Para la oposición, la emisión de los bonos Pdvsa 2020 es fraudulenta ya que el gobierno de Maduro ofreció como colateral acciones de PDV Holding (PVH), cuya única propiedad es Citgo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional
El gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recibió un revés por parte de la Corte de Nueva York, después de que determinaran que los bonos 2020 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), emitidos por Nicolás Maduro, son «válidos y exigibles», una decisión que podrían apelar.
En un comunicado la vocería del gobierno interino manifestó que la junta administradora ad hoc de Pdvsa, designada por Guaidó, considerará todas las opciones legales que puedan aplicarse, entre ellas, una apelación para proteger los activos de la estatal debido a que consideran la decisión «injusta».
«Desde el gobierno legítimo apoyamos al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación», destacan.
A los ojos del equipo legal de Guaidó que representa los intereses de Pdvsa en el extranjero, la emisión de los bonos Pdvsa 2020 es fraudulenta ya que el gobierno de Maduro ofreció como colateral acciones de PDV Holding (PVH), cuya única propiedad es Citgo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, que legalmente debe autorizar este tipo de acuerdos.
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Explican que introdujeron una demanda de nulidad contra estos bonos ante la Corte de Distrito de Nueva York, ya que determinaron que era la única opción de Pdvsa para proteger los activos de Citgo, debido a que las negociaciones con los tenedores fracasaron antes del vencimiento de la cuota del bono principal y sus intereses, lo que habría representado una pérdida de 1.000 millones para las arcas del país, tan solo en deuda.
Sin embargo, recuerdan que aún con la decisión de la corte neoyorquina, los activos de Citgo se encuentran bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, como lo dicta una Orden Ejecutiva de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, con vigencia hasta enero de 2021, «otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de Citgo», remarcan.
Finalmente, resaltan que la administración de Guaidó no tiene intenciones de repudiar la deuda ni las reclamaciones en contra del Estado, pues la intención es que Venezuela pueda cumplir con sus obligaciones, siempre y cuando hayan sido legítimamente contraídas con aval de la Asamblea Nacional. Para determinar cuáles son legales, debe haber una evaluación y reestructuración de la deuda u otras obligaciones contraídas.
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