El conflicto judicial inició en 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó expropiaciones inmediatas de las haciendas Agroflora, filial de la empresa británica Vestey, por un valor estimado de $98 millones, lo que generó la deuda que ahora debe pagar el país
La Procuraduría Especial de la República, designada por Juan Guaidó, llevó a cabo un proceso de negociación con la empresa británica Vestey para aplazar por 18 meses el pago de una deuda superior a $100 millones que debe Venezuela como compensación por expropiaciones de varias de sus haciendas, efectuada durante el gobierno de Hugo Chávez.
El acuerdo fue alcanzado entre la procuraduría y Vestey tras un extenso proceso en tribunales, que culminó con el dictamen del juez del Distrito de Columbia en Estados Unidos, Thomas Hogan, emitido el 19 de enero de 2021.
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