esta instancia dependerá si el nuevo CNE podrá brindar confianza a los electores sobre los procesos que se avecinan
Este 31 de enero se cierra el lapso para la inscripción de aspirantes de la sociedad civil a integrar el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), y del total de personas que hayan presentado los recaudos correspondientes, el comité preliminar de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro deberá escoger 10 nombres, que someterá a consideración de la plenaria del Parlamento.
Una vez sean ratificados por dos tercios de los diputados a la AN, estos hombres y mujeres se unirán a los 11 parlamentarios del comité preliminar. Juntos tienen la tarea de escoger a los nuevos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral para un período de siete años, siendo el primer compromiso las elecciones de gobernadores, pautadas para este 2021.
Será la primera vez desde 2006 (precisamente cuando el chavismo tenía una amplia mayoría en el Poder Legislativo debido a que la oposición no acudió a las elecciones de diputados) que el Parlamento escogerá las nuevas autoridades electorales. Desde entonces, la directiva del máximo ente comicial ha sido escogida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la omisión legislativa producto de la falta de acuerdo en el seno del Poder Legislativo.
Aunque con la AN de abrumadora mayoría oficialista parece iluso esperar que se elija un CNE independiente, el CPE tiene el reto de abrir el camino a un organismo no partidista, para así intentar rescatar la credibilidad en el voto y de ahí, la legitimidad de los cargos a elegir.
Un proceso de más de dos meses
La Comisión Preliminar abrió el período de inscripciones de representantes de la sociedad civil el pasado 23 de enero, un lapso de ocho días en el que ya la cantidad de aspirantes supera el centenar, iniciando así un proceso que, según los pasos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), pudiera estarse cumpliendo en dos meses y medio, por lo que muy posiblemente será a mediados de abril que la AN juramente a las nuevas autoridades electorales. Los siguientes son los pasos del proceso.
Búsqueda de legitimidad
El exalcalde metropolitano y exdiputado a la AN Juan Barreto, disidente del PSUV, expresó que uno de los graves problemas del país es la partidización y el sesgo que han tenido todas las instituciones del Estado.
Al ser entrevistado por la emisora Unión Radio, Barreto recordó que cuando se nombró al actual CNE (con miras a las elecciones parlamentarias) existían unas expectativas de cambio, pero la actuación de los nuevos rectores, a su juicio, dejó mucho que pensar.
“La mesa de diálogo (mesita) arrojó un conjunto de acuerdos (para las elecciones) donde se restringía el uso de los llamados ‘puntos rojos’ (instalaciones de chavistas en zonas cercanas a centros de votación), se habló que no se utilizaría la Reserva y la Fuerza Armada Nacional para proselitismo político, y resulta que uno veía las veía movilizando electorales, lo mismo ocurrió con el ventajismo, el gasto electoral; se dijo que el CNE iba a financiar a partidos y candidatos y que no podían hacer un gasto mayor a lo asignado por el CNE y el derroche de algunos sectores con dinero y del partido de gobierno utilizando recursos del Estado fue un hecho, así como el uso de medios de comunicación, el peculado de uso y el CNE se hizo de la vista gorda”, detalló el dirigente.
Añadió que en esos comicios no se respetó la proporcionalidad de los diputados a elegir, y tampoco con el acuerdo también de hacer auditorías del 100% de los votos físicos.
“La AN debe ser humilde, todo el mundo salió muy mal votado (en las parlamentarias), la AN sale agotada con muy poca legitimidad por la participación ciudadana y le toca tratar de recuperar lo que le falta de legitimidad y que logre el reconocimiento”, apuntó Barreto, quien manifestó que espera que el PSUV y la oposición logren que se abra el debate nacional y consigan que el CNE represente a la sociedad toda para que los ciudadanos tengan confianza.
Riesgos de partidización
El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Carlos Medina, aseguró a TalCual que, tal como ocurrió en 2006, una vez más se corre el riesgo de que los rectores escogidos por la AN no respondan a los criterios de imparcialidad exigidos por la LOPE.
“Este procedimiento de designación, además de cumplir con las formas, debe cumplir con el fondo; lo que requiere es un árbitro que sea efectivamente imparcial, que sea y lo parezca, de manera que pueda ganarse la confianza de los distintos actores para participar en las elecciones”, advirtió Medina.
Al argumentar que existen riesgos muy altos para que no se cumpla con estos preceptos, explicó que, como la AN tiene una mayoría abrumadora oficialista, es muy posible que eso haga que las fuerzas políticas no tengan el contrapeso necesario para que se haga como se debe.
“Tendría que haber mucha voluntad política para reconocer los distintos perfiles y procurar nombrar un CNE imparcial, pero dado el contexto en el que estamos, el riesgo de inclinar la balanza hacia un lado es muy alto”, sostuvo Medina.
Sobre las consecuencias de que no se cuente con un CNE imparcial, Carlos Medina indicó que esto va a dificultar el proceso de convocatoria, debido a que no se recuperará la confianza en el árbitro electoral. Sin embargo, aseguró que esto no será definitorio para los niveles de participación de electores.
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“Todo va a depender de la estrategia que decidan los actores políticos para llamar a sus seguidores, con distintas agendas. Participar o no será una decisión que tienen que tomar y, de acudir a la contienda, deberán presionar para que esas condiciones electorales sean las mejores posibles y les permita poner en marcha sus propuestas al país”, detalló.
Señaló que también al chavismo le conviene escoger unas autoridades electorales lo menos comprometidas políticamente con el gobierno. “Lograr el reconocimiento de los resultados de las elecciones también es de interés para el sector oficial. Hemos tenido ocasiones en elecciones anteriores, donde no se han dado condiciones para calificar las elecciones como claramente limpias, y si no se dan esas condiciones lo que termina ocurriendo es que se pierde la oportunidad de aprovechar el mecanismo que ofrece el voto para lograr ese reconocimiento que se necesita para ejercer el poder”, explicó.
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