El artículo 174 de la Constitución es claro con respecto a la duración de los cargos del poder público municipal (cuatro años para alcaldes y concejales), pero Nicolás Maduro insiste en que los comicios se harán en 2022. Mientras, algunos alcaldes se preparan para la reelección y reiteran que se debe aprovechar el escenario electoral
Desde diciembre de 2020 Nicolás Maduro viene asomando las fechas de las elecciones para cargos del poder público estadal (gobernadores y consejos legislativos) y municipal (alcaldes y concejales). En una alocución desde Miraflores el 7 de diciembre, apenas un día después de los cuestionados comicios parlamentarios, fijó dentro del cronograma electoral que la elección de alcaldes se realizará en 2022.
El gobernante insistió en 2022 como fecha para los comicios de alcaldes durante la presentación de su Memoria y Cuenta, aunque la Constitución establece en su artículo 174 que los cargos del poder público municipal tendrán una duración de cuatro años, ratificado en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que agrega: “La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del poder público nacional”.
Los actuales 335 alcaldes fueron electos en diciembre de 2017, por lo que su período constitucional termina en diciembre de este año, recuerda la asociación civil Súmate, que además refiere que debido a esto las elecciones municipales deberían convocarse a más tardar en junio.
Súmate también resalta, en respuesta a algunas propuestas de mega elecciones este año, que los comicios regionales deben hacerse de forma separada de las elecciones municipales “porque además de ser dos niveles o ámbitos diferentes de poderes públicos, exige un mayor esfuerzo de información a los electores sobre las particularidades de cada tipo de comicios, entre ellas los contendientes y el procedimiento para la emisión del voto, procesos que son más complejos y difíciles, en los que se deben utilizar boletas electrónicas diferentes para cada tipo de elección”.
Además, la organización refiere que generalmente las regionales causan impacto en la decisión de los electores al momento de escoger a sus representantes municipales, basándose en la gestión de gobernadores de la misma tendencia política. “Los electores se pudieran inclinar debido a la complejidad y dificultad de la votación a emitir el llamado ‘voto por todos’ en las boletas electorales; con lo cual se induciría a afectar el principio constitucional de la ‘personalización del voto’ establecido en los artículos 63 y 293 de la Constitución”.
Otras elecciones pendientes son las de 1.146 juntas parroquiales existentes en el país, que se realizaban con las de gobernadores y alcaldes. En 2005 se realizaron por primera vez separadas de estos comicios, y desde ese entonces el CNE no ha hecho una nueva convocatoria.
Alcaldes respaldan participación
Mientras la oposición mayoritaria aún no decide sobre su participación en las elecciones municipales o regionales, los alcaldes opositores electos en 2017 respaldan el llamado a participar en estos comicios bajo la premisa de no perder espacios conquistados al chavismo y seguir procurando cierta calidad de vida a sus habitantes.
El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, reitera que el periodo constitucional de los alcaldes es de cuatro años, por lo que “considero que lo correcto es que las elecciones de alcalde se realicen este año. Extenderlo hasta el 2022 es una decisión que no apoyamos”.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela, que reúne a las 29 autoridades municipales de oposición electas en 2017, se han reunido y discutido la situación electoral de este año, confirman González y José ‘Josy’ Fernández, alcalde del municipio Los Salias, también del estado Miranda.
“Estamos buscando formas de organizar y articular a la sociedad civil en pro del objetivo de defender a nuestros municipios y el bienestar de cada habitante. Pronto daremos más información acerca de las propuestas y acciones que llevaremos a cabo en conjunto para lograrlo”, dice González.
El alcalde de Los Salias agrega que fue un acierto no haber “entregado” sus municipios hace cuatro años. “No puede ser que por dos o tres personas que perdieron la gobernación, y con razón estaban molestos porque se movieron los electores de los centros de votación una semana antes y todo lo que sabemos que pasó, pero eso no debió haber influido en las elecciones municipales porque tenemos municipios que se perdieron que están destruidos, abandonados, llenos de economía informal, llenos de invasores e inseguridad y eran municipios ejemplo antes de que eso sucediera”.
Fernández aboga porque las elecciones se realicen en 2021, “ya sea en mega elecciones o como se realizaron hace cuatro años, de forma independiente las elecciones de gobernadores a las elecciones municipales, pero lógicamente nuestro periodo termina en diciembre y por tanto deberían realizarse ese mes. Obviamente el gobierno hace lo que le conviene y están midiendo los tiempos, la lógica no va a prelar ahí”.
Mientras Josy Fernández no piensa en la reelección debido al tiempo que ha cumplido como funcionario público (dos veces reelecto como alcalde de Los Salias y 20 años como concejal de esa jurisdicción), el alcalde de Baruta dice que su compromiso de defender los espacios para “garantizar condiciones de vida dignas a cada vecino” está “más vigente que nunca”.
Comicios y condiciones
La Asociación Civil Súmate señala que para la realización de las próximas elecciones en el país, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia se deben comprometer a restablecer garantías constitucionales que, a su juicio, fueron violadas en los comicios parlamentarios de 2020, así como en las presidenciales de mayo de 2018.
Y es que Súmate alega que ninguno de estos procesos electorales fueron “competitivos, libres ni transparentes”. Con ello, coincide con parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y su Parlamento, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y decenas de países que señalan al régimen de Nicolás Maduro de organizar unos comicios que irrespetaron la voluntad ciudadana y favorecieron directamente su opción política para represar aún más poder.
Súmate ha organizado las exigencias que deberían cumplir los próximos procesos electorales convocados en el país en cuatro apartados:
- Designar el directorio del CNE ajustado con el procedimiento establecido en la Constitución de la República (artículos 295 y 296) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (artículos 8, 9, 17 al 30), con el fin de dar cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad, entre ellos que sus integrantes no sean militantes de organizaciones con fines políticas ni tengan vinculación y relación de supeditación con representantes del poder político, para garantizar que sean imparciales e independientes tanto en su origen como en las actuaciones de su desempeño.
- Restituir el derecho constitucional al voto directo de la población indígena (artículo 63), violentado en el Reglamento especial para regular la elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020.
- Revertir la destitución realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las direcciones de cinco partidos políticos nacionales, tres de ellos de la oposición (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular) y dos de la disidencia del oficialismo (Patria Para Todos y Partido Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada), así como cesar en la intimidación y persecución a otros actores políticos que se niegan a formar parte de la alianza de partidos oficialistas liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
- Asegurar el cumplimento de todas las demás garantías constitucionales y legales en la organización de las elecciones regionales y municipales de este año 2021, que permitan restablecer la confianza del voto como mecanismo de cambio. Además, el respeto a los principios básicos de justicia, transparencia y libertad que deben tener los procesos electorales de acuerdo con los parámetros de integridad electoral internacional.
Pero los alcaldes de oposición, a pesar de que aceptan que deberían haber garantías para cualquier proceso electoral que se realice en Venezuela, alegan por la participación como método para no abandonar sus municipios.
“En el año 2017 afirmamos que la única forma de defender nuestros municipios era participando en los comicios electorales, y cumplimos la meta. En el actual contexto, reafirmamos ese compromiso, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones de forma justa y transparente”, afirma Darwin González.
El alcalde de Baruta señala que con apoyo de la sociedad civil y observación de organismos internacionales se comprometen “a luchar y exigir esas condiciones electorales que en estos momentos no existen”.
Mientras que Josy Fernández asegura que será muy difícil salir de Maduro mientras los partidos políticos de oposición “internamente estén llenos de facturas y de odio (…) Ojalá y todos recapaciten y reflexionen, dejémonos ya de palabritas y sobrenombres. Que haya unidad y el sentimiento sea Venezuela, y no que el sentimiento sean aspiraciones individuales”.
También cuestiona a aquellos sectores que no ofrecen propuestas más allá de no participar en las elecciones: “Yo me pregunto es ¿Qué viene después? Ya tenemos años escuchando ese discurso y con que continúe el discurso vamos a seguir muchos años igual. No participamos, ¿Cuál es la solución a eso? Entregamos todos los municipios y que acaben con Venezuela. Que me digan qué vamos a hacer y cómo y les apoyo. ¿Seguimos esperando invasiones? ¿Seguimos esperando qué? Lamentablemente hoy tenemos un país destruido por este gobierno irresponsable y creo también que por 20 años
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