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Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.
Cuentas bancarias con decenas de millones de dólares y euros mantenidas en entidades financieras en tres continentes, y controladas por un grupo de importantes políticos de alto nivel en Chile, en su mayoría miembros de partidos de izquierda, mantienen conexiones con entidades bancarias dentro del sistema financiero de Estados Unidos, de acuerdo a documentos.
Algunas de las cuentas mantienen relación directa con redes criminales bajo investigación criminal por parte de la justicia norteamericana. Otras podrían estar en violación de regulaciones y estatutos legales que rigen transacciones financieras que conectan con bancos e instituciones financieras de Estados Unidos.
Las cuentas mantienen en su conjunto fondos cercanos a los 100 millones de dólares, tanto en dólares como en euros. Se encontraban activas al menos durante el ultimo trimestre de 2020, de acuerdo a transacciones confirmadas y revisadas por El Nacional y Primer Informe.
Entre los cuentahabientes y beneficiarios de las cuentas se encuentran, entre otros, personalidades como el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet; Sebastián Dávalos Bachelet; el candidato presidencial Mario Desbordes, considerado un político de derecha y ex ministro de defensa del actual presidente Sebastián Piñera; y el senador izquierdista Alejandro Navarro, que presuntamente mantiene estrechos lazos con el empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de actuar como testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Según los documentos confidenciales, que incluyen números cifrados y poderes firmados por abogados a nombre de los beneficiarios, las cuentas fueron abiertas en algunos casos directamente a nombre de los políticos y, en otros casos, registradas con nombres de empresas en jurisdicciones tan variadas como Luxemburgo, Islas Caimán, Zurich, Nueva York, Nueva Zelanda, Mónaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago, entre otras.
En los documentos aparece cada cuenta junto los datos de al menos una transacción financiera realizada en los últimos tres meses, una forma de confirmación de que las cuentas se mantienen activas.
Al menos 15 de las cuentas fueron abiertas en Estados Unidos o en bancos que mantienen operaciones en el sistema financiero norteamericano, lo cual las convierte en entidades que deben regirse por las leyes estadounidenses.
Todos los políticos incluidos en la lista son calificados como “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) en bases de datos como World-Check o LexisNexis, una categoría establecida por la Ley Patriota de 2001, en su Sección 312, que establece que todas las figuras relevantes a la política en otros países con cuentas en bancos norteamericanos deben ser monitoreados y reportados.
Esta regulación, que se encuentra vigente desde julio de 2002, también exige a toda entidad bancaria de Estados Unidos o que mantiene subsidiarias o sucursales en el sistema financiero norteamericano, a asegurarse que los fondos no fueron obtenidos a través de la corrupción o de cualquier otra forma ilegítima.
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