Desde hace al menos 17 años en el país no existen cifras consolidadas sobre homicidios, muertes por resistencia a la autoridad y los decesos que quedan sin clasificar. Desde el Observatorio Venezolano de Violencia advierten que datos entregados por Tarek William Saab a principios de septiembre poco sirven para conocer la verdadera situación de criminalidad, y mucho menos crear estrategias decentes y efectivas de seguridad ciudadana
El pasado 9 de septiembre, el fiscal general impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) «hasta la fecha» ha procesado 4.633 casos de homicidios, se hicieron 1.291 acusaciones y 1.378 personas recibieron condena por este delito.
Estos datos son aislados. La última vez que el Ministerio Público informó sobre casos de homicidios cuantificados fue en noviembre de 2020, cuando el fiscal Saab dijo que hasta esa fecha se habían procesado 6.361 homicidios, y se presentaron 1.090 acusaciones de las cuales se lograron 273 condenas.
Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), asegura que no se entiende el sustento del dato que da el fiscal. «No resulta comprensible, porque él habla de casos de homicidios que son procesados. El Ministerio Público no tiene la data, acusa y procesa a partir de una información que le llega. Nosotros seguimos manteniendo una censura sobre la información que hay en los archivos y una censura que se mantiene ya por 17 años».
Los datos que él da —prosigue el sociólogo— «no sabemos si se corresponden con los datos que da el Ministerio o con los homicidios que se han procesado del año pasado. Si ese es el caso, estaría anunciado que hay el doble de homicidios».
Esta opacidad en datos también estuvo presente en 2020. Hasta la fecha no se conoce una cifra consolidada de homicidios en el país ni por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz o del Ministerio Público.
Tanto el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana —adscrito al Ministerio de Interior— como la entonces ministra Carmen Meléndez solo informaron a principios de año sobre la reducción de la tasa de homicidios, que se ubicó en 13 por cada 100.000 habitantes.
Su antecesor, Néstor Reverol, aseguró que la disminución de los homicidios en los cuatro últimos años —según cifras de ese Ministerio— se debía a la «aplicación de una política integral (por parte de las autoridades) para resguardar a los ciudadanos».
El OVV hace, en sus informes anuales, una recopilación de todas las muertes violentas, que clasifican en: homicidios, resistencia a la autoridad y muertes de intencionalidad indeterminada o en averiguaciones.
El año pasado, el Observatorio registró 4.153 homicidios, 3.507 muertes que están en averiguaciones y 4.231 fallecidos por resistencia a la autoridad. En total, fueron 11.891 muertes violentas en todo el país, lo que equivale a una tasa de 45,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
«El fiscal solo nos habla de una categoría (homicidios). No sabemos sobre la intencionalidad de la muerte, si hubo actuación policial», recuerda el investigador.
Las cifras sobre acusaciones y condenas en 2021, a juicio de Briceño León, tampoco son comprensibles de manera sencilla. «A menos que en las acusaciones estén hablando de casos y no de individuos, pero no se entiende la manera cómo los clasifica el fiscal. ¿Qué quiero decir con casos?, que las acusaciones incluyen a varios individuos. Sería una posible aplicación, pero jurídicamente no hay sustento, no se puede condenar a más gente de la que acusaste».
Lo que al final muestra todo esto —destaca— «es la poca transparencia que hay sobre todos los datos, el manejo oscuro y voluntarista que se hace de la información y de los números y, en general, la poca seriedad de las autoridades, porque el fiscal, después de dar someramente estos datos, se dedica prácticamente a hacer una crónica de página negra, de parricidios».
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La organización InSight Crime destaca que en 2020, pese a una drástica reducción de los asesinatos en comparación con 2019, hay estados donde el aumento de la violencia es preocupante. Ponen como ejemplo el caso de Bolívar, una región con zonas disputadas por los llamados «sindicatos», la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las fuerzas de seguridad del Estado.
Magally Huggins, psicóloga social y criminóloga, señala que en Venezuela durante 20 años se ha dado una «construcción de la cultura de la violencia, donde el otro solo existe para lograr algo», que se ve reflejado en el accionar de las mismas esferas del Gobierno o el auge de las megabandas y otras estructuras criminales en el país.
Al igual que el director del OVV, tampoco confía en los datos ofrecidos por Tarek William Saab el 9 de septiembre, pues señala que las cifras oficiales en el país están hechas para disminuir la realidad de la problemática. «Esos datos son nuevos, pero no te están diciendo nada sobre estas personas».
En particular, asegura que el fiscal ofrece datos que dejan en evidencia la inacción del Estado para investigar, procesar y sancionar correctamente los delitos. «Si pasan de cuatro mil casos de homicidios y solo hay mil y tantos condenados, hace que uno se pregunte ¿dónde está el resto? Si el fiscal conoció de esos casos, algo deben haber hecho para todos. ¿Dónde están? Esos casos están depositados en los centros de detención preventiva o calabozos, que son las nuevas cárceles del Gobierno nacional».
Recuerda que si el Ministerio Público conoce de un delito, tiene máximo 72 horas para proceder con una imputación y, posteriormente, se inicie el proceso penal correspondiente. «También puede ocurrir que de estos más de cuatro mil homicidios, las personas que recibieron sentencia no se corresponden con ellos. Pueden ser detenidos meses y años atrás, porque aquí a nadie se le juzga en los lapsos de acuerdo a la ley (…) Puedes conseguir detenidos en los calabozos que casi cumplen la condena en estos sitios que están habilitados para cumplir sentencia».
Sin planificación efectiva
En los últimos años, la administración de Maduro ha anunciado diversos planes para atender las cifras de criminalidad —como los Cuadrantes de Paz— o situaciones específicas que involucran el ataque a la población por parte de megabandas, como la «operación Guaicaipuro» desplegada en las zonas de La Vega y la Cota 905.
Un país no tiene manera de planificar si no ofrece datos precisos, y eso es lo que tenemos en Venezuela, asegura Roberto Briceño León. «Por eso ha habido una situación de desorden gigantesco y de violencia. Por eso, por años Venezuela ha aparecido como uno de los tres países más violentos de América Latina, por eso tenemos la tasa de impunidad más alta durante tantos años porque no hay criterios».
Otro de los errores, a juicio del sociólogo, es destinar los cuerpos policiales para proteger al Gobierno y no a los ciudadanos. «Cuando en un país la concepción que hay es de protección al Gobierno, con cuerpos policiales que dedicaron durante años un pie de fuerza altísimo para labores de escolta, el panorama —y lo que siente la población— es la represión en las protestas por agua o luz, o bien sea una protesta política. Lo que no ve la población es que estos cuerpos salgan a defender a los ciudadanos».
Además, destaca que al no existir datos no es posible una planificación adecuada por parte de las autoridades, y mucho menos la cooperación de la ciudadanía, lo que inevitablemente lleva a la impunidad y el aumento del delito.
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«Si hemos tenido una reducción de este tipo de delitos en el país no ha sido por una política planificada del Gobierno o una mejoría del país, al contrario, ha sido por una desmejora, por un empobrecimiento y la destrucción de la economía, por un proceso de migración masiva de venezolanos. Las oportunidades en el país se acabaron y también se acabaron las oportunidades para el delito y el crimen. Solamente se concentran en bandas grandes y poderosas que se han consolidado en este tiempo y las que generan los grandes procesos criminales del país vinculados al oro, tráfico de drogas y armas, extorsión», dice Briceño León.
Para la investigadora Magally Huggins tampoco existe un interés real por parte del Ejecutivo en planificar políticas públicas de atención o seguridad ciudadana. «Tú no puedes diseñar este tipo de políticas como sacar un conejo de la chistera. Lo que hizo el Gobierno con la comisión para acabar con el hacinamiento es una farsa, un chiste de mal gusto, una agresión a las personas detenidas y sus familiares».
«No es una política pública cuando improvisas una acción con un equipo que no necesariamente está formado para eso. Aquí no hay políticas públicas, por eso la salud es un desastre, la educación igual. La política pública exige planificación, metas, diseño, seguimiento, capacitación del equipo que hará el trabajo», asegura la investigadora.
La reforma de las leyes es otro cuento, según los abogados, dice Huggins. «Fue otra cuenta falsa para atender la presión internacional. La tercera etapa en ese chiste era la modificación e intervención de los cuerpos integrantes del Poder Judicial, desde el Tribunal Supremo hasta las policías. Eso es mentira».
Destacó que se debe seguir reclamando y presionando para que «el Gobierno haga algo», pero advierte que no será una política pública sino una intervención puntual. «Cuando haces una intervención se recicla. ¿Qué hizo ‘el Koki’? Se fue, pero ya está presionado para que desocupen su territorio”.
¿Muertes accidentales u homicidios?
Una de las grandes falencias del Gobierno venezolano es la falta de cifras diferenciadas en cuanto a criminalidad. La criminóloga Magally Huggins asegura que de la administración Maduro nunca se podrá obtener este tipo de data que permita poner en marcha una verdadera política pública de seguridad ciudadana.
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«Toda esa data que están dando es una respuesta a los informes de Bachelet, la Misión de Determinación y la amenaza de la Corte Penal Internacional. Están mostrando que se portan bien al decir el número de detenidos y sancionados por delitos, pero nunca van a decir cuántos son hombres o mujeres. No les interesa», afirma la investigadora.
Además, señala que dentro de los datos de homicidios también están encubiertos los feminicidios. «Por eso la exigencia a la estadística nacional es que se informe. Para eso estaba el Instituto Nacional de Estadística, sería bueno ver qué datos tienen. La única información desagregada por sexo es la que elaboran las ONG, donde se muestra el dato de las mujeres afectadas».
Huggins dice que no se puede comparar el número de presos o de asesinados, sean hombres o mujeres, porque la incidencia es diferente por las pautas culturales. «Los hombres mueren más por violencia, porque la violencia es un ejercicio típico del entrenamiento y socialización de la masculinidad. Ellos matan y ellos mueren. Es probable entonces que se guarde una relación similar a la que sucede con presos: 8% mujeres y 92% hombres».
Pero eso no devalúa el dato, afirma la investigadora. «Venezuela tiene el índice más alto de femicidios en Latinoamérica. Eso es grave».
Las afirmaciones de Huggins se demuestran con las cifras de muertes violentas que contabilizó el Observatorio Venezolano de Violencia en 2020. 91% de los asesinados eran hombres, de nacionalidad venezolana y más de la mitad estaba en su edad productiva (entre 18 y 40 años).
Pero dentro de las muertes en averiguaciones, todo queda más difuso, porque no existe una verdadera comprobación de si fue un homicidio o feminicidio. Roberto Briceño León, director del OVV, comenta que en algunos casos hay desapariciones, «por lo tanto no se puede saber el paradero de la personas, pero en otros nunca hay una decisión de que eso fue un homicidio, queda en un limbo y no existe una actuación del Ministerio Público. La consecuencia de ello es un subregistro importante y una manera de ocultar las cifras».
Existe una transformación de la censura, asegura Briceño León. «Durante muchos años, el problema fue que no salían los datos. Ahora no entran los datos en las bases oficiales, Sobre esto último sucede que la gente no denuncia y, además, parece que hay una decisión de orden político de las autoridades de no dejar entrar los casos, es decir, gente que va a presentar una denuncia y no queda el registro».
Históricamente, el 60% de los delitos en el país no son denunciados. «Esta cifra también se refleja en las encuestas del Gobierno. Eso, posiblemente, se ha incrementado de una manera importante por la pandemia, las restricciones y dificultades de la población para movilizarse», señala el director del OVV.
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